Por lo menos una vez cada sexenio la discusión política en México tiende a gravitar hacia uno de los temas fundamentales de la agenda pública: la reforma hacendaria. México es un país con una de las tasas de recaudación más bajas con relación a su producto interno bruto (PIB). Ostenta el nada presumible último lugar en términos de recaudación de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). Asimismo, reincide año con año en uno de los tres últimos lugares de recaudación como proporción del PIB entre los países de América Latina.
Es urgente que el Estado mexicano eleve los montos de recaudación fiscal. No obstante, poco se ha dicho sobre cómo aumentar la recaudación. ¿Quién debe aportar más para cubrir este enorme boquete fiscal? ¿Sobre quién caerá el costo de nuevos impuestos?
El economista estadounidense Michael Hudson propone un ejemplo interesante para entender algunos principios de justicia recaudatoria y política pública. Supongamos que el Estado se propone llevar a cabo un proyecto de infraestructura: una línea de metro, por ejemplo. El propósito de este proyecto es beneficiar a las y los potenciales usuarios con una alternativa de transporte masivo limpia, barata y expedita. Se dice que en ciudades como México, el transporte público se encuentra subsidiado pues sólo se pagan tres pesos para desplazarse a lo largo y ancho de la red del metro. El costo de operación de este sistema podría cubrirse con un cobro aproximado de ocho pesos a la totalidad de los usuarios; por lo que hay quienes abogan por aumentar la tarifa del metro para anular este subsidio. Parten de la premisa que establece que es una injusticia que el resto de los contribuyentes que no usan el metro aporten parte de sus ingresos en impuestos para cubrir este costo, en lugar de los y las usuarias.
Aquí es donde Michael Hudson nos sacude y nos pide que ampliemos nuestra perspectiva con respecto al problema planteado arriba. ¿Son realmente las y los usuarios los principales beneficiarios de una obra de infraestructura de este tipo? ¿Qué hay de todos los propietarios de bienes raíces próximos a las estaciones de metro? La construcción de la línea del metro ha disparado el valor de sus propiedades sin que los mismos hayan movido un dedo. Su riqueza neta ha aumentado sin que hayan aportado a la economía nuevos bienes, servicios o empleos. Es común que antes de que se lleve a cabo un gran proyecto de infraestructura se desate una carrera de especulación inmobiliaria donde grandes capitales procuran obtener la propiedad de todas las zonas circundantes a este proyecto. Ofrecen a los y las antiguas residentes montos elevados por enajenar sus propiedades, con conocimiento de que el valor de las mismas continuará aumentando. Hudson reta a los economistas a hacer un cálculo realista sobre los costos de subsidiar a los usuarios de una obra de transporte masivo y compararlos con las ganancias que reciben los capitales involucrados en la especulación con bienes raíces. Entonces, ¿quiénes se benefician realmente de esta obra pública?
Hudson propone ajustar los cobros de impuesto predial para que el Estado pueda captar una proporción importante de los beneficios generados por la construcción de infraestructura. Establece que el predial debe ser cobrado a partir de un cálculo de los cambios en el valor de la propiedad más que en el valor absoluto prima facie de la misma en la actualidad. Esto es justificable por múltiples consideraciones de carácter cualitativo, entre las cuales destacan la reducción del parque vehicular y la redistribución de riqueza, por medio de obra pública, de los deciles que más riqueza concentran a deciles medios y bajos.
Más allá del ejemplo descrito arriba, la lección a extraer del análisis de Hudson es que en todo gasto público, sea éste un proyecto de infraestructura o programa social, es importante ampliar nuestra perspectiva para poder identificar beneficiarios no previstos de la erogación de recursos públicos. Cuando el gasto beneficia a sectores especulativos, como son el financiero, el de seguros o el de bienes raíces, es importante establecer alguna compensación fiscal que le permita recuperar las ganancias no previstas de la acción del Estado.
Francisco Cravioto
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