Hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer su Programa Sectorial 2013-2018, mismo que aborda la Meta 1 “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo y sus estrategias transversales. Dicho documento establece objetivos, estrategias y acciones que al final deben ser medibles, y para esto se imponen metas e indicadores que se traducen en compromisos —siempre y cuando se les asigne el presupuesto necesario—. Del análisis del programa se pueden inferir dos cuestiones principales: la visión política de la Sedena para este sexenio y las prioridades y metas a cumplir. Así, el Ejército demanda un marco legal que dé certidumbre a las instituciones militares y civiles: una Ley de Seguridad Interior, una de Defensa Nacional y otra más de Inteligencia del Estado mexicano.
En contraposición, cuando se posiciona sobre la jurisdicción castrense, un tema cuya reforma es inminente y continúa pendiente —a pesar de cuatro sentencias de la Corte Interamericana— defiende nuevamente “la disciplina castrense, [como] columna vertebral que entraña valores de un militar desde su formación para que la institución funcione con rectitud, honestidad e integridad”. En un discurso contradictorio, la Sedena asevera que no es ajena a órganos como al Corte Interamericana y la sentencia del caso Radilla, y que “ha participado en esfuerzos interinstitucionales para analizar los alcances de la referida sentencia y definir los términos de la iniciativa de reforma correspondiente”.
Al mismo tiempo y sin ningún pudor, reafirma que “el acotamiento de la jurisdicción militar atenta contra las Fuerzas Armadas, ya que la falta de una disciplina militar sólida, obra en detrimento para el cumplimiento cabal de sus atribuciones legales y restaría operatividad a las mismas”. Este argumento —ya superado en la jurisprudencia nacional e internacional— muestra un desdén por los derechos humanos y por ajustarse a un orden más democrático. Según el Programa Sectorial, el Ejército y Fuerza Aérea mantendrán la “presencia permanente en el territorio nacional, para cumplir las misiones de protección y vigilancia del país”. Asimismo, respecto de la seguridad en las fronteras, pretenden reforzarlas debido a “la vulnerabilidad y porosidad que se presenta, principalmente en la frontera sur”.
Para esos fines, mantendrán un despliegue operativo de 30,000 efectivos de forma permanente y continuarán realizando operativos con cuatro finalidades: reducir la violencia, erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes, intercepción para inhibir el tráfico de armas y todo tipo de drogas, y seguridad en las instalaciones estratégicas que proporcionan el desarrollo y funcionamiento del país. Por otra parte, en el último apartado del referido documento, la Sedena refiere las metas e indicadores —a partir de objetivos propuestos— que darán la pauta para medir el cumplimiento del programa.
Algunos de estos propósitos a ejecutar en el periodo 2013-2018 son: Realizar 467,500 horas de vuelo en operaciones de vigilancia en seis años; 36 operaciones para reducir la violencia (seis por año) de acuerdo a las necesidades de seguridad y de orden interno que impere en el país; y, al menos una operación por año para proteger la frontera sur a fin de mantener el control de mercancías, flujos migratorios, inhibir las actividades de organizaciones criminales y el tráfico de drogas y armas (traducción: se militariza la frontera y se continúa con una política migratoria desde la perspectiva de la seguridad nacional y no desde los derechos humanos y la protección de la persona).
La creación de un Centro de Operaciones en el Ciberespacio con recursos materiales, tecnológicos y humanos (capacitados en aspectos de ciberdefensa para proteger los activos de tecnologías de la información y comunicaciones de la Sedena), la inauguración del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza aérea para desarrollar 151 proyectos de investigación. Fortalecer y renovar las capacidades del Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) mediante la adquisición de tecnología para incrementar de 32% a 72% la cobertura del espacio aéreo del territorio nacional; incrementar la movilidad táctica (en un 20%) mediante la adquisición de 3,067 vehículos terrestres; incrementar la movilidad estratégica de las tropas (en un 50%) mediante la adquisición de 172 aeronaves y tres sistemas aéreos no tripulados; fabricar 121,000 fusiles automáticos FX-05 para reemplazar los existentes y modernizar el 100% del armamento individual; y, alcanzar el 100% del programa de equipamiento para apoyo a población civil que consiste en dos helicópteros, tres cocinas comunitarias, 50 equipos de radio, cinco ambulancias, cuatro excavadoras y cuatro tractocamiones. Esto, en los hechos, indica que el gasto militar se incrementará a fin de cumplir con las metas establecidas. A la par, ninguna de las metas refleja el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos. Si bien se ha referido que no existe claridad en la estrategia de seguridad de la actual administración, desafortunadamente es evidente la apuesta por un país militarizado carente de controles efectivos sobre el Ejército con los ya conocidos impactos negativos en la población.
Por: Jaqueline Sáenz Andujo
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