La autonomía de la Auditoría está en riesgo

La autonomía de la Auditoría está en riesgo

“La ASF es un órgano dependiente de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos federales por cualquier ente público, autónomo o privado”.

En el año 2000, en los albores de la transición democrática, los y las legisladoras crearon la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las instituciones más importantes para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Hoy, 17 años después, la independencia y efectividad de la Auditoría se encuentra en riesgo. Paradójicamente, es el propio Congreso quien amenaza con debilitarla al haber comenzado el proceso de designación del próximo(a) titular de forma cerrada, precipitada, sin participación ciudadana y sin mecanismos claros de evaluación, que aseguren que llegará el mejor perfil.

La ASF es un órgano dependiente de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos federales por cualquier ente público, autónomo o privado. Tiene otra función muy importante: verificar que las políticas y programas públicos cumplan sus objetivos, es decir, evaluar su desempeño. Dado que los recursos públicos son multimillonarios, la ASF fiscaliza sólo una parte proporcional de los mismos. Por ejemplo, en el 2015, la ASF fiscalizó a 1643 entes provenientes de entidades y municipios, poder ejecutivo, órganos autónomos, poder judicial y legislativo.[1]

El trabajo que realiza es altamente especializado y se rige no sólo por la legislación mexicana sino incluso por normas internacionales definidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Otra característica importante del trabajo de la ASF es que tanto en la conducción como en la difusión de los resultados de sus auditorías deben prevalecer criterios de autonomía e independencia. Esto es, la ASF debe llevar a cabo su labor persiguiendo solamente el interés público, sin importar el partido político en turno tanto a nivel federal como estatal o municipal.

El balance de la ASF en estos 17 años es positivo. De 2001 a septiembre de 2017, ha logrado recuperar más de 107 mil millones de pesos, que han sido devueltos al erario.[2] A la vez, al detectar conductas constitutivas de delito, ha interpuesto de 1998 a 2016, 872 denuncias penales.[3] Gracias a su trabajo comprometido y profesional, esta institución también ha evidenciado y denunciado casos paradigmáticos, por ejemplo, irregularidades en el gobierno de Duarte, en la construcción de la Línea 12, El Socavón, etc., incluso antes de que tuvieran un impacto mediático.

La ASF también ha señalado problemas en el desempeño e impacto de programas públicos. Por ejemplo, como resultado de una auditoría al gasto social, la ASF encontró que la pobreza en México había crecido, en vez de disminuir entre 2006 y 2008, como consecuencia de fallas en los programas de combate a la pobreza y por anomalías en la ejecución del gasto. Finalmente, es importante reconocer que la ASF ha creado canales para recibir denuncias ciudadanas y las considera para la planeación de sus auditorías. Asimismo, sus Informes son una fuente primordial para el trabajo que realizan muchas organizaciones sociales y medios de comunicación.

Diversas reformas legales a lo largo de los años han fortalecido y ampliado sus facultades. Hoy en día es una de las piezas clave del naciente Sistema Nacional Anticorrupción y preside el Sistema Nacional de Fiscalización. El problema es que su independencia y eficacia está en riesgo. La Cámara de Diputados, quien designará a su próximo(a) titular, ha comenzado el proceso de designación a puerta cerrada y precipitada, emitiendo una convocatoria que no contempla a) canales para la participación ciudadana, b) un instrumento claro de evaluación de los y las candidatas, y c) mecanismos de rendición de cuentas. Sin estos elementos, no podrá haber una deliberación pública ni podremos conocer los criterios y justificación por los cuales nuestros legisladores y legisladoras eligieron a un candidato o candidata sobre otros. Además, se corre el riesgo de que no se elija a un perfil con conocimientos, experiencia e independencia suficiente.

Dado lo preocupante de esta situación, hace unos días, un grupo de organizaciones enviamos un comunicado a la Comisión de Vigilancia de la ASF para pedir que el proceso de designación se corrija y se incorporen estos elementos. A la vez ratificamos nuestro interés de construir mano del Congreso un proceso de designación a la altura de lo que está en juego, que es la autonomía y eficacia de una de las instituciones de rendición de cuentas más importantes de nuestro país.

Lo que suceda en las próximas semanas nos concierne a todos y todas, pues esta decisión impactará de forma trascendental la vida democrática de nuestro país. Ayúdanos a exigir a los y las legisladoras que haya una #ASFuerte. Desde la página de Designaciones Públicas, puedes seguir este proceso.

  1. Informe General de la Cuenta Pública 2015, Auditoría Superior de la Federación, p. 17.
  2. La cifra exacta de recuperación reportada por la ASF es de 107,770,807.1 miles de pesos y está disponible en éste link.
  3. Aquí pueden consultarse las denuncias penales presentadas por sujeto.

[ Por Janet Oropeza ]

[ Artículo en Sin Embargo ]