La autonomía es la clave para combatir la impunidad

La autonomía es la clave para combatir la impunidad

Uno de los pendientes más grandes de México y que más lastiman a su población, es el combate a la corrupción y la impunidad; nuestro país sigue viéndose afectado por graves violaciones a los derechos humanos, altos índices delictivos y un tejido social roto.

Por ello es fundamental el buen funcionamiento del sistema de justicia en el que se desarrolle una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos entre poderes y, así, se garantice el Estado de derecho. En ese sentido la próxima Fiscalía General de la República (FGR) será un órgano constitucional encargado de la procuración de justicia a través de la investigación y persecución de delitos de orden federal, y en la reciente reforma constitucional al artículo 102, dota de autonomía a la Fiscalía, con lo cual se busca alejar la procuración de justicia de la presión de los poderes políticos.

No obstante, para que dicha autonomía se cristalice en una nueva institución como la Fiscalía, es imprescindible incorporar salvaguardas para que la de FGR no se vea limitada por un titular incompetente que no logre cumplir cabalmente con su mandato.

En este contexto, son pertinentes algunas precisiones, como por ejemplo, que el proceso de selección actual contemplado en el artículo 102 considera que quien ocupe el cargo de Procurador General de la República pasará en automático a ser el primer titular de la Fiscalía por un periodo de nueve años. Este hecho ha generado inconformidad en la sociedad porque la autonomía no se reflejaría en la nueva institución si el actual procurador, Raúl Cervantes, es elegido en automático como el Fiscal General de la República. Este acto sería una simulación.

Derivado de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil hicieron presión, logrando que en noviembre de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta al Senado de la República para que se reformara el artículo transitorio décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se impediría que hubiera un pase automático del nuevo Fiscal General de la Nación cuando se dé la transición. Sin embargo, a la fecha no se ha conseguido dicha modificación.

Cabe señalar que es imprescindible establecer un proceso de selección en el se que incorporen expresamente las garantías de publicidad, transparencia, meritocracia y participación de la sociedad civil, que actualmente no están previstas.

Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil presentamos el pasado 29 de agosto una propuesta de reforma al artículo 102, que promueve un proceso de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito. Uno de los puntos más importantes que incluyeron es la reducción del periodo del cargo: de nueve a seis años sin posibilidad de reelección, para que con ello se evite la influencia presidencial.

El nombramiento de un Fiscal con una relación muy cercana al gobierno en turno y una trayectoria partidista lastimarían la independencia y la legitimidad de la nueva Fiscalía, cuyo propósito debe ser el de generar confianza en la ciudadanía sobre su imparcialidad.

Y es que cabe destacar, que al Fiscal General, le corresponderá nombrar al Fiscal Anticorrupción después de que por única ocasión lo haga el Senado de la República. En pocas palabras, requerimos de #UnaFiscalíaQueSirva. Para ello es necesario un titular idóneo, que cuente con la probidad, los conocimientos técnicos y las capacidades suficientes para dirigir de manera eficaz la FGR.


[ Por Anaid García Tobón ]

[ Artículo en Animal Político ]


 

 

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