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La consulta previa y los malabares del gobierno

Hace casi 25 años el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y asumió la obligación internacional de consultar a los pueblos indígenas ante cualquier medida administrativa o legislativa que les afectara. En contraste con lo ratificado, en el papel, el atropello a éste y otros derechos colectivos de las comunidades ha sido la regla.

Ausencia de consultas

Pasaron más de dos décadas sin que el gobierno llevara a cabo procesos de consulta, lo cual implicó cientos de entregas de concesiones, permisos y autorizaciones que involucraban recursos naturales y territorios de pueblos indígenas sin que éstos fueran tomados en cuenta.

Por buen tiempo, la “justificación” para eludir el cumplimiento de este derecho fue la falta de una ley reglamentaria para garantizarlo. Sin embargo, ese cuestionable argumento quedó superado gracias a la existencia de un tronco sólido de estándares internacionales que permiten dar un aterrizaje efectivo a la consulta, siempre y cuando exista la voluntad política de hacerlo.

Si observamos la legislación de otros países multiétnicos de la región, la mayoría no dispone de leyes en esta materia, pero ello no ha sido impedimento para dar pasos importantes hacia la realización de procedimientos apropiados de consulta. Tal es el caso de Colombia, donde gracias a la jurisprudencia desarrollada por su Corte Constitucional se ha logrado una protección positiva en favor de los pueblos y comunidades afrodescendientes. En este sentido, no se debe concluir que contar con un instrumento de consulta, aun siendo deseable, es la fórmula para solucionar una omisión histórica del Estado mexicano.

Simulación de las consultas

En el contexto de la Reforma constitucional en derechos humanos de 2011 ignorar la responsabilidad que emana de los Tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, comienza a tener alguna consecuencia para las autoridades gubernamentales, que hasta hace muy poco se saltaban la obligación de consultar con total impunidad. Así lo manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la Tribu Yaqui contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012), quien otorgó la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia, en Sonora, sin haber consultado adecuadamente a esta etnia indígena.

Por medio de este histórico fallo, así como de otras resoluciones judiciales y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le ha enviado señales claras al Ejecutivo de que no debe saltarse la barda de la consulta. Esto al menos ha traído consigo que más de una dependencia haya tenido que entrarle al tema y hayan elaborado diversos mecanismos y protocolos en este campo.

Sin embargo, la receta de la protocolitos no ha brindado una respuesta satisfactoria en lo concreto. La implementación de estos procedimientos por parte del Gobierno lejos de ser una garantía para la protección de los derechos de las comunidades está pasando a ser un ejercicio de simulación para legalizar el despojo de sus territorios y recursos naturales.

La evidencia más cercana es, justamente, el caso de la Tribu Yaqui en la que los principios sentados en la sentencia de la SCJN han sido violados uno por uno. No se ha llevado a cabo una consulta previa, de buena fe, informada, culturalmente adecuada y mucho menos libre. Hoy en día, varios de los interlocutores más visibles de la Tribu dentro del proceso de consulta con las dependencias federales, como Mario Luna, están en la cárcel por delitos fabricados por el Gobierno de Sonora. Ello bajo la pasividad de las autoridades federales que nada ha resuelto a fin de cumplir con el mandato de la Corte y que al mismo tiempo han mantenido operando el Acueducto que saquea el agua del territorio Yaqui, durante la consulta y sin Autorización de Impacto Ambiental.

Cada una de estas irregularidades ha sido denunciada sistemáticamente por organizaciones civiles y diversas redes internacionales como la RED- DESC, que un reciente comunicado llamó al Gobierno mexicano a acatar de forma urgente el fallo de la SCJN y detener las acciones de criminalización contra el pueblo Yaqui.

Desafíos para la implementación de consultas adecuadas

En las circunstancia de desarrollo neoliberal desenfrenado que vive el país y que se agudiza con la reciente Reforma Energética, resulta indispensable respetar y cumplir con el marco constitucional de derechos humanos. En particular, mecanismos como la consulta buscan en su planteamiento poner freno a la voracidad del capital, que ve en los territorios indígenas campos de hacer dinero y no un espacio sagrado que han habitado y cultivado los pueblos milenariamente.

Aún cuando las leyes de hidrocarburos y de electricidad incluyeron la obligación de llevar a cabo consultas adecuadas, ninguno de los instrumentos fue consultados con los pueblos a pesar de incluir figuras preferenciales para el acceso a los recursos y territorios por parte de las empresas. Es cierto que la Secretaría de Energía, a diferencia de otras dependencias, está trabajando con profesionalidad en el tema de los derechos y la consulta, pero ante el embate de los actores privados no basta con tener buenos “Protocolos”. Debe existir un verdadero compromiso con la defensa y protección de las comunidades, especialmente se deber acatar su decisión por vía de su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Tampoco basta con que un sector del gobierno avance por su lado, es fundamental disponer de una política nacional en el tema de la consulta que contemple por lo menos, una metodología clara, las dependencias que serán responsables y los sujetos consultados, así como los alcances de estos procedimientos y un presupuesto público para llevarlas a cabo.

La consulta llegó para quedarse. Algunos procesos no parecen resolverse en favor de los pueblos como el ejemplo citado de la Tribu Yaqui, otros apenas están por comenzar como el de las comunidades de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla, afectada por un proyecto minero a cielo abierto de Carlos Slim, y la zapoteca de Juchitán, Oaxaca, en la que se pretende instalar por otra empresa mexicana un parque eólico de 132 aerogeneradores. Qué nos hace pensar que en estos casos la consulta no será otra práctica de simulación para saquear los recursos de estos pueblos, qué nos hace pensar que su voluntad será respetada por el Gobierno. Ojalá se nos permita soñar y sobre todo preservar la pluralidad cultural de la que tanto gusta presumir México.

Edmundo del Pozo

http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/10/16/la-consulta-previa-y-los-malabares-del-gobierno/