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La creación de la Gendarmería Nacional en México

El sexenio de Enrique Peña Nieto inició con una serie de compromisos para dinamizar la economía del país, impulsar mayores acuerdos políticos y principalmente, atender la urgente problemática de seguridad y combate a la delincuencia organizada que dejó al país sumido en una severa crisis humanitaria y de graves violaciones a los derechos humanos. En un intento por deslindarse de las políticas confrontativas y militarizadas de seguridad pública que desarrolló Felipe Calderón, el actual Gobierno anunció una serie de acciones tendientes a recuperar la paz y disminuir la violencia y que tienen como punto de partida la reforma a los cuerpos policiales.

En ese contexto, se inscribe la creación de un nuevo cuerpo policial denominado Gendarmería Nacional que participará en diversas tareas de seguridad pública. De acuerdo con las declaraciones del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la Gendarmería se conformará como un cuerpo de elite civil con formación militar y contará con 5 mil efectivos (3 mil de proximidad y 2 mil de reacción), y que iniciará funciones a finales de julio o principios de agosto. Desde el 2013, se destinó un presupuesto inicial a la Gendarmería de mil quinientos millones de pesos y para el 2014 aumentó notablemente a cuatro mil quinientos millones de pesos.

Diversos organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Fundar Centro de Análisis e Investigación, han manifestado su preocupación en torno a la creación cuerpos policiales que funcionan bajo una lógica castrense en labores de seguridad pública por los graves impactos que genera en el ejercicio de los derechos humanos. Estas son algunas reflexiones que compartimos en este espacio.

La Gendarmería es un cuerpo de policías civiles que está capacitado por una lógica militar y que cuya principal función es el combate de los enemigos del Estado y que ahora se le conoce como delincuencia organizada. Así, el centro de la política de seguridad es la protección del Estado y no de las personas como sucede en modelos de seguridad ciudadana. Los cuerpos policiales que tienen un papel más persecutorio y reactivo utilizan medidas que fortalecen el poder punitivo del Estado y que pueden incluir desde mayores facultades para perseguir a los delincuentes (el uso del arraigo es un claro ejemplo), hasta la comisión de torturas y malos tratos para obtener confesiones, detener arbitrariamente a sospechosos para que confiesen su culpabilidad o ajusticiar a los sospechosos fuera de la ley. En otras palabras, la Gendarmería requiere ser pensada a partir de las experiencias de participación de militares en funciones de seguridad y que han afectado los derechos de la sociedad.

Otro punto de preocupación es que la creación de la Gendarmería no está sustentada de un marco jurídico que haga explícitas sus funciones, atribuciones y marcos de actuación a diferencia de la Policía Federal y la Policía Federal de Investigación. En ese sentido, resulta preocupante que se desconozca si existe o no una ley o decreto en donde se pueda conocer las atribuciones y límites de actuación de los miembros de la Gendarmería. La posibilidad de hacer más transparente el funcionamiento de este nuevo grupo policial abona a una mayor certeza de su actuación y la posibilidad de llamarlo a cuentas, como un ejercicio de pesos y contrapesos.

Finalmente, la falta de información pública disponible impide que la sociedad mexicana pueda conocer sobre el funcionamiento de la Gendarmería, los marcos jurídicos de operación, etc. Los mecanismos de transparencia son una ventana para que la ciudadanía conozcamos y examinemos el quehacer de las instituciones y son un contrapeso para la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. Nos toca a la sociedad estar pendientes de cómo funciona esta nueva corporación.

Cecilia Toledo