Cuando hacer justicia se convierte en un extraño entramado que puede llegar a tocar la estructura gubernamental, se vuelven recurrentes los escenarios en que nos pintan al culpable como alguien a quien se puede extirpar quirúrgicamente sin afectar el sistema en su conjunto. Es el caso de José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala con licencia, a quien pretenden señalar como único culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, no obstante al analizar el contexto podemos deducir que la supuesta culpa de Abarca, abarca a todos los órdenes de gobierno, partidos políticos y poderes de la Unión. Lo que ahí sucedió fue una consecuencia inesperada de que el sistema político, por diversas causas, haya dejado que la delincuencia y el gobierno se mezclaran al grado de poner a la fuerza pública a ejecutar crímenes abominables bajo las instrucciones de un mandatario local.
No es una novedad la noticia de que mandatarios y funcionarios de cualquier cargo y nivel tengan nexos con la delincuencia. No obstante, quizá sea la primera vez que esta desafortunada y supuesta complicidad revela sus alcances y obliga a reflexionar si la corrupción y la impunidad es una característica cultural de los mexicanos como argumenta el Presidente, y por lo tanto una paradoja con la que se puede vivir, o es en realidad un problema que se agarra de donde puede y crece sin control ni consideraciones hasta la descomposición social.
En principio, el ejecutivo y el legislativo, dentro de las reformas aprobadas, no consideraron crear y fortalecer los marcos jurídicos que permitan conocer, evaluar, controlar, fiscalizar y sancionar la función de los gobiernos locales, sus servidores públicos y el manejo que hacen de los recursos que ejecutan. Contar con un sistema efectivo de control interno en cada dependencia y entidad en los gobiernos locales, permitiría identificar problemáticas en el momento en el que se presentan y denunciarlas a instancias que las investiguen, atiendan y corrijan.
Por otra parte la lucha contra la corrupción y la creación de esquemas de rendición de cuentas y transparencia que puedan homologarse entre los distintos órdenes de gobierno, son parte de una discusión casi imperceptible, los vacíos jurídicos abren enormes ventanas de oportunidad para el desvío de recursos y el uso discrecional de los mismos, de esta forma es fácil que los gobernantes puedan dar o recibir dinero de organizaciones criminales. Actualmente no hay una base sólida para investigar y sancionar conductas de abuso poder, al contrario, las leyes presentan obstáculos y omiten contrapesos.
El deterioro del federalismo permite que en aras de la independencia y libertad de los estados y municipios se presenten cacicazgos sustentados en la autonomía normativa. La concentración de poder de presidentes municipales y gobernadores, ha descansado en acuerdos tácitos de gobernabilidad entre distintas fuerzas políticas. Las administraciones recientes han permitido que los gobiernos locales hicieran lo que fuera, quizá a cambio no entorpecer o boicotear el quehacer del poder ejecutivo. Esta permisión pudo comprender la carta abierta de amasar fortunas con recursos públicos y presumiblemente tejer redes de complicidades con la delincuencia organizada.
Por otra parte es muy grande la percepción de que los gobernantes corruptos logran preservar su esquema de privilegios mediante apoyos electorales que después son remunerados con otros cargos públicos Secretarías, direcciones generales, diputaciones o senadurías. En ese sentido, es de llamar la atención la omisión en las leyes de mecanismos para identificar e impedir que los servidores públicos con enriquecimientos inexplicables, malos resultados, señalamientos directos, denuncias o acusaciones ante instancias nacionales o internacionales se mantengan ocupando espacios en el tablero político.
Las políticas en materia de seguridad pública, por su parte no han logrado que las fuerzas policiacas se profesionalicen y cuenten con estándares y pruebas sobre la ética y profesionalización de sus elementos, cuando supuestamente esta es una prioridad del gobierno actual como lo fue de las administraciones pasadas. Si efectivamente tuviéramos presupuestos basados en resultados e indicadores del desempeño de las políticas públicas, muy probablemente se hubieran logrado grandes avances en ese objetivo en lugar de destinar cada vez más recursos a las corporaciones obteniendo peores resultados.
De esta forma la crisis del Estado de Derecho se adereza con las omisiones jurídicas, como no presentar ni discutir reformas para controlar y sancionar las irregularidades en el ejercicio de la función gubernamental, no investigar a mandatarios locales señalados por sus vínculos con el crimen organizado, no presentar deliberadamente declaraciones patrimoniales públicas, no acabar con figuras añejas y absurdas que promueven la impunidad como es el fuero político, o no abrirse a esquemas de participación ciudadana en los que los mismos destinatarios de las acciones gubernamentales puedan auditar la función pública y el manejo de recursos para denunciar irregularidades a instancias confiables.
Así fue como José Luis Abarca gobernó Iguala, sin controles ni sanciones, apoyando económicamente aspiraciones políticas de otras personas, sin profesionalizar ni someter a pruebas de confianza a los miembros de la policía, ejerciendo el poder y los recursos públicos en su beneficio. Muchos se preguntan ¿cómo alguien puede cometer un crimen tan miserable? Tal vez parte de la respuesta esté en la complacencia del propio sistema, el cual comprende la tolerancia del gobierno federal, la pasividad de los legisladores, la debilidad de los jueces y las ambiciones electorales de todos los partidos. Es por eso que la culpa de Abarca, abarca a todos.
