La extracción minera y de hidrocarburos ha detonado la desigualdad no el desarrollo

La extracción minera y de hidrocarburos ha detonado la desigualdad no el desarrollo
  • El estado permite que las empresas se autoregulen en la práctica del fracking, sin evitar los daños ambientales y sociales que provoca.
  • Se han ejercido recursos millonarios a través de los Fondos minero y de hidrocarburos en opacidad y sin considerar a las comunidades afectadas.
  • La minería no ha sido un motor de desarrollo local ni ha contribuido a combatir la pobreza.

Las actividades extractivas han sido promovidas desde el Gobierno Federal, amparadas por regulaciones a modo y existen graves problemas de opacidad y discrecionalidad en la asignación y ejercicio de los Fondos Minero y en el Fondo de Municipios productores de Hidrocarburos, según revela el “Anuario 2017, las Actividades extractivas en México: Minería e Hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, presentado este jueves por Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Los fondos, creados con los recursos que las empresas deben pagar al Estado, deben destinarse a proyectos de desarrollo que beneficien a las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos. Sin embargo, se utilizan sin la participación de las comunidades y en la opacidad. En el caso del Fondo para las entidades federativas y los municipios productores de hidrocarburos se desconoce el ejercicio de alrededor de 234.7 millones de pesos. El panorama es aún más grave en el ejercicio del Fondo Minero, del que no se pudo identificar el destino de mil 736 millones de pesos canalizados a municipios, y que constituye el 52% del total del fondo.

Con base en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, Fundar encontró importantes deficiencias en el manejo de estos fondos, tales como a) falta de documentación comprobatoria sobre el destino de los recursos; b) diferencias de importes ejercidos por los proyectos respecto a lo reportado por la SHCP; c) proyectos que no respondían a acciones para cumplir el objeto de resarcir el daño social y ecológico de las actividades extractivas; d) proyectos que excedieron los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública; entre otros (1).

Respecto a la actividad minera, la investigación demuestra que la minería no es un motor de desarrollo local para comunidades donde se realiza y tampoco contribuye a disminuir la pobreza. Fundar encontró que el 54% de los municipios que han recibido recursos del Fondo minero, tiene niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional y el 29% se sitúa por encima de la línea de pobreza extrema. Patrones similares se observan en municipios en los cuales se ha extraído oro y plata desde hace décadas; el 76% de los municipios de donde se extrae oro y el 87% de los cuales tradicionalmente se ha extraído plata, tienen niveles de pobreza superiores al promedio nacional, según revelaba Fundar en el Anuario de 2016 (2).

En materia de hidrocarburos, ante la apertura de la ronda 3.3 de la Reforma Energética, realizada a inicios de este año, el gobierno mexicano dio el banderazo de salida al fracking (3), una riesgosa práctica empleada para extraer gas pero que se encuentra prohibida en Escocia, Irlanda, Francia, Bulgaria, en el Estado de Nueva York y en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, por los graves efectos que provoca en la salud y medio ambiente de las comunidades. El Anuario analiza los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente”, emitidos por la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente  (ASEA) y otras normativas orientadas a regular esta práctica, evidenciando que estos instrumentos  no son la respuesta para evitar los impactos negativos de esta actividad, pues se trata de una técnica experimental cuyos efectos son imposibles de controlar y se permite a las empresas autoregularse en esta práctica. De ahí que la postura sostenida por Fundar y por la Alianza Mexicana contra el Fracking es que dicha normativa es violatoria de derechos y su prohibición es urgente.

Frente a este contexto de opacidad y violaciones a derechos en el que han venido operando las actividades extractivas, al amparo de la Reforma Energética y del marco legal minero, el estudio de Fundar presenta un conjunto de análisis y recomendaciones de política pública encaminadas a revertir este tipo de prácticas y fortalecer la vigilancia social sobre el sector extractivo en México.


 Contacto de prensa:

Diana Amador: diana@fundar.org.mx

Investigación disponible en:  link de descarga


1 En materia minera, la ASF refiere además que la Secretaría de Economía no ha sancionado a los titulares de 1,918 concesiones mineras que debían pagar el derecho adicional sobre minería y no proporcionó evidencia de haber sancionado a los más de 9 mil titulares obligados también a realizar el pago de otros derechos sobre minería, pese a que la Ley Minera establece que lo anterior es motivo para cancelar la concesión minera.
2 Documento disponible en http://fundar.org.mx/presentacion-las-actividades-extractivas-en-mexico-estado-actual-anuario-2016-martes-6-de-junio-2017/
3 El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). Las fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos.

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