El año pasado se aprobaron las reformas constitucionales para dar vida al “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA) que aún se discute en el Congreso. En este nuevo contexto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá un rol ampliado y participará activamente como integrante del Comité Coordinador del propio SNA. Por ello vale la pena evaluar y destacar los cambios en la labor de la ASF; lo que estuvo bien con la reforma, lo que no estuvo tan bien y lo que no puede faltar.
Lo positivo
- Anteriormente uno de los problemas con el trabajo de la ASF eran los tiempos. Esta institución fiscalizaba el gasto público pero los resultados de sus investigaciones tardaban 14 meses en hacerse públicos. La oportunidad de los datos y los hallazgos era un obstáculo grande. Con la reforma constitucional esto se modificó: ahora habrá 2 informes adicionales que se presentarán en junio y octubre. Además, se seguirá elaborando y presentando el Informe General en febrero. Esto es positivo ya que los resultados de las investigaciones de la ASF estarán listos en tiempo y serán oportunos.
- Que la ASF sea parte del Comité Coordinador del SNA es también una buena noticia pues no hay otra institución que conozca tan a fondo las áreas estratégicas y vulnerables en el gasto, como lo sabe la ASF. Esta institución año con año detecta irregularidades que se presentan el manejo de los recursos públicos. Por supuesto que tiene mucho que aportar en la lucha contra la corrupción, tanto en la manera de prevenirla, como para coadyuvar con las investigaciones que detonen en sanciones administrativas o penales.
- Producto de las reformas constitucionales la ASF ahora podrá auditar las participaciones, esto es, los recursos que reciben los gobiernos locales de la federación y que no están asignados o etiquetados para gastarse en algún concepto específico como educación o salud. Es positivo porque son recursos importantes que las entidades federativas reciben y son de uso libre. También se podrá fiscalizar la deuda pública local garantizada por el gobierno federal, fideicomisos de cualquier naturaleza que involucren recursos públicos y proyectos de asociación público privada.
Lo que no estuvo tan bien:
- Lo que históricamente no se ha podido erradicar es la detección de las irregularidades en el manejo de los recursos públicos detectadas por la ASF y la gran indiferencia de muchos actores para tomar en serio las observaciones de la propia Auditoría. La ASF tiene un diagnóstico de los riesgos clave en el gasto público y estos riesgos no se consideraron en las reformas del sistema anticorrupción.
- Con la reforma, la ASF tiene nuevas facultades como por ejemplo, fiscalizar durante el ejercicio en curso derivado de una denuncia. Sin embargo, no queda claro que la ASF tenga las capacidades técnicas, de recursos y la experiencia para llevar a cabo con efectividad sus nuevas funciones. Es como en la chamba: a quien hace bien las cosas el jefe le quiere cargar todo el trabajo. Así pasa con la ASF, es una de las pocas instituciones con tanta credibilidad, a la que recurrentemente se le pide que se responsabilice de mucho.
- El tema de la participación ciudadana para coadyuvar en el proceso de monitoreo y vigilancia quedó ausente de las propuestas. La contraloría social para vigilar y monitorear los programas públicos todavía es un asunto que no está presente en las políticas públicas nacionales.
Lo que no puede faltar:
El combate a la corrupción en México es extremadamente complejo. Queda claro que no es tarea sencilla erradicar este mal y menos de un día para otro. Construir un sistema para luchar contra la corrupción evidentemente tampoco lo es. Sin embargo, lo que no puede faltar es una buena coordinación entre todas las instancias e instituciones que forman parte del Comité Coordinador. Pero para eso -y es una de las tareas pendientes del SNA- es fundamental ir fortaleciendo a estas siete instituciones y mejorar su funcionamiento no sólo en la parte sancionatoria, sino en la de prevención (la ASF, la Secretaria de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana). Y también para que puedan cumplir con sus nuevas facultades y responsabilidades, derivadas de las reformas.
Tampoco puede faltar la evaluación periódica y sistemática del rol y funcionamiento del SNA, así como la mejora continua. El asunto es dinámico, no estático. Las leyes reglamentarias que regularán el SNA son sólo un primer paso en el combate a la corrupción. Para trabajar y garantizar un Sistema Nacional Anticorrupción se van a seguir requiriendo cambios y modificaciones, tanto en leyes ya existentes (como la Ley de Adquisiciones Públicas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, entre otras), como la creación de nuevas leyes (la ASF sugirió por lo pronto dos: una Ley de Gasto Federalizado y otra Ley de Participación Ciudadana).
Faltará también evaluar lo que pasa en los gobiernos locales y seguir trabajando para incluir las mejores prácticas en la lucha contra la corrupción; porque ni en el papel suena fácil.
