El diseño, implementación y evaluación de las políticas fiscales deben apegarse a las obligaciones en materia de derechos humanos para evitar que continúe la profundización de la desigualdad económica y la disparidad en el disfrute de derechos. En América Latina y el Caribe -la región más desigual del planeta- es indispensable que los estados tomen seriamente sus obligaciones internacionales y que, al igual que otro tipo de políticas públicas, sometan las políticas tributarias al escrutinio de los principios de derechos humanos.
Establecer el vínculo entre la política fiscal y la realización de los derechos humanos es una tarea complicada pero necesaria en una región en donde el estancamiento económico, la reducción del gasto social y la concentración de la riqueza –en 2014, el 1% de la población poseía solamente el 40% de la riqueza– son consecuencias de políticas tributarias regresivas, controladas por las élites corporativas y financieras. Por esta razón, diversas organizaciones internacionales y regionales presentaremos este jueves 22 de octubre una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de exponer la urgente necesidad de alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos para asegurar la disponibilidad de los recursos públicos y avanzar en la garantía de los derechos.
En este sentido, para cumplir con sus obligaciones de proteger y hacer realidad progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, los estados se encuentran obligados a utilizar y generar el máximo de recursos disponibles en forma eficiente, equitativa y no discriminatoria, así como garantizar el acceso a la información, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en asuntos tributarios.
De cumplirse estas obligaciones, la política fiscal podría dejar de depender de los vaivenes políticos y, más importante aún, de la voluntad de las élites económicas y empresariales, quienes mediante su capacidad de presión logran tratamientos privilegiados y aprovechan la poca capacidad recaudatoria del estado para eludir sus responsabilidades tributarias. Vale la pena ejemplificar este punto.
En abril de este año, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reveló que la política de condonación masiva de créditos fiscales implementada en 2013 benefició a un universo de aproximadamente 41,000 personas morales, a quienes en total se les condonaron cerca de 160 mil millones de pesos. Del total de las empresas beneficiadas, se identificó que a tan sólo 36 de ellas se les perdonó más de la mitad de dicho monto, es decir, más de 80 mil millones de pesos. Tras evaluar otra serie de irregularidades inherentes a esta política fiscal, la ASF recomienda a la Cámara de Diputados –la responsable de legislar esta política– que “la captación de recursos a corto plazo mediante estos programas, no aumenta la eficiencia recaudatoria ni logra el cobro total de los adeudos, sino más bien disminuye la percepción del contribuyente sobre la exigibilidad del pago de sus contribuciones en tiempo y forma, fomenta la cultura del no pago y, en cierta medida, podría propiciar la evasión fiscal.“ Cabe señalar que hasta el día de hoy, el SAT ha negado sistemáticamente el acceso al nombre de las empresas que fueron beneficiadas con esta política fiscal.
De someter la política fiscal a los estándares de derechos humanos, de generar indicadores y mediciones de impacto, podríamos saber en qué medida las amnistías y otros beneficios fiscales impactan en la recaudación tributaria y, con ello, en la financiación de los derechos humanos. De igual forma, realizar este ejercicio nos permitiría evaluar cuáles son las consecuencias para los derechos humanos de los sectores vulnerables de continuar sosteniendo un sistema tributario regresivo que se enfoca en gravar el consumo de quienes menos tienen en lugar de recaudar los ingresos de quienes más riqueza poseen.
La política fiscal es un campo fundamental para lograr la justiciabilidad, exigibilidad y realización de los derechos humanos, y es importante que comencemos a profundizar en las implicaciones de contar con un sistema tributario que no ha logrado combatir la desigualdad económica ni avanzar de manera significativa en financiación de los derechos humanos, La oportunidad de evidenciar las consecuencias de este problema ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un buen paso hacia este objetivo.
Iván Benumea
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/10/22/la-importancia-de-alinear-la-politica-fiscal-con-principios-de-derechos-humanos/
