Agresiones como la perpetrada el domingo 19 de julio en contra de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en la que el Ejército Mexicano disparó contra la población civil, asesinando a Edilberto Reyes García de 12 años y lesionando a 6 personas más, entre ellas una niña de 6 años, sólo son posibles gracias al patrón de impunidad que impera en dicha institución.
Ostula fue la noticia de la semana. Por otro lado, en los días previos, fue denunciada la desaparición forzada de siete jóvenes en la ciudad de Calera, Zacatecas, a manos de soldados del 97 Batallón de Infantería, quienes durante un operativo irrumpieron en un domicilio para llevárselos de manera violenta. Días después, los cuerpos de los 7 jóvenes fueron hallados sin vida, 4 de ellos con un tiro en la nuca.
Apenas el 2 de julio, el Centro Prodh, acompañado de organizaciones como Fundar, Amnistía Internacional entre otras, presentaba en conferencia de prensa su informe: “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en la comunidad de San Pedro Limón en 2014, y de la existencia de un documento emitido por el 102 Batallón de Infantería, en el que se instruye a las tropas a “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”[1], precisando además que se trata de órdenes provenientes del “Alto Mando”.
Así, Ostula, Calera, Tlatlaya, no son hechos aislados en los que el Ejército Mexicano es el perpetrador. En casos como Apatzingán y Tunhuato, la duda aún permanece; qué decir de Ayotzinapa, en el que a pesar de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el esclarecimiento sobre la actuación del Ejército en los hechos, sigue pendiente.
Los mencionados, son los eventos más recientes; sin embargo, a ellos debemos sumar los casos reportados desde tiempo atrás por organizaciones de la sociedad civil. El Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el colectivo de familias con personas desaparecidas FUNDEM, entre otras, denunciaron en junio de 2014 ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, casos de desaparición perpetrados por el Ejército entre febrero de 2009 y diciembre de 2013, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y ocurridos durante la realización de operativos, o en la implementación de retenes en las carreteras. Además,llamaron la atención del Comité sobre la coincidencia de la fuerte presencia militar y policial en las regiones del Norte del país, en las que las desapariciones han ocurrido de manera sistemática.
Por supuesto, no es sorpresa apuntar que en ninguno de los casos referidos a lo largo de este texto, existen investigaciones realizadas con la debida diligencia y con miras a garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas y sus familiares; mucho menos dirigidas a indagar y establecer responsabilidades con base en la línea de mando militar.
En este sentido no puedo evitar recordar el caso de Acteal, así como de las más de 120 ejecuciones y desapariciones cometidas entre 1995 y 2000 en la zona Norte del estado de Chiapas, a manos del grupo paramilitar Paz y Justicia, en el contexto de la guerra contrainsurgente implementada por el Estado Mexicano para debilitar a las bases de apoyo del EZLN. A pesar de las pruebas documentales y testimoniales que demostraban el vínculo del Ejército Federal con Paz y Justicia, nunca se abrieron investigaciones penales dirigidas a indagar la intervención y responsabilidad de la institución en los crímenes cometidos. Al igual que en los casos actuales, la falta de investigación y la impunidad fueron la constante.
Y todo nos ha indicado que en la misma lógica se conduce el actual gobierno federal; la muestra más reciente de ello, es la defensa que de las fuerzas armadas hiciera el Presidente de la República en Tlapa de Comonfort, Guerrero, justo hace un par de días: “Por más que algunos se empeñen en manchar los esfuerzos del Ejército, es de reconocer su incansable e inagotada labor”, señaló. Dicha defensa, no es más que el indicador de la impunidad y de la ausencia de verdad que seguirá marcando su administración; quizá Peña Nieto pretende evitar, ante órdenes como la de Tlatlaya, ser acusado por los crímenes cometidos, dada su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas del país.
