El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013 -2018), instrumento que contiene los ejes rectores de la política ambiental que actualmente se implementa en el país, reconoce la participación ciudadana como un pilar esencial de la gobernanza ambiental, que supone -en términos llanos- la toma de decisiones en asuntos de interés público a partir de la incorporación de intereses, opiniones y propuestas de diversos sectores: autoridades gubernamentales, iniciativa privada y sociedad civil.
Dentro del Programa Sectorial se plantea como objetivo: “Desarrollar, promover, y aplicar instrumentos de política, información, investigación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental”, a través de estrategias específicas, como fomentar la participación ciudadana en la política ambiental incorporando en ésta el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano; facilitar el acceso a información ambiental oportuna y de calidad; desarrollar instrumentos de política y mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.
Dado el énfasis que la política pública otorga a la participación de la ciudadanía, es de sumo interés echar un vistazo al alcance y profundidad de la participación ciudadana dentro de las instituciones del sector ambiental; ésta última entendida como la influencia que los participantes puedan ejercer en la toma de decisiones.
Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con mecanismos específicos para la participación de la población. Estos establecen el grado de participación que pueden tener las personas y que, en contraste con lo establecido en el Programa Sectorial, limitan la intervención de individuos según se vean afectados o interesados en algún proyecto que pueda impactar el medio ambiente.
Un claro ejemplo de estas limitaciones se observa en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), a través del cual la Semarnat establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras o actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente[1]. La PEIA tiene importantes deficiencias entre otros, porque la participación de las personas a través de la consulta pública, queda sujeta a discreción de la autoridad ambiental; en caso de realizarse una consulta o reunión pública, las opiniones de los ciudadanos afectados no se incorporan a los instrumentos de política; sólo se ponen a disposición del público documentos largos y técnicos que dificultan la comprensión de su contenido; y por último no establece mecanismos de información y colaboración adecuados para aquellos proyectos que afectan a pueblos indígenas[2].Así, el grado o alcance de la participación ciudadana dentro de las instituciones oficiales se restringe a esquemas de colaboración muy acotados, que están lejos de plantear un modelo incluyente de gobernanza ambiental que integre las necesidades y conocimientos de las personas o comunidades afectadas.
En Fundar, Centro de Análisis e Investigación subrayamos la importancia de garantizar la participación ciudadana mediante el acceso efectivo de la población a la información pública de forma oportuna, íntegra, inteligible y culturalmente adecuada (para las poblaciones indígenas), así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que expliquen los criterios en la toma de decisiones y justifiquen los actos de gobierno en los distintos órdenes de la administración pública.
Si no se amplían los esquemas de participación para la mayoría de la población, específicamente de aquellos sectores sociales que no forman parte de grupos que promueven proyectos económicos, se continuará afectando este derecho, y se agudizarán otros problemas, como la criminalización de las personas que defienden el medio ambiente. Tal es el caso de la defensa del agua por la tribu Yaqui que abastece a sus comunidades y su lucha contra la construcción del acueducto Independencia. En México sobran ejemplos de defensa de territorios amenazados por proyectos con serias consecuencias socio ambientales: desde el despojo de tierras comunales para instalar parques eólicos e hidroeléctricas, hasta las dañinas actividades para explotar minerales e hidrocarburos.
La responsabilidad del Estado es salvaguardar, proteger y garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana. Pero ¿cómo es que el gobierno protege estos derechos fundamentales?
Lo que es un hecho es que el trabajo activo que realizan individuos, comunidades y organizaciones civiles para la defensa y protección del medio ambiente, que está al margen de los esquemas de participación oficiales, enriquece el análisis de la política pública y la construcción de propuestas concretas para resolver problemas ambientales que aquejan al país.
En este sentido, es preciso enfatizar que las actividades que estos grupos desempeñan se inscriben dentro de un proceso más amplio de demanda por una mejor gestión de la administración pública que, como lo señala la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), es deseable que camine hacia la construcción social de políticas públicas que den respuesta o amplíen el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales de todas las personas y de los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos originarios de México.
Gina Chacón
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2015/10/8/la-indispensable-participacion-ciudadana-en-la-politica-publica-para-la
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[1] Artículo28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. [2] En La transparencia, el acceso a la información y la participación en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en México propuestas para su fortalecimiento. Proyecto Colectivo por la Transparencia. CEMDA, AC. FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Abril, 2014.
