“La exhibición en medios de comunicación de personas detenidas o bajo la responsabilidad del ministerio público es un rezago de Estados absolutistas”, afirmó el pasado jueves el Comisionado y relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] en el marco de una audiencia durante el 147° periodo de sesiones en Washington, D.C.
En el ámbito penal, el Estado suele plantear el falso dilema de la seguridad a costa de los derechos de las personas. Por ejemplo, las autoridades argumentan constantemente el interés de la sociedad o la necesidad del orden público para justificar arraigadas actuaciones que violentan la dignidad de las personas. Asimismo, el poder punitivo del Estado se vuelve perversa en aquellos casos donde la exigencia de justicia de las víctimas se empata con la incapacidad de las autoridades de dar solución a esas demandas.
El Estado reacciona bajo presión a los problemas que aquejan a la ciudadanía pero sin establecer una solución estructural. La exhibición en medios de comunicación de personas detenidas y/o bajo la responsabilidad del Ministerio Público ha sido utilizada en los últimos años a nivel federal y por las entidades federativas como una estrategia para mostrar las supuestas acciones que se realizan para terminar con la criminalidad y la violencia que aqueja al país. Así, las personas detenidas, a quienes aún no se les ha dictado un auto de formal prisión y ni siquiera han comparecido ante un juez, se les presenta como criminales. Habrá quien piense que quienes delinquen lo que menos se merecen son consideraciones, pero esta posición no sólo cancela derechos y pide escarmientos (y no justicia), no se hace cargo de que el juicio ni siquiera ha empezado.
Se trata de juicios mediáticos para crear en la población la sensación de un Estado fuerte y en donde aparentemente los ilícitos no quedan impunes. Un espectáculo. A pesar de que se han denunciado las violaciones que esta política de exhibición conlleva, las autoridades continúan sosteniendo que estas prácticas fomentan la cultura de la denuncia y permiten la persecución de los delitos.
Particular atención merece el caso del Distrito Federal. La Procuraduría capitalina se ha empeñado en continuar con esta práctica aún y cuando desde hace un año fue emitida una recomendación en su contra por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que solicita sea eliminada. La Procuraduría no aceptó en su totalidad la recomendación y, en cambio, emitió un Acuerdo que pretende dar una base legal a la mediatización y “espectacularización” de las personas exhibidas como culpables. De poco han servido los argumentos de instancias internacionales que han dicho que con ello se violan derechos del debido proceso —como la presunción de inocencia—, e inclusive violenta la integridad personal. Desde el 2010, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas recomendó enfáticamente a México que ponga fin a esta práctica; ya que ese tipo de exposición favorece su incriminación y representa un trato cruel, inhumano y degradante.
El más reciente fue presentado este jueves 14 de marzo, frente a diversos argumentos de los representantes del gobierno federal y del gobierno del distrito federal, los comisionados de la CIDH manifestaron de manera clara su postura: la exhibición de personas ante los medios de comunicación es inadmisible en un Estado democrático de derecho. Los referentes de derecho internacional están ahí, al igual que las peticiones de las víctimas y la posición de los órganos de protección no jurisdiccional de derechos humanos. Lo único que falta es que la práctica de exhibir a personas detenidas o bajo la responsabilidad del ministerio público en medios de comunicación sea eliminada.
Por: Jaqueline Sáenz Andujo
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