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La lucha contra la violencia de género necesita presupuesto

En un país donde 66.1% de las mujeres de 15 años o más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de un hombre alguna vez en su vida, los refugios donde pueden encontrar protección, asesoría y seguridad no tienen presupuesto suficiente.

Para tener una idea de la magnitud del número de víctimas, basta imaginar 2 Estados de México cuyos 16 millones de habitantes son todas mujeres y todas han sufrido violencia de género.[1]  No todas acuden a estos refugios, pero sí muchas de las que han sufrido de violencia familiar, y ahí son atendidas juntos con sus hijas e hijos. Los refugios representan una opción segura y confidencial para las que se encuentran en una situación de violencia extrema, y son un factor elemental en la prevención de feminicidios.

Estos lugares brindan alojamiento de hasta tres meses en donde las mujeres reciben servicios básicos de alimentación, así como la atención médica, jurídica, sicológica que les permite transformar su situación de violencia.  La posibilidad de que estos refugios puedan brindar dichos servicios especializados depende cerca del 90% de los recursos públicos que son asignados por medio de la convocatoria pública “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa”, coordinada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF2018) propone recursos para esta Convocatoria por 277 mil 489 millones de pesos, apenas 300 mil pesos más que los recursos aprobados en el 2017 y que, en términos reales, no garantiza que los refugios pueden brindar la atención especializada a las mujeres sobrevivientes de violencia extrema. Pero esta no es la única área clave que tiene problemas presupuestales.

Hace casi 10 años, las diputadas que integraban la 60 Legislatura (2006-2009)  lograron “un pacto entre mujeres” que fue clave para la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto federal del 2008, y que dio lugar a la creación de lo que ahora se conoce como el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”.[2] Con este Anexo, las diputadas lograron transformar dos leyes fundamentales como la Ley General para la Igualdad para Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), en acciones concretas para reducir las brechas de género; promover, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer la perspectiva de género en las instituciones.

El PPEF2018 destinó a través del Anexo 13 poco más de 28 mil millones de pesos, esto es apenas mil millones por encima del monto aprobado en 2017 y que si le agregamos la inflación, representa en realidad alrededor de 26 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones menos. Asimismo, el Programa Presupuestario P020 sobre salud materna, sexual y reproductiva entre 2016 y el 2018 ha registrado una disminución del 13%, lo que puede generar graves impactos en las atenciones de la salud de las mujeres.

El  PPEF2018 tampoco parece tomar en cuenta la situación -que ya no es excepcional- de alertas de violencia de género extendida en 90 municipios de 12 entidades federativas (Colima, Chiapas, estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit) y 9 entidades aún esperan la decisión de la SEGOB.[3] En ese sentido, el presupuesto destinado a las acciones de coadyuvancia para las alertas de género debe responder a esta realidad y debería reflejarse con la aprobación de un monto superior al aprobado en el 2017 para esta acción concreta, y que era de 27 millones de pesos para atender la compleja situación que se vive en los estados y municipios.

De igual forma, se estarían generando serias deficiencias en los mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito estatal y municipal que es donde se requiere fortalecer estas acciones en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Desde Fundar, como parte de las organizaciones que integran la Coalición por la Salud de las Mujeres, hemos participado en los espacios convocados por la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados y que han resultado en una propuesta de aumentos en las acciones incluidas en el Anexo 13 y que incluye estos mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia.  El Presupuesto de Egresos debe garantizar que se erradique la violencia contra las mujeres y debe garantizar los recursos suficientes para esta batalla.

[1] http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/

[2] Fundar, CEGENSA. 2017. Women’s Political Representation as Key to Implementing Domestic Violence Laws: An Analysis of Ghana and Mexico: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/CEPwomens.pdf

[3] Información de la CONAVIM disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-declaradas-en-mexico


[ Por Cecilia Toledo Escobar ]

[ Artículo en La Silla Rota ]