Hace seis años conocí a Víctor, un trabajador que había migrado a Estados Unidos con una visa de trabajo temporal H-2B. Nacido en el puerto de Veracruz, logró conseguir un trabajo en una naviera en el Golfo de México, en Louisina. Víctor sufrió un infarto por las malas condiciones de trabajo, el empleador no se hizo responsable por los gastos médicos y una vez que salió de una clínica de primera atención, lo regresaron al puerto en camión. Todo en un lapso de 3 días.
Es sabido que las y los mexicanos que quieren trabajar en EUA con una visa H2 utilizan, en la mayoría de los casos, los servicios de agencias reclutadoras o de reclutadores individuales que cometen un sin fin de abusos. Entre estos destacan el cobro de servicios al trabajador o el ofrecimiento de condiciones de trabajo distintas a las que finalmente enfrentan estos trabajadores en el vecino país del norte. Diversas organizaciones como el Centro de Derechos del Migrante y Jornaleros Safe han documentado estos abusos. Incluso, han desarrrollado iniciativas para brindar más información a las personas que buscan ir a EUA, en particular para garantizar transparencia en el reclutamiento.
Por su parte, el gobierno mexicano cuenta por primera ocasión con un Programa Especial de Migración en México 2014-2018. Este tiene el potencial de cambiar el paradigma de cómo México aborda la migración: pasar de un enfoque de control de la migración a uno de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales. Esto sienta las bases para que varias dependencias de la administración pública federal desarrollen programas desde un enfoque de derechos humanos.
Dentro de aquellas que han tratado de impulsar algunos cambios, destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que ha mostrado un especial interés por mejorar los procesos a través de los cuales las personas mexicanas logran acceder a un trabajo regular en Estados Unidos; en particular aquellas que van a trabajar en el campo o en otras industrias en el ramo de servicios.
Por ejemplo, el 3 de abril pasado, la STPS firmó con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos una Declaración Ministerial Conjunta que obliga a ambos gobiernos a organizar eventos informativos sobre los derechos de las y los trabajadores mexicanos que buscan obtener una visa H2 para laborar en los sectores agrícola y de servicios del país vecino. Los eventos informativos empezarán esta semana en Celaya, Guanajuato y continuarán a lo largo del año en Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí.
Otro hecho que vale la pena destacar es que el 30 de julio esa dependencia firmó con el gobierno de California una Carta de Intención para poner en marcha un programa piloto que a la larga permita establecer un padrón binacional de reclutadores que elimine los abusos en este proceso. Se espera que los empleadores californianos utilicen a los reclutadores del padrón que sean reconocidos por su cumplimiento de las leyes, y que de esta manera se reduzcan los abusos hacia las y los trabajadores mexicanos que van a EUA con una visa H2.
Historias como la de Víctor no se deben repetir más y el Estado mexicano debe generar los instrumentos para evitarlo. Estos pasos de la STPS van en la dirección correcta y deberían sentar precedentes para que otras dependencias de la administración pública desarrollen políticas que protegan los derechos de las personas migrantes tomando como base el PEM.
