Las 2 mil 700 mexicanas que necesitamos para salvar miles de vidas

Las 2 mil 700 mexicanas que necesitamos para salvar miles de vidas

La contratación de parteras no solo tiene beneficios presupuestales y de salud pública.

En México mueren 38 mujeres por 100 mil bebés nacidos vivos, según datos del Banco Mundial de 2013. Es lo que se llama la razón de muerte materna. Este número esconde la enorme desigualdad que hay entre estados, entre zonas rurales y urbanas, entre zonas pobres o no tan pobres. Así, mujeres indígenas y mujeres pobres tienen 5 veces más probabilidades de morir que otras durante su embarazo, parto y postparto.

En este contexto surge una apuesta por la partería profesional, sustentándose en la tradición indígena como una estrategia para mejorar la calidad de la atención en salud materna, fortalecer el primer nivel de atención e incrementar el número de proveedores en la atención primaria de la salud que trabajan en las zonas rurales y de alta marginación, donde se concentran los mayores índices de muerte materna del país.

No existen estudios que demuestren que la contratación de parteras influye directamente al propósito de reducir la mortalidad materna, porque no hay camino corto ni receta fácil para atender este problema. Y cada entidad federativa decide cuáles son las estrategias que implementará para conseguir ese fin. Para 2017 solo Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Puebla colocaron y etiquetaron presupuesto para la contratación de parteras profesionales.

Estudios afirman que para atender el 20% de los partos anuales en México se necesitaría contratar a 2 mil 700 parteras. Sin embargo, a nivel federal, desde 2011 hasta 2017, se reporta la contratación de solo 174. Si consideramos que el 96% de los partos se atienden en hospitales* —los servicios están saturados— y que en casi la mitad de los casos se práctica una cesárea, contratar a estas 2 mil 700 parteras permitiría justamente aliviar la carga de trabajo en los hospitales y disminuir los riesgos asociados a las cesáreas.

Sin embargo, la atención a la salud materna está en una situación de crisis consecuencia de los numerosos recortes aplicados al presupuesto del programa de Salud Materna y Perinatal a nivel nacional. Desde 2013, los recursos asignados para implementar esta política pública han ido subiendo y bajando de manera poco racional para programar acciones contundentes y estratégicas. Y no solo el presupuesto ha sido errático, sino que ha sido recortado de manera brutal, en particular en 2017 con una reducción del 42% en relación al año anterior.

Para 2018 desconocemos cuáles serán los recortes dado que esta información, pese a que es pública, es de difícil acceso. Sin duda, esto se traducirá en la reducción cada vez más importante del poder de decisión para las autoridades sanitarias. Los estados que buscan incorporar la partería como una estrategia para fortalecer la calidad de la atención en salud materna están frente a decisiones difíciles para contratar parteras sin que afecte la disponibilidad de recursos para otros gastos fundamentales.

De no lograr este equilibro se podría limitar el ejercicio del derecho a la salud materna, generando consecuencias nefastas en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sufrimientos innecesarios e incluso muerte materna. Más aún, en términos de la Recomendación General No. 24 del Comité de la CEDAW, esta es también una forma de discriminación contra las mujeres. La contratación de parteras no solo tiene beneficios presupuestales y de salud pública, dota también a las mujeres de su libre derecho de elegir cómo y en qué condiciones convertirse en madres.


[ Por Cecile Lachenal y Matilde Pérez Romero ]

[ Artículo en HuffPost ]