En estos días, la organización civil Washington Office on Latin America (WOLA) advirtió sobre el aumento en el número de deportaciones de personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Según su análisis de las cifras publicadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), México deportó a 107.814 migrantes en 2014, la gran mayoría de Guatemala, El Salvador, y Honduras (104.269). Esto significa un aumento de 35 por ciento desde 2013 (en ese año, fueron deportados 80.079 migrantes). Ahora, cifras de los primeros dos meses de 2015, revelaron que México ya deportó a 25.435 personas (24.811 de ellas de El Salvador, Guatemala y Honduras), lo cual demuestra un realce alarmante de la misma tendencia de aumento en las deportaciones, ya que casi se duplica la cifra con respecto a los primeros dos meses de 2014.
Analistas de WOLA señalan que los datos demuestran en primer lugar que los centroamericanos siguen huyendo de sus países y que en segundo lugar, México ha tomado un rol en el control migratorio en la región, tradicionalmente cumplido por Estados Unidos. Por su parte, cifras recientes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la autoridad estadounidense encargada de implementar las deportaciones en Estados Unidos, revelan que en el año fiscal 2014 fueron deportados 315.943 migrantes, 14 por ciento menos que en el año fiscal 2013 (cuando fueron deportados 368.644 migrantes). ICE también señala un cambio demográfico en las deportaciones, en particular un aumento de migrantes centroamericanos respecto a migrantes mexicanos deportados. WOLA ya había señalado también, después de la crisis humanitaria de menores migrantes del 2014, que en 2015 probablemente se verá una disminución de menores migrantes centroamericanos comparado con 2014, pero que el aumento de 2014 debe ser visto como una excepción, dentro de una tendencia de aumento gradual en años anteriores.
¿Cómo entonces leer estas cifras sobre deportaciones de migrantes por parte de México? Una primera lectura es que tanto en los tres países centroamericanos como en México, las personas siguen saliendo de sus comunidades por inseguridad y pobreza. Un informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirma que en 2014, por primera vez México fue el país con más solicitantes de asilo en Estados Unidos (14 mil). Aunque las cifras para Honduras, El Salvador y Guatemala fueron más bajas en términos absolutos, las solicitudes de asilo provenientes de personas de esos países en Estados Unidos también habían aumentado drásticamente. En conjunto, las solicitudes de asilo de mexicanos y centroamericanos representaron 42 por ciento del total, comparado con 30 por ciento el año anterior, lo cual habla de la urgencia de atender las necesidades de protección internacional de estos grupos.
Por último, es importante analizar y comprender los datos oficiales sobre las deportaciones a través del tiempo, tomando en cuenta también la información de organizaciones que trabajan directamente con las personas migrantes para defender sus derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil han vinculado las tendencias en el control migratorio por parte de México con el Programa Frontera Sur y han denunciado el impacto de los operativos en los derechos humanos de los migrantes. Las cifras sobre las deportaciones desde México confirman que existe una intensificación del control migratorio. Aunque todavía debería hacerse un análisis más profundo de las cifras, una certeza es que el Estado no podrá al mismo tiempo de acelerar las deportaciones, garantizar el acceso a un recurso efectivo para buscar asilo o protección como víctimas para todos estos migrantes. Es por esto que las conclusiones de WOLA sobre el papel que ha tomado México en el tema del control migratorio regional, deben ser parte de un debate serio sobre las prioridades de nuestra política migratoria.
