La construcción democrática nos ha quedado a deber. Según la última encuesta de Latinobarómetro, 67.7% de los mexicanos estaban “no muy satisfechos” y “nada satisfechos” con el funcionamiento de la democracia en 2009. Y es que en términos de rendición de cuentas, corrupción, reformas legales, participación ciudadana y otros temas, la percepción es que estamos igual o peor que hace diez años (los resultados para México del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria señalan que los usuarios de información presupuestaria califican peor estas variables que hace una década).
Uno de los temas en los que la deuda se ha hecho cada vez más evidente es el de la comunicación entre gobierno y ciudadanía. Parecería que, llegada la democracia, se transformarían las relaciones entre gobiernos y medios de comunicación, y bastaría con que un gobierno hiciera bien las cosas para que los medios lo reconocieran (o criticaran a los que no tuvieran gestiones afortunadas).
Sin embargo, al paso del tiempo observamos que a pesar de que existen por lo menos siete iniciativas en el Congreso para regular la comunicación social y, en general la publicidad gubernamental, lo cierto es que cada vez se gasta más dinero en una actividad que no está cumpliendo, en muchos casos, con su principal objetivo: informar sobre las políticas, programas, leyes y acciones que garanticen los derechos humanos de las personas.
Por el contrario, la publicidad oficial se utiliza, en la mayoría de las ocasiones, para premiar o castigar a medios que son favorables o críticos con los distintos gobiernos. La cantidad de publicidad contratada depende más de la flexibilidad de la línea editorial del medio que de su capacidad para llegar a las audiencias con las que el gobierno tiene que comunicarse.
La discusión sobre los gastos de publicidad oficial de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto ha estado como un tema central después del primer debate presidencial. En aquella ocasión, el mexiquense le espetó a López Obrador que si la televisión hiciera presidentes, el tabasqueño sería el ganador por los millones de pesos que gastó cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La contestación del candidato de la coalición Movimiento Progresista no se hizo esperar: durante ese debate y posteriormente con algunos documentos que compartió con los medios de comunicación, acusó a Peña Nieto de que había gastado casi 700 millones de pesos tan solo en su primer año de gobierno.
El debate continuó en el programa de radio de Carmen Aristegui, y se intensificó al final de la semana pasada cuando The Guardian, uno de los principales periódicos de Inglaterra, dio a conocer documentos, que de confirmarse como auténticos, ayudarían a ratificar algo que Jenaro Villamil, periodista de Proceso, ha señalado desde hace siete años: el candidato del PRI hizo una alianza con Televisa para adquirir publicidad integrada y cobertura favorable en noticieros y programas de entretenimiento.
Ante los documentos revelados por The Guardian, se hace evidente otra de las deudas de la democracia: no hay suficiente transparencia presupuestaria para conocer gastos tales como los de publicidad oficial en todos los niveles de gobierno (y de todos los partidos políticos). A pesar de que hay informes tanto de la Cuenta Pública como de otras instancias de gobierno (la secretaría de Gobernación a nivel federal), la inconsistencia de las cifras entre estos informes, las opiniones de algunos expertos y los documentos que han obtenido tanto Villamil como The Guardian generan serias dudas sobre si existe una cifra negra en este gasto.
Se requiere una relación más democrática entre gobiernos, medios de comunicación y ciudadanos, que tenga reglas claras y fomente la comunicación sobre derechos humanos, leyes y políticas nuevas. La publicidad oficial, una herramienta que está diseñada para comunicar y, en el mejor de los casos, hacer transparente un gobierno, en México es una clara muestra de cómo la transición democrática nos ha quedado a deber. Por lo mismo, y ahora más que nunca, es indispensable que los gastos en publicidad oficial, como todos los demás gastos del gobierno, sean absolutamente transparentes.
*Diego de la Mora
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