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Legislar para todos o sólo para unos cuantos: leyes de transparencia en México

El proceso legislativo es algo que me ha intrigado desde niña. Las discusiones alrededor de las propuestas de ley, cómo una idea se convierte en ley con el afán de mejorar las condiciones de vida de las personas y la convivencia entre las mismas. Pero de pronto crecí y entendí que los debates en las cámaras son algo distinto a lo que había imaginado. Acuerdos políticos tras bambalinas permiten que una propuesta de ley avance o se estanque. Se requiere de grandes presiones para lograr tener una ley que beneficie a la mayoría de las personas, los intereses privados se encuentran perfectamente representados y para ellos sobran recursos humanos y materiales para convencer a las y los legisladores de la conveniencia de aprobar ciertas leyes o frenar otras.

En un contexto en donde las malas leyes pululan y las propuestas desde la sociedad se frenan en seco o se acotan al aprobarse, no deja de sorprenderme cuando se obtienen ciertas victorias que se traducen en el beneficio de la mayoría. Tal es el caso de las leyes de transparencia; con la reforma constitucional reciente, la cual no fue necesariamente un proceso sin contratiempos, se inició un proceso amplio de reformas a las leyes de transparencia. Cabe decir que avanza lento, muchos congresos locales están a la espera de las leyes secundarias en la materia para poder seguirlas en sus propios procesos de reforma, pero desafortunadamente tenemos a un Congreso federal atorado “discutiendo” otras leyes secundarias y hasta el momento han dejado las de transparencia, datos personales y archivos de lado.

Pero algunos estados no se están esperando, y si no están presentando iniciativas, por lo menos están discutiendo el tema. Tal es el caso de tres estados a los cuales hemos tenido la oportunidad de acompañar en sus procesos de discusión sobre la reforma a sus leyes de transparencia. El primero es Coahuila, quien el 22 de mayo presentó una iniciativa de ley que de aprobarse será la mejor en México según el estándar de medición de calidad de leyes de transparencia, el IDAIM. En este estado se llevarán a cabo foros de discusión sobre la iniciativa los días 9 al 11 de julio en cinco ciudades del estado. El segundo caso es Sinaloa, en donde curiosamente hay varias iniciativas para reformar la ley de transparencia, muchas heredadas de la legislatura pasada, pero que ha decidido hacer una pausa y esperar a las leyes secundarias, aunque ha comenzado a discutir con organizaciones de la sociedad civil los elementos que deben integrarse en la propuesta de reforma de ley. Por último está el estado de Oaxaca, estado al que ayer visitamos desde Fundar para presentar los resultados del IDAIM y abrir el diálogo en torno a una propuesta de ley. Tanto el gobernador del estado como la COTAIPO, el órgano garante de la transparencia del estado, mostraron interés en comenzar a trabajar una propuesta legislativa que integre los más altos estándares legales para la garantía y protección del Derecho de Acceso a la Información.

Así, estas tres experiencias, con sus matices, nos permiten pensar en que por lo menos en legislaciones sobre transparencia encontramos voluntad política; pero sobre todo, parece indicar que quienes marcarán la pauta en el proceso de reforma a las leyes de transparencia serán los estados. Desde Fundar recibimos con agrado la disposición de estos gobiernos, sobre todo de Coahuila quien ya ha presentado una iniciativa de avanzada y de Oaxaca quien parece estar dispuesta a trabajar sobre una propuesta de ley de alto nivel. Esperamos que más estados se sumen a esta sana competencia por ver quien tiene una mejor ley de transparencia.

*Renata Terrazas