Derivada de discusiones que parecían interminables entre los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos públicos autónomos y una larga lista de expertos en la materia, hace menos de dos semanas que la tan esperada Ley General de Transparencia (LGT) fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora espera solamente su promulgación por parte del Ejecutivo Federal.
La aprobación de la LGT es motivo para celebrar ya que representa un avance significativo en la construcción de marcos normativos más adecuados para la garantía del derecho de acceso a la información pública (DAI). No sólo incluye mejores estándares de protección al DAI sino que sienta las bases para la homologación de leyes de transparencia en los estados.
Uno de los mayores retos en el ejercicio del DAI se deriva de marcos normativos deficientes en la mayoría de estados. Un ejemplo: según el Índice del Derecho de Acceso a la Información (IDAIM) en 2014 eran 25 leyes de transparencia las que no reconocían el DAI como derecho humano, tal cual lo establece la reforma constitucional de 2007.
La falta de homologación se observa también en la distancia entre las leyes, desde la conceptualización del DAI y el diseño institucional hasta el procedimiento mismo de acceso a la información. Si bien el federalismo garantiza que cada estado conserve una cierta autonomía, ésta no debe ejercerse para la limitación de un derecho humano como lo es el DAI.
Uno de los objetivos principales de la reforma constitucional de 2014 y por lo que se decretó la creación de una ley general fue atender la disparidad de las leyes de transparencia en las entidades federativas. Una vez aprobada la LGT está en la cancha de los estados la homologación de sus leyes con los principios constitucionales tal y como lo establece la ley general.
Pero, aun cuando la LGT sea el punto de partida para la homologación de las leyes, es necesario identificar aquellos casos en los que las propias leyes locales contengan disposiciones más garantes; por ejemplo, los tiempos de respuesta. La LGT contempla plazos mayores a la mitad de los estados, por lo que éstos no deben tomarse como un estándar sino como un límite máximo.
Incluso podemos identificar algunos casos en donde leyes locales, como la de Coahuila y el Distrito Federal, presentan elementos más garantistas que la propia LGT; sin embargo, hay un grupo de estados que se han rezagado en la construcción de marcos normativos de transparencia y no han reformado sus leyes en concordancia con los cambios en la Constitución.
Hidalgo, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, Yucatán y Campeche son estados que en mediciones de transparencia quedan como último lugar. En el IDAIM 2014 estos estados no alcanzaron siquiera la mitad de la calificación del índice, convirtiéndose en las peores leyes de México.
El reto ahora es evitar que dichos estados continúen rezagados y logren incorporar en sus leyes los principios constitucionales y creen así marcos normativos adecuados para el ejercicio del DAI. El problema con ello es que requerirá de la participación y vigilancia de dos actores importantes en los procesos de discusión de las leyes que normalmente se encuentran ausentes: la sociedad civil y los órganos de transparencia locales.
Con el objetivo de mitigar el déficit en las leyes de los estados, en Fundar creamos el IDAIM como herramienta para la reforma de leyes de transparencia; sin embargo, sin el liderazgo de los órganos garantes -los cuales tienen como mandato la creación de las condiciones institucionales adecuadas para la plena garantía del DAI- y sin la participación de la sociedad civil como la principal interesada en el pleno ejercicio de este derecho, el resultado de las reformas puede no ser tan prometedor.
Así que, la cancha está en los estados, específicamente en los congresos locales y su obligación de legislar en la materia, pero también en los órganos de transparencia y su obligación de construir las condiciones para el ejercicio de este derecho.
