Hay que aceptarlo: para el Estado, la defensa de la imagen institucional suele ser más relevante que la defensa de los derechos humanos. Se ofrece una disculpa a la “sociedad agraviada”, se habla de castigo, pero no se habla de reparación a la víctima ni exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura.
Mucho que analizar en el lenguaje gubernamental sobre los hechos evidentes de tortura. Si la consigna sempiterna es de rechazar abiertamente el carácter generalizado de la tortura, ante evidencias claras se culpabiliza a la cadena más sometida de sus propios elementos (soldados y policías). Si el agua llega hasta el cuello se desmiente diciendo que llega a los talones.
Tienen que llegar lastimosas evidencias, como la de la joven torturada por elementos del ejército y policía federal, para que se tenga una discusión interna y medianamente seria sobre el tema de tortura. El general Salvador Cienfuegos pidió una disculpa a la “sociedad agravada”; sermoneó a la tropa: “no se conviertan en delincuentes”, y ofreció castigo en su fuero y en el civil, donde no tiene jurisdicción.
Sin embargo, no pudo dejar a un lado esa actitud tan incorporada de protección a la estructura militar, insistiendo una vez más que eran casos aislados que no dañan su prestigio de cien años. Hay que aceptarlo: para el Estado, la defensa de la imagen institucional suele ser más relevante que la defensa de los derechos humanos. Se ofrece una disculpa a la “sociedad agraviada”, se habla de castigo, pero no se habla de reparación a la víctima ni exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura.
Esto es la defensa del método. Método arraigado a las formas de investigación en México, documentado en mayor medida desde las primeras represiones en la década de los años sesentas y la llamada guerra sucia hasta el repunte con la salida del ejército a las calles en 2006.
¿Cómo es posible sostener que es aislada una práctica que no se ha erradicado, que es comúnmente utilizada por todas las corporaciones de seguridad y las fuerzas armadas y que tenga sólo seis sentencias por ese delito en un período de 11 años? Lo único aislado sería el “principio de realidad” del Estado mexicano, como lo señaló el comisionado de la CIDH Enrique Gil. Realidad que se rechaza sistemática y cínicamente por los voceros gubernamentales, llegando incluso a generar tensiones con organismos internacionales de protección de derechos humanos.
“¿Ya te acordaste? ¿Quieres más? ¿Quieres agüita? ¿Quieres toques?” son las palabras que en el video profiere la soldado a la joven, mientras es instruida por un policía federal para asfixiarla. Estas torturas –violencia psicológica, descargas eléctricas y asfixias– son sólo parte de un inmenso catálogo[1] que permanece presente en las instituciones armadas, de seguridad y de procuración de justicia, entre otras. Gracias a la difusión de este crudo video, en la última semana mucha gente ha escuchado y hablado de la palabra tortura y la ha asociado al Ejército y a la Policía Federal. El fenómeno de la tortura es tal severo cómo lo vivió Elvira Santibáñez Margarito, quien aún sigue presa en un penal de máxima seguridad en Tepic, probablemente con su confesión como prueba principal y sin disculpa pública individualizada.
En plena etapa de elaboración de la nueva Ley General contra la Tortura, es imprescindible considerar los datos y efectos que nos muestra el video: la tortura es generalizada, es un método de investigación penal, cuando es investigada no es de manera inmediata, es considerada por el Estado como un agravio aislado, la prueba obtenida no se excluye inmediatamente del proceso penal, no se indaga más sobre los superiores jerárquicos responsables y no se sanciona. Todo esto, en lugar de prevenirla, incentiva su práctica y genera impunidad. Esta impunidad que las víctimas de delitos han señalado y que seguirá en la medida en que esos sean los métodos de investigación. Pero este fenómeno no es de una semana y no se origina en un video; la práctica generalizada e institucional de la tortura ya ha sido señalada por mucho tiempo por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos[2].
Hoy en día, y ante tanto compromiso del Estado para erradicar esta práctica y tener “tolerancia cero”, sería bueno que compartieran a la sociedad cómo erradicarán todo el fenómeno de la tortura. ¿Qué capacitaciones serias impartirán? ¿Cómo profesionalizarán sus agencias y métodos de investigación? ¿Cómo controlarán la complicidad entre servidores públicos? ¿Cómo prevendrán la tortura? ¿Cómo la consignarán? ¿Respetarán las resoluciones justas que señalen que la confesión fue el método para sostener una falsa acusación? ¿Serán capaces de investigar o demostrar la culpabilidad de una persona sin necesidad de torturar?
