Casi han pasado 10 años desde que se condonaran y cancelaran un total aproximado de 200 mil millones de pesos en impuestos, y el SAT ha impedido por todos los medios posibles que la ciudadanía conozca los detalles de una política pública que benefició principalmente a los grandes contribuyentes.
La Constitución es muy clara: las resoluciones del INAI deben ser acatadas incondicionalmente. Sin embargo, cuando se trata de defender a grandes contribuyentes, para el SAT eso no tiene ningún sentido.
Desde que en 2007 se llevó a cabo el primer programa masivo de amnistía fiscal, los ciudadanos que han intentado conocer el nombre de las personas físicas y morales que se han beneficiado con dichos programas no han tenido éxito. Casi han pasado 10 años desde que se condonaran y cancelaran un total aproximado de 200 mil millones de pesos, y el SAT ha impedido por todos los medios posibles que la ciudadanía conozca los detalles de una política pública que benefició principalmente a los grandes contribuyentes. Lo mismo ha sucedido con el programa realizado en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde se perdonaron más de 184 mil millones de pesos, lo equivalente a más del doble del presupuesto que en 2016 se destinará para atender a los 57 millones de afiliados al Seguro Popular.
En teoría, los programas de amnistía fiscal tienen el objetivo de lograr que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones y mejorar la eficiencia recaudatoria del estado. En otras palabras, lo que se busca con este tipo de políticas es que el fisco recupere en el corto plazo una parte proporcional a lo que el contribuyente le debe, en lugar de iniciar procedimientos jurídicos que toman mucho tiempo y que le cuestan recursos al estado. Sin embargo, cuando estos programas son realizados continuamente y sin los controles necesarios, el contribuyente preferirá incumplir unos cuantos años con sus obligaciones fiscales porque tiene la certeza de que, al final del día, lo que deba le será perdonado. Esto fue precisamente lo que sucedió en nuestro país.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los grandes contribuyentes que fueron beneficiados con el programa implementado durante el primer año de Felipe Calderón, fueron favorecidos nuevamente en 2013, y a muchos de ellos ni siquiera se les intentó cobrar alguna deuda durante los seis años que transcurrieron entre ambos programas de amnistía. El siguiente dato ofrecido por la ASF es, por lo menos, alarmante: tan sólo 15 contribuyentes dejaron de pagar más de 46 mil millones de pesos en 7 años, lo que equivale al triple del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para este 2016.
El INAI ha entendido que conocer los nombres de los contribuyentes es información de alto interés público y que permitiría llamar a cuentas a las autoridades fiscales. Así, en más de 20 ocasiones ha ordenado que se revele la información en materia de condonación y cancelación de créditos fiscales, pero el SAT se ha resistido a cumplir las resoluciones. Ante este incumplimiento sistemático, el INAI ha presentado denuncias ante la Secretaria de la Función Pública, pero ésta se ha negado en todos los casos a sancionar a los servidores públicos que han violado la Constitución.
Con la reciente entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el SAT se encuentra obligado a revelar los nombres de las personas que reciban la condonación y cancelación de créditos fiscales. Desde entonces, el SAT ha comenzado a publicar dicha información, pero continúa negándose a dar explicaciones sobre lo que sucedió apenas hace unos cuantos años. Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, seguiremos exigiendo respuestas y buscando las alternativas jurídicas para acceder a la información, pues la opacidad no debe continuar siendo utilizada para favorecer a los más poderosos.
