Vivimos en un contexto donde los recursos naturales se han vuelto la fuente principal para el funcionamiento del sistema capitalista. Dentro de todos los recursos, el agua creador de vida y elemento vital para la continuación de diversos pueblos indígenas se encuentra en peligro como lo demuestra la lucha que ha encabezado por años el pueblo Yaqui.
La semana pasada en un foro sobre el papel del poder judicial frente al conflicto de la Tribu Yaqui en defensa de su territorio, Tomás Rojo –vocero de los yaquis- señaló que su territorio es la identidad de su pueblo y que el gobierno desde 1756 ha querido robar sus recursos naturales, pues están más interesados por las inversiones y ganancias económicas que estos proyectos de infraestructura generan que por los derechos humanos de los yaquis.
También, se habló sobre los daños irreparables que ocasiona la operación del Acueducto Independencia contenidos en un peritaje antropológico hecho por el INAH. En él, se exigen dos cosas primordiales: 1) La eliminación, cancelación o cierre del Acueducto Independencia y 2) La construcción de relaciones interétnicas fundadas en principios de simetría, inclusión y pluralidad estableciendo puentes de diálogo.
De igual forma, la Misión Civil de Observación de la consulta a la Tribu Yaqui quién ha monitoreado la consulta previa hacia los yaquis, plantea varias recomendaciones al Estado mexicano en la actualización de su informe presentado el 11 de febrero del presente año. Y una de esas recomendaciones es la no operación del Acueducto Independencia porque ocasiona daños irreparables y que se respete el consentimiento libre, previo e informado de la Tribu en sus decisiones.
A dos años de la resolución de la SCJN, la cual señala la realización de una consulta previa a los yaquis, ésta sigue sin cumplirse y las condiciones en que se ha dado la consulta se han agravado. Se han encarcelado a dos compañeros yaquis, Fernando Jiménez y Mario Luna, hay órdenes de aprehensión hacia demás miembros de la Tribu, han sufrido hostigamientos y amenazas, la consulta no ha finalizado aún y el Acueducto Independencia sigue operando en la ilegalidad.
Bastantes pruebas visibilizan las violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano hacia la Tribu Yaqui. El aspecto jurídico ha desempeñado un papel relevante -como la exigencia de realizar la consulta previa-, pero también ha sido una limitante para garantizar derechos como lo demuestran los siguientes hechos:
- En 1940 por un decreto expedido por Lázaro Cárdenas se les concede el derecho del 50% del agua del Río Yaqui;
- En el 2010 el gobierno de Sonora otorga el permiso para la construcción del Acueducto;
- En el 2011 a raíz de los permisos se ampara la Tribu Yaqui por no ser consultados por la construcción del Acueducto;
- En el 2012 la SCJN atrajo el caso y confirma el amparo favorable hacia los yaquis;
- En el 2013 la sentencia sigue sin cumplirse y;
- En el 2014 sigue sin ejecutarse la sentencia.
Cabe mencionar que en enero de este año, la SCJN resolvió una controversia constitucional de dos municipios de Sonora Cajeme y San Ignacio, donde dejó sin efectos una Autorización de Impacto Ambiental pero sin ordenar que deje de operar el Acueducto. Lo anterior es preocupante pues deja que una obra opere sin un permiso fundamental lo que da más herramientas para revelar el mal uso del derecho pues este hecho viola la propia Constitución mexicana y diversos Tratados Internacionales como el Convenio 169 OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas.
Ante ello, existen varias preguntas fundamentales que desde siempre se han planteado ¿qué papel desempeña el derecho frente a este tipo de conflictos? ¿será el derecho la vía para resolver el problema? Las respuestas pueden ser varias, desde que el derecho no funciona porque éste es utilizado siempre para los beneficios de ciertas élites, o si puede ser una herramienta de emancipación de los pueblos indígenas.
La verdad de todo ello, independientemente de donde uno se posicione, es que se necesita del derecho para enfrentar problemas, ser respetado y tener la posibilidad de defensa frente a un Estado que aún inciste en una población homogénea.
Lo más alarmante es que se dé batalla por los bienes comunes, que como su nombre lo indica son comunes para todos y todas, necesarios para la vida de toda persona. En conclusión, termino con una frase contenida en el peritaje antropológico presentado en el foro, “El río Yaqui le da el nombre a la Tribu, no la Tribu al río”.
Silvia Ruíz
http://www.sinembargo.mx/opinion/09-03-2015/32540
