Tuvieron que pasar décadas para que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) comenzaran a ser una agenda visible en ámbito interamericano. Este giro inusitado es resultado del ascenso al poder de gobiernos progresistas latinoamericanos que han tomado como bandera la justicia social, y también gracias al empuje de organizaciones, movimientos sociales y sindicatos en defensa de los DESC a nivel regional.
Pequeños pero importantes han sido los pasos dados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en este andar hacia el reconocimiento de los derechos sociales. En primer lugar, la puesta en vigor del Protocolo de San Salvador (1988) –primer instrumento regional que incorpora en bloque los DESC-. Segundo, la más reciente creación de una Unidad especializada en DESC (2012), que para finales del próximo año tendrá el rango de una Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este contexto, la Unidad DESC, cuyo titular es el Comisionado Paulo Vannuchi, realiza consultas regionales con actores sociales en las Américas con el objetivo de conocer de primera mano la situación que presentan los DESC.
El tercero de estos encuentros tuvo lugar, en días pasados, en México. Las más de setenta organizaciones participantes transmitieron a la CIDH su preocupación, entre otros temas: por las reformas estructurales aprobadas por el Congreso –especialmente la energética- y sus graves impactos a derechos humanos. Consideraron, que estas leyes profundizarán el modelo actual de desarrollo, caracterizado por el despojo de las tierras, territorios y recursos naturales de comunidades. También se alertó sobre la criminalización a defensores de derechos sociales y ambientales, así como la falta de libertades sindicales para los sindicatos de trabajadores independientes. Otros focos rojos en los que insistieron son: la falta de cumplimiento de sentencias por parte del gobierno mexicano en materia de DESC y consulta previa, además de la ausencia de políticas sociales con perspectiva de derechos.
Entre las peticiones concretas que se le hicieron a la CIDH por parte de las organizaciones mexicanas estuvo la necesidad de que encaminen acciones firmes para la protección de los DESC en México. De igual manera, que la nueva Relatoría Especial aborde su trabajo desde una perspectiva de universalidad e interdependencia de los derechos y contemple los temas ambientales. Se expresó que debe hacerse un seguimiento a estos procesos de consulta regional con la finalidad de que se plasmen en el plan de trabajo de la Relatoría.
Emilio Álvarez Icaza, en calidad de Secretario Ejecutivo de la CIDH, hizo un llamado a empatar las expectativas de las organizaciones con las realidades, con el objetivo de avanzar en el trabajo de la Unidad y la articulación con las Relatorías. Asimismo, informó que a finales del presente año se contará con el Plan de Trabajo y las Directrices para el nuevo Relator Especial que será puesto a consideración de los Comisionados de la CIDH. En el ámbito de la promoción, valoró profundamente la participación de diversas organizaciones, movimientos y activistas que puedan integrarse al diálogo y trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sin dudas, estamos en presencia de pasos alentadores con miras a que la agenda social encuentre cabida en el SIDH y que el proceso vaya de la mano con la participación de los actores sociales. Sin embargo, la expectativa mayor es que el Sistema avance de forma sustantiva en la protección de los DESC a nivel regional y que los grupos afectados encuentren en él un mecanismo eficaz ante violaciones que no encuentren respuesta en sus estados nacionales. Sólo así podrá cumplir con esta asignatura pendiente.
