Por primera vez en su historia, México cuenta con una política de Estado en materia migratoria: el Programa Especial de Migración (PEM). Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril 2014, junto con otros programas importantes —como el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación— que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Conformado por cinco objetivos y diversas estrategias y líneas de acción, el PEM busca articular el trabajo entre diferentes dependencias y niveles de gobierno con el bienestar del migrante como objeto, tomando en cuenta los procesos de origen, tránsito, destino y retorno.
La publicación del Programa Especial de Migración es una buena noticia. En primer lugar, porque no existía una política clara y que correspondiera a la importancia que este fenómeno tiene en nuestro país. En segundo lugar, es muy buena noticia que el PEM fue elaborado a través de un proceso participativo: además de los foros formales de consulta con todas sus limitaciones, hubo un proceso de colaboración cercana entre la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y grupos de la sociedad civil (incluido el Colectivo PND-Migración). Sin embargo, es importante reconocer los desafíos enormes que existen para la implementación y coordinación interinstitucional que requiere este programa.
Los hechos de las últimas semanas demuestran que el contexto para que el PEM sea un éxito es adverso. Los objetivos y estrategias del Programa Especial de Migración confirman que los derechos humanos y el desarrollo son características centrales de esta nueva política migratoria. El PEM también aborda, en sus propias palabras, “cuestiones operativas a favor de las personas migrantes, de sus familiares y de quienes defienden sus derechos humanos” —como son la gestión migratoria, la integración y reintegración, y al acceso a la justicia—. Es importante mencionar que las ambiciones de este programa no se ven traducidas en indicadores que den cuenta del impacto en las condiciones de vida de las personas migrantes. Aunque esta debilidad seguramente refleja la dificultad de cuantificar cuestiones tan dinámicas y complejas, es urgente empezar a generar la información necesaria para una adecuada rendición de cuentas respecto a la política migratoria. Sobre todo si se pretende subsanar con ella los abusos y violaciones a derechos humanos de migrantes. El mismo día que se publicó el Programa Especial de Migración, el Instituto Nacional de Migración, las Policías Federal y Estatal realizaron un operativo en Tabasco para detener alrededor de 300 personas migrantes que iban en camino a los Estados Unidos.
Según testimonios, se hizo uso excesivo de fuerza y fueron agredidos dos reconocidos defensores de derechos humanos. Las personas migrantes no tuvieron acceso a mecanismos de justicia y en lugar de obtener visas humanitarias por haber sido agredidos, fueron deportados pocos días después a sus países de origen. Sobra decir que estos hechos van en contra del espíritu de la Ley de Migración y el recién publicado PEM, e irónicamente se cometieron el mismo día de su publicación. Al no permitir el monitoreo de los operativos y los procesos de deportación se imposibilita la investigación y la reconstrucción de la verdad de los hechos. A pesar de las fuertes críticas, pocos días después se dio otro operativo en Palenque donde fueron detenidos alrededor de cien migrantes. Estos lamentables operativos y los procesos de deportación inmediata no son nuevos, pero los grandes grupos de migrantes que van caminando son mucho más vulnerables a ellos. Es importante mencionar que el operativo de Tabasco se dio pocos días después de que una caravana de más de mil personas migrantes llegó a la Ciudad de México para exigir su derecho al libre tránsito frente a las autoridades federales. Es muy probable que existan muchos más grupos de migrantes caminando, porque los operadores del tren “la Bestia” no están dejando que los migrantes suban en la ruta por Veracruz (debido a una denuncia contra las empresas por parte del gobernador Javier Duarte).
Así que si mil personas pudieron pararse frente a las autoridades y exigir su derecho al libre tránsito, ¿por qué no podrían todos los demás? Todavía es difícil imaginarse cómo un programa nuevo pueda corregir de forma inmediata estas prácticas institucionales contrarias a las normas y estándares internacionales; sin embargo, es urgente que se conozca, se implemente y se cumpla con el Programa Especial de Migración.
Por: José Knippen
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