Los funcionarios de Hacienda nos repiten hasta el hartazgo de que pese a los ajustes en elpresupuesto para el 2016 se resguarda el gasto social, es decir, pese a los recortes no se afectarán las áreas sociales clasificadas como prioritarias.
Ante tal avalancha de certezas, más que nunca es necesario el análisis minucioso de los montos, en caso de que las declaraciones omitan los detalles.
Al revisar peso por peso uno de los recursos más importantes de la política social, el gasto en salud, se evidencian las disminuciones ejercidas en su presupuesto. En consecuencia se afecta el presupuesto público que engloba una serie de recursos financieros y en insumos que la Federación mediante la Secretaría de Salud transfiere a las entidades federativas, a los establecimientos de salud hospitalarios, a los institutos de especialidad y además se deteriora a la propia Secretaría de Salud federal y sus dependencias.
En resumen, se merma la principal fuente de financiamiento para los servicios de salud estatales, y las funciones que normativamente la Secretaría de Salud debe cumplir, las cuales están definidas en la Ley General de Salud, tales como: 1. El control, la evaluación y la investigación científica de la prestación de servicios de atención médico; 2. Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas y estrategias en materia de prevención y promoción de la salud, control de enfermedades…; 3. Registrar la extensa información en salud.
En pocas palabras conducir la política pública en salud revisando y valorando que los procesos organizativos de la prestación de los servicios sean acordes a los planes de salud, a los requerimientos de la población, y a su nuevas necesidades, todo en un marco de derechos humanos, con calidad en la atención, y con recursos suficientes para que los programas realmente se cumplan.
Si en el presupuesto 2015 estos recursos tuvieron un ínfimo aumento de un 0.50 % en comparación al 2014, en un contexto de enormes rezagos en la disponibilidad de atención en salud, para el próximo año la administración federal propone en el proyecto de presupuesto 2016 (PEF) una reducción alarmante de un -6.73 %. En ninguna parte del documento presupuestario se explica cómo esta disminución afecta o no a las responsabilidades de conducción de la Secretaría de Salud y ojo con el discurso público de que el recorte afecta al llamado gasto corriente de tipo administrativo, como si esto no tuviera consecuencia alguna, cuando como hemos visto las funciones de la Secretaría de Salud puntualmente implican ese tipo de gasto administrativo.
Otra alerta en la disminución del presupuesto en salud es la correspondiente al Seguro Popular (mecanismo operativo del Sistema de Protección Social en Salud), con una disminución de un -2.17 % en comparación al presupuesto 2015. No es casual donde un sistema que se justifica mediante la cobertura de la población, elimine de su estrategia programática para el presupuesto 2016 la meta de afiliación para dicho año, pero no sólo eso, sino que se presenta en blanco específicamente el indicador de la afiliación en el primer quintil de ingreso, es decir se abandona el compromiso de otorgar salud a los más pobres de los pobres.
A todas luces tal previsión de recursos incumple la Ley General de Salud que en el Artículo 77 bis establece el derecho que todas y todos los mexicanos tienen de ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. 1, El recorte de 1, 670.50 pesos reales (ya con agregación de la inflación) al Seguro Popular no sólo afecta la incorporación de más personas a un mecanismo de protección en salud con una serie de prestaciones sino que debilita la ampliación del catálogo de intervenciones definidos en el Seguro Popular. Baste recordar lo dicho por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2013: “En 2013, las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaron el 2.4% de los 14,176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, de la Organización Mundial de la Salud.” Se está ante un enorme déficit de atender los eventos en salud que afectan a la población, para lo cual se requieren insumos en salud, medicamentos, instrumental médico, servicios quirúrgicos, recursos humanos sensibilizados y capacitados, infraestructura en salud que fortalezca las redes de atención, todo ello sin que implique un desembolso en dinero de la población.
Nuevamente nos topamos ante el riesgo de incumplirse con la Ley General de Salud, donde en su Artículo 35. se regula la gratuidad de la atención por las condiciones socioeconómicas de los y las usuarias. 35. Si a tal obligación se le mira conforme al Estudio de Satisfacción de usuarios del Seguro Popular que la propia Secretaría de Salud elaboró en el 2014, investigación en la cual las y los afiliados declararon el cobro de la atención, otra evidencia más de las fallas importantes en asegurar la atención en salud.
Mayor tensión normativa se genera si también se analiza conforme a las obligaciones constitucionales de cumplimiento de la protección y derecho a la salud, y acorde al marco internacional de derechos humanos, el cual señala los principios de progresividad y no regresión de los recursos para el resguardo de dichas obligaciones de la Constitución. Es evidente que el proyecto del presupuesto 2016 en salud no está pensado para consumar esos propósitos.
En resumen, el recorte no se resuelve con tacharlo de gastos administrativos, no cuando el modelo presenta serias fallas en financieramente garantizar el derecho a la salud, y menos aun cuando es claro que la asignación del presupuesto en salud 2016 por un lado afectará precisamente a la que en la norma dice ser la prioridad, las poblaciones de menos ingresos; y por el otro disminuyendo aún más las herramientas para la gestión rectora de la Secretaría de Salud.
Las y los diputados cuentan con la facultad de revertir esta situación, por lo menos corrigiendo el déficit de recursos financieros, y elaborando una meta de afiliación para el primer quintil.
Daniela Díaz
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