Candelario Lara López es campesino en San Pedro Ecatepec, Tlaxcala. Necesita 14 mil pesos para sembrar una hectárea de alfalfa y 100 mil pesos para remover la tierra y retener agua en jagüeyes. Pero eso es una fortuna para él. Por eso ha solicitado un subsidio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que mantiene varios programas destinados al fomento para la producción agropecuaria. Pero para él como para muchos campesinos, los trámites son un laberinto, y por un papel que le faltó finalmente no lo tomaron en cuenta.
Historias como la de Candelario hay muchas en el campo mexicano. Y las cifras lo comprueban: Una investigación publicada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación ha revelado que los subsidios al campo no les llegan a los pequeños y medianos agricultores, sino que se concentran en las manos de las grandes empresas agropecuarias que no necesitan recursos públicos. En el sexenio pasado (2006 a 2012), por ejemplo, el 60 % de los recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), se destinó sólo al 20% de productores beneficiados. Esto quiere decir, que el otro 40% se distribuyó entre el 80% de los beneficiarios. Además, en los municipios rurales de bajos ingresos, Procampo llegó solamente a 7% de los campesinos que tienen menos de una hectárea, a 19% de los que tienen de una a dos, y a 39% de los que tienen de dos a cinco hectáreas.
En cambio, entre los principales 10 beneficiarios del programa están empresas que cuentan con más de 20 hectáreas, y algunas incluso son sociedades de producción rural que pertenecen a grupos industriales grandes. Agrícola Ohuira de Sinaloa, por ejemplo, que ocupa el sexto lugar en la lista de los más beneficiados, según nuestra investigación es filial del grupo Ingenio Azucarero de Los Mochis, presidido por Alejandro Elizondo Macías. Y en seis años se llevó nada más y nada menos que 23 millones 779 mil 635 pesos.
Apoyar a los grandes agricultores no tiene nada malo, siempre y cuando al mismo tiempo no se excluyan de los subsidios a la mayoría de los agricultores de más bajos ingresos que tienen menos de cinco hectáreas. De esta forma la política pública agropecuaria de este país está contribuyendo y hasta agraviando la brecha social y la desigualdad que existe en el campo mexicano. Es más, los subsidios incluso caen en manos de narcotraficantes, políticos con conflictos de interés en el sector y funcionarios vinculados a la SAGARPA.
¿Pero porque es importante apoyar a la pequeña agricultura? Muy pocos lo saben, pero los pequeños productores son predominantes en el campo mexicano: El 68% tienen igual o menos que cinco hectáreas. Por ende, la pequeña agricultura produce una parte muy significativa de nuestros alimentos y tiene una fuerte presencia en la producción de maíz y frijol. A pesar de sus condiciones precarias para producir y a la falta de apoyos económicos gubernamentales representa el 39%de la producción agropecuaria. Además, la pequeña agricultura genera la mayor parte del empleo en el campo (tres de cada cuatro empleos). Y finalmente, los pequeños productores son importantes abastecedores de la agroindustria.
Por eso, desde Fundar exigimos una depuración del padrón de ProAgro (antes Procampo) y de otros programas públicos destinados al fomento para la producción agropecuaria y un rediseño hacia un verdadera política de apoyo a los pequeños y medianos productores. Además, los programas deben ser dotados de medidas de transparencia y ser aplicados con eficacia en la entrega de los apoyos, para que estos les lleguen a los campesinos cuando realmente lo necesitan, esto quiere decir: al momento de la siembra y no de la cosecha. La discusión de la reforma al campo que tendrá lugar en la última semana de agosto en el Congreso es una gran oportunidad para plantear y asentar esos principios.
