Desde hace unos días se dio la noticia de que Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, sería puesto en libertad luego de que un amparo reconoció que el Juez penal tercero, Manuel Octavio Palafox Ocaña, no había realizado un correcto examen de las pruebas al emitir el auto de formal prisión que lo sujetó al proceso penal.
Por más que fuera deseable la liberación del líder indígena, lo cierto es que sigue prisionero y atrapado en el sistema de injusticia sonorense, secuestrado por el Gobernador Guillermo Padrés Elias. El mismo que ordenó a la Procuraduría del Estado fabricar los delitos a Mario Luna y a otros integrantes de la Tribu Yaqui, por exigir el respeto de sus derechos humanos frente a la imposición ilegal del Acueducto Independencia.
El tema en realidad no es legal sino de persecución política por medio del uso arbitrario del derecho penal. Justamente el juez federal que amparó a Luna no hizo más que confirmar la burda valoración de las pruebas realizadas en el fuero local, sin embargo, no fue más severo y puso otra vez la pelota en la cancha del gobernante represor, lo cual no es nada esperanzador.
Por el momento quedan dos escenarios posibles. Que la Procuraduría recurra el amparo y el asunto regrese ante los juzgados federales, lo que retrasaría algunos meses más el proceso y la situación de encarcelamiento del vocero Yaqui. Lo anterior es lo más probable que suceda, salvo que un milagro o la presión social lo impidan. De ocurrir lo contrario y desistirse la Procuraduría, el Juez Palafox Ocaña cuenta con 72 horas para decidir la situación jurídica de Mario Luna, y tendría en sus manos resolver nuevamente sobre su libertad.
Como no se trata de la verdad jurídica sino de la fuerza política, la presión social es la que realmente puede influir en un cambio de conducta del gobierno estatal. Reconocidas organizaciones como Amnistía Internacional han alzado la voz avizorando el peligro de un juicio injusto y exigieron el respeto al debido proceso. Asimismo, acaba de lanzarse en Hermosillo la campaña de justicia Yaqui y presentarse el informe de la Misión Civil de Observación denunciando la violación a los derechos humanos de estas comunidades en el marco de la consulta ordenada por la SCJN. El sector académico también se ha pronunciado en cartas públicas las cuales han sido publicados en medios de circulación nacional.
El movimiento indígena y ciudadano se ha hecho presente en Ciudad Obregón y otras partes del país en manifestaciones de reclamo por la libertad de los compañeros Yaqui. Sea cual sea el desenlace del proceso penal, la protesta social no debe cesar hasta que Mario Luna y Fernando Jiménez sean liberados, y se detenga la operación ilegal del Acueducto Independencia que ocasiona un daño irreparable a ésta milenaria cultura.
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