México, un Estado que no está a la altura de sus mujeres

México, un Estado que no está a la altura de sus mujeres

Las violencia contra nosotras se ha vuelto cotidiana, como la discriminación, los prejuicios y otras actitudes de funcionarios públicos que deberían proteger nuestros derechos. La violencia que vivimos desde las instituciones agrava y revictimiza a quienes la han sufrido en carne propia.

México le ha fallado a sus ciudadanas en el combate a las violencias que padecemos. Le ha fallado en la protección a víctimas, en la prevención y esclarecimiento de los feminicidios y le ha fallado desde sus propias instituciones. Nos ha fallado y la comunidad internacional lo sabe.

El pasado 5 de julio, el Estado mexicano tuvo una cita con el Comité de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el primer tratado internacional que busca erradicar la discriminación y proteger los derechos de las mujeres, para sustentar su noveno informe periódico sobre la situación de las mujeres en México en los últimos 5 años.

 Fundar junto con la Red Nacional de Refugios y otras organizaciones de la sociedad civil denunciamos la alarmante situación de violencias que vivimos las mujeres en nuestro país y de la falta de respuestas del Estado mexicano para hacer frente a la magnitud del problema. Y ahí, frente a la mirada internacional, el Estado mexicano reconoció el lento progreso que han tenido los mecanismos normativos e institucionales que desde más de 10 años se han creado para atender las violencias contra las mujeres

Cada día, siete mexicanas son asesinadas por el hecho de ser mujeres y dos de cada tres viven alguna situación de violencia durante su vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 78.6% de las mujeres que vivieron alguna forma de violencia por parte de sus parejas no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, porque ellas mismas consideraron que se trató de algo “sin importancia”, que no le afectó. Las violencias contra nosotras se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, como la discriminación, los prejuicios y otras actitudes de funcionarios públicos que deberían proteger nuestros derechos. La violencia que vivimos desde las instituciones agrava aún más el contexto que es violento de por sí y revictimiza a quienes la han sufrido en carne propia.

De acuerdo con testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, entrevistadas por Fundar en un refugio de la Ciudad de México,[1] cuando llegaron al hospital a atender sus heridas nadie les preguntó el origen de sus lesiones físicas visibles o sobre su salud, ni les brindaron información de opciones de protección para tratar los impactos de las violencias en sus vidas como los refugios o los Centro de Justicia para las Mujeres. Esto a pesar de que la Norma Oficial 046 establece la obligación por parte del sector salud de detectar y atender a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia. Por otro lado, aquellas mujeres que acudieron a la policía o al Ministerio Público en búsqueda de protección, dijeron haberse sentido juzgadas y criticadas por los funcionarios que las atendieron y quienes les recomendaron regresar con el agresor.

El Estado mexicano tampoco ha garantizado que las mujeres cuenten con el apoyo institucional que requieren en todo el país. Una mujer en la Ciudad de México puede solicitar la interrupción legal del embarazo si fue víctima de violencia sexual, mientras que una mujer en Veracruz es criminalizada por solicitar el mismo servicio. Ni hablar de las mujeres indígenas que viven en municipios con alto rezago social, porque ellas enfrentan aún más obstáculos. Basta recordar el caso de Valentina Rosendo Cantú quien tuvo que esperar 16 años hasta que se juzgara a los militares que la torturaron sexualmente, y eso gracias a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El buen juez por su casa empieza. No basta saber cuánto personal médico ha sido capacitado y/o sensibilizado en derechos humanos y perspectiva de género; o cuántos estados han armonizado sus leyes para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Para empezar a transformar esta realidad, es importante visibilizar que existe esta discriminación en contra de las mujeres en la prestación de servicios, se llama violencia institucional y debe ser atendida

Por ello, desde sociedad civil creemos que este gobierno tiene la oportunidad de avanzar hacia la reconfiguración de las instituciones públicas con perspectiva de género, que coloquen a las mujeres en el centro de su actuación para revertir estos espacios de desigualdades. Las mujeres deben encontrar en el Estado a un aliado que las proteja, las empodere y les dé herramientas para defenderse de sus victimarios. El combate a la violencia de género es un camino largo, y los primeros pasos deben darse desde quienes representan a las instituciones.

[1] Más allá de las Leyes de Violencia Doméstica en América Latina: Los retos de los servicios de protección para mujeres sobrevivientes de violencia. Fundar. 2015.


[ Cecilia Toledo Escobar ]

[ Artículo en Animal Político]