En esta edición, correspondiente al año 2012, el RWI realizó el estudio en 58 países; para lo cual contó con el apoyo de organizaciones expertas en minería y petróleo. Para cada país, el índice evalúa aquel sector que supone un mayor ingreso para el Estado. En el caso de México es la industria petrolera, ya que aporta el 33.5% de los ingresos públicos. Sin embargo, debido al rápido aumento de la minería en el país —en la última década el PIB minero creció 575%— y a los fuertes impactos socioambientales que conlleva, Fundar, con el apoyo del RWI, decidió elaborar el índice también para este sector.  [ver más]

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http://fundar.org.mx/mexico/?p=10143

Ciudad de México, 16 de mayo de 2013

El pasado 15 de mayo de 2013, en Washington, fue presentada internacionalmente la segunda edición del Índice de Gobernanza de Recursos Naturales de la organización Revenue Watch Institute (RWI).[1] Este índice lleva a cabo un análisis de 58 países donde las actividades de extracción de riqueza mineral del subsuelo representan un componente importante tanto de su producto interno bruto (PIB) como de los ingresos del Estado. En conjunto, estos países producen el 85% del petróleo, el 90% de los diamantes y el 80% del cobre de todo el orbe. La edición que se presenta actualmente analiza información sobre transparencia, rendición de cuentas, regulación y gestión de las industrias extractivas en estos países para el año 2012.

México es uno de los países estudiados por el índice. Destaca por el papel importante que desempeñan los hidrocarburos en sus finanzas públicas (más del 35% de los ingresos del Estado) y la presencia de una de las empresas paraestatales más importantes del mundo: Petróleos Mexicanos (Pemex). Para la realización del índice en México, RWI contó con el apoyo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien realizó el análisis de las condiciones en que se lleva a cabo la extracción de petróleo en el país.

En términos generales, todo apunta a que México ha tenido un buen desempeño en los parámetros que analiza el índice. Este país obtiene una calificación de 77 (de 100 puntos posibles), lo cual lo coloca en el sexto lugar internacional en términos de gobernanza de las industrias extractivas, detrás de Noruega (98), Estados Unidos (92), Gran Bretaña (88), Australia (85) y Brasil (80). Ahora bien, una alta calificación para México no significa que en el país no exista aún mucho terreno por mejorar con respecto a la gobernanza de las actividades extractivas.

Factores estructurales, ajenos al marco legal e institucional de las actividades extractivas o a la conducta de las dependencias de gobierno encargadas de regularlas, inciden directamente en la calificación positiva que obtiene México. En Fundar hemos identificado por lo menos tres factores (aparecen según su orden de importancia) que empujan la calificación de México a la alza: a) la existencia de una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de vanguardia a nivel internacional; b) la existencia de la Auditoría Superior de la Federación (a pesar de que sus recomendaciones no dan pie a la apertura de procesos de rendición de cuentas); y, c) los procesos de redistribución de los ingresos federales (entre los cuales figuran los ingresos provenientes de las actividades extractivas) entre los estados y municipios del país según lo marca la Ley de Coordinación Fiscal.

No obstante, México presenta significativas carencias que llevan a esta calificación a la baja y que deben ser atendidas en lo inmediato, particularmente, de cara a la reforma energética en puerta: a) debilidad de los mecanismos de control del poder legislativo sobre los procesos de extracción de petróleo u otros minerales; b) los procedimientos de evaluación de impacto ambiental presentan serias deficiencias que reducen su función a la de un simple trámite administrativo, sin posibilidad de ejercer una protección efectiva del medio ambiente; c) a pesar de contar con un sustento constitucional, no existe en la práctica, un ejercicio efectivo del derecho a la consulta a poblaciones indígenas o a la participación de poblaciones no indígenas sobre las decisiones en torno a proyectos extractivos que afectan su territorio; d) no existen procedimientos de evaluación de impacto social en México; e) en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y regulación de los contratos establecidos entre Pemex y particulares, México recibe una calificación reprobatoria de 33 puntos de 100 posibles. Esto se debe a que Pemex no publica documentos fundamentales sobre las contrataciones, como son los fallos de licitación y los clausulados y anexos de los contratos; y, f) existe un manejo arbitrario y opaco, por parte del Ejecutivo federal, de los fondos que reciben recursos de los ingresos petroleros excedentes.

Es importante destacar que el índice de RWI se concentra exclusivamente en la industria extractiva dominante en cada país. Para el caso de México, el sector minero queda fuera del análisis. Esto es preocupante, puesto que esta actividad ha crecido en un 575% sólo en la última década, hasta representar casi el 5% del PIB de esta economía. A propuesta de Fundar, y con el apoyo de RWI, se retomó la metodología del índice para realizar un análisis de la gobernanza de la actividad minera en México. Este análisis permitió visibilizar importantes diferencias entre el régimen de extracción de hidrocarburos y el régimen minero en México, donde éste segundo obtiene calificaciones notoriamente inferiores.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados presentados por el RWI en su Índice de Gobernanza de Recursos 2012, para Hidrocarburos, y los resultados entregados por esta organización a Fundar para su análisis del régimen de gobernanza mexicano de las actividades mineras.[2]

En promedio, la calificación de México generada a partir del análisis exclusivo de su régimen minero es de 65 puntos de 100 posibles. La gobernanza del sector minero coloca a México en la posición 15 entre los países contemplados por el índice: nueve posiciones por debajo de la calificación que tiene a partir del análisis de la gobernanza del sector petrolero. Esto se debe a un marco regulatorio sumamente laxo, a la falta de transparencia con respecto a los procesos de entrega de concesiones mineras a particulares, a la transferencia mínima de recursos de las empresas mineras al Estado, a la falta de transparencia con respecto a cómo operan las empresas mineras (amparada por el secreto minero establecido en el artículo 7, fracción IX de la Ley Minera) y a la falta de transparencia con respecto a la transferencia de recursos al Estado (amparada por el secreto fiscal establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación). Todos estos temas deben ser contemplados en la reforma a la legislación minera que se discutirá en el tercer periodo de sesiones del Congreso, en conjunto con temas estructurales que afectan a sendas industrias extractivas como son el derecho a la consulta y la participación previos, libres e informados de los afectados potenciales por estos proyectos de extracción, así como mayores medidas de protección social y medio ambiental.

[2] Resumen de componentes de la calificación del Índice de Gobernanza de Recursos del Revenue Watch Institute:
Marco legal e institucional.- las leyes y sistemas que facilitan la existencia de un gobierno abierto con rendición de cuentas.

Prácticas de transparencia.- La información que el gobierno comparte, de facto, con el público.

Salvaguardas y control de calidad.- Los contrapesos institucionales existentes que vigilan el flujo de recursos.

Entorno facilitador: Las políticas de carácter amplio y la puesta en práctica de las mismas en favor de la consolidación de la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho.

En 2007 el SAT perdonó créditos fiscales por más de 74 mil millones de pesos. Desde Fundar implementamos una estrategia legal a través del uso de las solicitudes de acceso a la información para conocer los nombres de las personas, los montos y los criterios que utilizó la autoridad hacendaria para perdonar el cobro masivo de impuestos. Al discutirse este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se llegó a la conclusión de que el secreto fiscal debe prevalecer por encima del interés público. Sin embargo, lo anterior arroja muchas dudas. [ver más]

Me explico. La iniciativa promovida por los diputados Adolfo Bonilla y Marco Antonio Bernal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), misma que fue aprobada con algunas modificaciones en el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril, opera bajo el siguiente encuadre discursivo: la minería es una actividad que se traduce en crecimiento económico para el país y, por tanto, su promoción es deseable. Sin embargo, la renta generada por esta actividad no llega a las comunidades de las localidades donde ésta se realiza. Como las comunidades no perciben los beneficios de la actividad, se desatan conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Por tanto, si se distribuyera la renta minera entre los afectados directos de este proceso extractivo, el problema se solucionaría. Ni más ni menos. er más]

SSyR, fundamental para el desarrollo del país y para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres

La Coalición por la Salud de las Mujeres hace un llamado a las autoridades federales a que incorporen e integren en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales y Específicos de Acción, las demandas de la sociedad civil organizada que ha participado en las distintas consultas para el diseño del PND.

El PND estará listo en los últimos días de mayo y preocupa que las propuestas de la sociedad civil en materia de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) no se incorporen. A través del documento denominado “Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018”, la Coalición por la Salud de las Mujeres presenta una serie de recomendaciones específicas para que el Estado garantice y proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad como las indígenas, las adolescentes y las que viven con VIH.

A pesar de los avances en el país, la SSyR en México continúa siendo un reto pendiente. La incorporación de la salud reproductiva en el PND, desde un enfoque de Derechos Humanos (DH) y de género, permitirá abonar al desarrollo nacional, toda vez que las mejoras en las condiciones de la salud reproductiva tienen consecuencias positivas sobre las mujeres, sus familias y las comunidades. Garantizar el acceso a servicios oportunos y de calidad en SSyR amplía las oportunidades en la  vida de las mujeres, y de esta manera se contribuye al desarrollo socioeconómico individual, familiar y general.

Tema prioritario en la agenda política en salud: la salud sexual y reproductiva de las mujeres

La maternidad segura es un componente central de la SSyR que evidencia los avances y retrocesos en la materia y las condicionantes sociales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

La posibilidad de disfrutar de una maternidad voluntaria y saludable como la de experimentar embarazos y partos seguros y dar a luz hijas e hijos sanos, particularmente para las que viven en condiciones de vulnerabilidad (entre ellas las adolescentes, indígenas, quienes viven con VIH, en lugares alejados y en condiciones de pobreza), no constituye solamente un problema de atención médica, sino que tiene dimensiones sociales y de voluntad política a nivel nacional e internacional.

La Coalición por las Salud de las Mujeres insta al gobierno federal a incorporar al PND 2013-2018 las siguientes propuestas:

1. Incluir en la política pública un enfoque basado en DH y género, lo cual requiere desafiar la discriminación estructural que las mujeres enfrentan en diversos ámbitos, y ampliar la información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para reducir significativamente los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual.

2. Asumir la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar en la legislación a favor del derecho a decidir, y además  garantizar el acceso al aborto legal de acuerdo con todas las causales vigentes en los diferentes estados del país.

3. Incorporar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como ejes del PND, retomando los compromisos en DH signados por nuestro país con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

4. Establecer recursos financieros etiquetados,  y desarrollar una asignación progresiva del presupuesto para la política pública en salud en general y en salud sexual y reproductiva en particular, ciñéndose a los  principios transversales de los DH.

5. Incorporar en los indicadores y en los procesos de medición y evaluación, las normas y principios transversales de derechos humanos: la no discriminación, la igualdad, la indivisibilidad,  la rendición de cuentas, la participación y el empoderamiento.[1]

6. Priorizar el acceso universal a las intervenciones e insumos esenciales en salud materna y salud sexual y reproductiva de calidad de acuerdo con el Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio, el Programa de Acción de Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing.

7. Hacer frente a la necesidad insatisfecha de anticonceptivos como un objetivo en sí mismo y como respuesta a los derechos de las mujeres.

8. Fortalecer el carácter laico del Estado, no solamente en la Constitución y en las leyes secundarias, sino en especial en las prácticas constitucionales, en la vida diaria de las aulas escolares y de los centros de salud.

9. Incorporar el enfoque intercultural en todos los programas sectoriales de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de VIH, así como en las dependencias dedicadas a la atención de pueblos indígenas, en materia de salud, a fin de incorporar y usar en la toma de decisiones las variables de etnia, edad y estatus migratorio en los sistemas de registro de información en salud.

10. Garantizar el acceso a la información y orientación sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción y prevención de VIH, para toda la población, y particularmente para los grupos con mayores rezagos: adolescentes, mujeres con VIH y población indígena.

11. Consolidar la atención de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH desde una perspectiva integral, incluyendo pero no limitando a la prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita.

12. Existe una enorme laguna en la rendición de cuentas desde los elementos que componen el derecho a la salud. El ejercicio de los derechos sólo es posible en un marco normativo de rendición de cuentas y transparencia en la política pública, que permita el acceso, de manera oportuna, a información estratégica que incluya mínimamente la definición explícita de: a) los objetivos de políticas o programas, b) los responsables de su ejecución en los distintos niveles de gobierno, y c) los procesos implicados en su ejecución.

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“Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018”, disponible en http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PropuestaPND2013-2018.pdf

En dicho informe se detallan situaciones específicas en materia de regulación a los medios de comunicación desde el punto de vista de las organizaciones en cada uno de sus países. Contiene la diversidad de sus opiniones en base a sus experiencias y conocimientos en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho a la libertad de expresión. A su vez, brinda datos precisos que sirven para tomar conciencia del desarrollo y ejercicio de este derecho en base a “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente”, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Los medios de comunicación tienen la tarea de transmitir información y opiniones sobre asuntos de interés general que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera autónoma. El Estado debe impulsar el pluralismo informativo para que el flujo de informaciones y opiniones esté regido por el principio de equidad. En este sentido, la jurisprudencia internacional y la doctrina vienen reiterado que la existencia de medios libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos, son esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.

Desde la Alianza Regional trabajamos para fortalecer el derecho de libertad de expresión, teniendo en cuenta el valor de los aportes  de la sociedad civil en todos los procesos que se generan en los Estados, tanto en la discusión de políticas públicas sobre la regulación de los medios de comunicación, como en su implementación.

ARTÍCULO XIII, tiene el objetivo de informar sobre el estado de situación en materia de regulación de medios en la región, pretende ser una  herramienta que colabore con el desarrollo de profundos análisis sobre esta materia. Contiene claros indicadores que permiten hacer un monitoreo que alimente el estudio profundizado sobre su evolución de este tema en cada uno de los países.

Las organizaciones miembros que participaron de la elaboración de este informe son:

Acción Ciudadana (AC) – Guatemala;

Artículo 19 – Brasil;

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- Argentina;

Asociación Nacional de la Prensa (ANP)- Bolivia;

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador;

Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) – Uruguay;

Comité por la Libre Expresión (C-libre) – Honduras;

Espacio Público – Venezuela (organización observadora),

Fundación Democracia sin Fronteras – Honduras,

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia,

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua,

Fundamedios – Ecuador,

Fundar. Centro de Análisis e Investigación – México;

Fundación ProAcceso – Chile;

Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay;

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica;

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) –Perú;

Transparencia Venezuela – Venezuela

Descargue el Informe regional aquí.