Pasta de Conchos: punta del iceberg

La tragedia ocurrida hace siete años evidencia la situación de una industria ventajosa para los empresarios, crítica para los mineros.
Ciudad de México  (17 febrero 2013).- El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila, dejó sepultados a 65 trabajadores. Desde entonces, Grupo México y el gobierno federal han impedido que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por el siniestro. Los deudos de los trabajadores finados aún continúan demandando justicia.

Desafortunadamente, esta tragedia es sólo un capítulo más del historial negro de la actividad minera en México a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el artículo 27 constitucional establece que los recursos minerales pertenecen a la Nación, la industria minera opera a sus anchas en el país. Las empresas mineras –dominadas por capitales extranjeros y empresarios pertenecientes al 1 por ciento más rico de México– operan con márgenes de ganancia inconmensurables, al tiempo que la población mexicana paga los costos por su actividad.

Con la entrega de 27 mil 210 títulos de concesión para la exploración y explotación minera, más de una cuarta parte del territorio nacional ha sido concesionado. Muchas de las comunidades asentadas en estos territorios lo ignoran, ya que rara vez son informadas del otorgamiento de un título minero. A lo largo del trámite de apertura de una mina, el gobierno encuentra vacíos en la legislación para no hacer llegar información a las comunidades. Además, la poca información que publica el gobierno se encuentra dispersa, lo que dificulta su comprensión. Por si fuera poco, pese a la legislación internacional y nacional a la que está sujeto el Estado mexicano, no se llevan a cabo consultas a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los proyectos. [descargar la versión en pdf]

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