Frente al Dictamen para reformar marco constitucional en materia de transparencia y acceso a la información

Posicionamiento frente al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia

Las organizaciones firmantes nos congratulamos por la aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas para reformar el marco constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. A partir de un proceso deliberativo incluyente y participativo en el que el Senado de la República cumplió cabalmente con su mandato de representación popular, el día 20 de diciembre de 2012 se aprobó en el Pleno de este órgano legislativo el dictamen que reforma las disposiciones constitucionales que regulan el derecho fundamental de acceso a la información en México. Las organizaciones que suscribimos este documento continuaremos al pendiente del proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y de una implementación progresiva de los principios establecidos en la Constitución cuyo objetivo debe ser fortalecer el ejercicio y la protección del derecho de acceso a la información.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana revisaron tres iniciativas presentadas durante los meses de septiembre y octubre por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, (PRI/PVEM) así como del Partido Acción Nacional (PAN). Para la toma de decisiones, las Comisiones se allegaron de diversas opiniones técnicas y comentarios sobre las iniciativas de actores de la sociedad civil organizada, académicos, y funcionarios públicos relacionados con las funciones de protección del derecho de acceso a la información. El dictamen publicado en la Gaceta del Senado de la República fundamenta y motiva de manera rigurosa las valoraciones realizadas por el órgano legislativo.

El dictamen incorpora las siguientes disposiciones tendientes a fortalecer la protección y ejercicio del derecho de acceso a la información en México.

1. Incorpora de manera explícita como sujetos obligados directos de la legislación en materia de transparencia a los partidos políticos, los sindicatos y los fondos y fideicomisos públicos, lo cual coadyuvará a la transparencia en ámbitos de fundamental interés público, y elementales para el funcionamiento democrático.

2. Se incorpora la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, lo cual contribuirá a disminuir las negativas de acceso a la información basadas en declaraciones de inexistencia de la información.

3. Se establece la obligación de los sujetos obligados de contar con información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta de los resultados obtenidos. La generación de indicadores vinculados a resultados permitirá un mayor escrutinio público del desempeño de las autoridades públicas.

4. Dota de autonomía constitucional al organismo encargado de transparencia y acceso a la información pública a nivel federal (IFAI) y le otorga competencias para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, lo cual evitará que existan órganos de transparencia en los organismos autónomos y los poderes legislativo y judicial que no cuenten con las características de especialización, independencia y autonomía especificados en la Constitución Política.

5. Se establece la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados de la Ley, lo cual busca evitar que las autoridades tengan la posibilidad de retar las decisiones de los órganos de transparencia ante órganos administrativos o jurisdiccionales, haciendo costoso y lento el acceso a la información.

6. Se faculta a los organismos de transparencia para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados que vulneren el derecho de acceso a la información.

7. Se establece un procedimiento para el nombramiento de las y los comisionados de los órganos garantes que recae fundamentalmente en el poder legislativo, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, con la posibilidad de veto en dos ocasiones por el poder ejecutivo. Si el ejecutivo rechaza por segunda vez la terna propuesta por el legislativo será éste último el que designe a la persona que habrá de formar parte del órgano garante en materia de transparencia. Este procedimiento busca promover la independencia y legitimidad de aquellas personas encargadas de la protección del derecho de acceso a la información. El dictamen incorpora también la perspectiva de género para los nombramientos

8. Se establece un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, para que el Congreso de la unión expida: una Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información, una Ley General de Protección de Datos Personales y una Ley General de Archivos, disposiciones normativas que deberán ser incorporadas en la Ley Federal y las leyes locales en la materia.

9. El dictamen revisa las disposiciones mínimas que deberán ser consideradas en la Ley reglamentaria, establece la autonomía constitucional de los órganos de transparencia locales e incluye la disposición de incorporar medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las decisiones de los órganos de transparencia, lo cual contribuirá a homogeneizar los principios del derecho de acceso a la información en las entidades de la república y fortalecerá el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de transparencia.

El dictamen está orientado al fortalecimiento de las facultades de los órganos de transparencia, buscando ampliar la protección del derecho de acceso a la información y promover el ejercicio libre y pleno de este derecho. Sin embargo, existen algunas disposiciones que podrían tener los efectos contrarios, entre las cuales, destacamos las siguientes:

1. El dictamen faculta al IFAI para revisar las decisiones de los órganos locales de transparencia, mediante la facultad de atracción, o a solicitud de los órganos garantes locales o de los particulares. Sin embargo, es fundamental vigilar que exista la solvencia presupuestaria para asegurar la capacidad operativa para el adecuado funcionamiento del órgano de transparencia federal. Es también de primordial importancia asegurar el fortalecimiento de los órganos de transparencia locales para establecer condiciones óptimas para la toma de decisiones imparciales e independientes de los poderes locales. El fortalecimiento del órgano federal debe ser acompañado de los procesos locales para asegurar la protección del derecho de acceso a la información, porque las decisiones que tomen los órganos locales influirán en que se otorgue el acceso a la información de manera expedita.

2. El modelo de nombramiento otorga al ejecutivo la facultad de vetar a la persona que habrá de vigilar el desempeño de las autoridades de la administración pública por lo que deja un espacio de negociación partidista. El nombramiento de las y los comisionados debe ser objetivo e imparcial para asegurar que la persona con el mejor perfil y capacidad sea la encargada de la protección del derecho de acceso a la información.

3. El dictamen incorpora en el texto del Artículo Sexto Constitucional a la seguridad nacional como excepción general que limita el ejercicio del derecho de acceso a la información y retoma la definición planteada en la Ley Federal de Transparencia. Este punto resulta de especial preocupación debido a que bajo este precepto las autoridades públicas han limitado una amplia gama de información pública. De la misma manera omite considerar tanto en la reforma constitucional como en las líneas establecidas para la Ley General la limitación de la aplicación de excepciones como el secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando el titular de las cuentas sea un sujeto obligado de la Ley. Esta disposición está contemplada en leyes como la del Distrito Federal y se considera progresiva para garantizar el ejercicio libre y pleno del derecho de acceso a la información.

4. Además, al dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia, los hace sujetos pasivos y activos de controversias constitucionales que pueden ser promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el poder ejecutivo y por el Banco de México en materia de seguridad nacional y aquellas relacionadas con la dignidad humana y la estabilidad económica. Este recurso podría eventualmente ser una salida para que las autoridad puedan combatir de facto las decisiones de los órganos garantes de transparencia ante la SCJN.

5. El proceso para la definición de la ley reglamentaria que habrá de establecer las condiciones específicas para el ejercicio del derecho debe asegurar la participación de la sociedad, y llevarse a cabo de manera pública y transparente.

Las organizaciones firmantes hacemos un respetuoso llamado a la Cámara de Diputados para que en cumplimiento de sus funciones realice un proceso de discusión incluyente y transparente que tome en consideración los más altos estándares en materia de transparencia.

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