JOHN MOORE/GETTY IMAGES Un niño salvadoreño enseña su pasaporte al ser detenido en Texas por agentes de la patrulla fronteriza.
En los últimos dos años y medio (de 2014 hasta septiembre de 2016), el gobierno mexicano ha detenido a 461,738 personas migrantes que intentaron cruzar nuestro país o buscaron permanecer en él. La mayoría de ellos, provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, una región azotada por la pobreza y la violencia, llamada también el Triángulo Norte de Centroamérica“, huyen del peligro inminente que corren en sus países.
El “Triángulo Norte de Centroamérica” en su conjunto tiene un poco más de 30 millones de habitantes. Los tres países actualmente tienen tasas de homicidio muy altos, más altos que en México entre 2010 y 2011 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En 2015, la tasa de homicidios de El Salvador fue de 108 por cada 100,000 habitantes, la de Honduras, 63 y la de Guatemala, 35 por cada 100,000 habitantes.
Ya no podemos seguir llamándolos “migrantes económicos” o quedarnos solo con la idea de que quieren buscar su suerte en Estados Unidos. Me pregunto, ¿qué esta pasando con nuestros vecinos y cuál debería ser nuestra respuesta como sociedad? Es importante atender lo que significa la cifra de 461,738 migrantes detenidos. Casi medio millón de personas de solo tres países centroamericanos. ¿Cuántos hombres y mujeres más habrán dejado atrás su casa y su familia? Y, ¿si sumáramos a quienes eligieron otro destino diferente a México y a quienes no han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración?
Las cifras de homicidios junto con testimonios de jóvenes centroamericanos se encuentran sistematizados en el nuevo informe y la campaña de Amnistía Internacional “¿Hogar dulce hogar?”. La organización WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entrevistó de igual forma a jóvenes en Honduras acerca de los motivos que tienen para migrar y sobre sus experiencias en México. Una serie de videos retoma estas historias desgarradoras de violencia, que cada vez son más frecuentes y se escuchan día a día en las organizaciones que brindan asistencia humanitaria a los migrantes, como son las “casas del migrante” que existen en el territorio mexicano.
Y ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano ante esta situación? Las políticas de control migratorio, como el Programa Frontera Sur, siguen prevaleciendo sobre la necesidad de proteger a las personas. Actualmente, para los migrantes centroamericanos es difícil acceder a alguna visa o un documento que les permite transitar libremente por nuestro país. Esto hace que busquen viajar escondidos, muchas veces obligados a tomar rutas que también son usadas por grupos criminales y donde no hay autoridades que los puedan proteger.
Es más, las mismas autoridades los persiguen por no contar con documentos y cometen abusos contra ellos aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Sobre las violaciones a derechos humanos contra migrantes en México y la falta de acceso a la justicia, Fundar junto con otras organizaciones hemos publicado dos informes “Un camino de impunidad” (julio 2016) y “Un camino incierto” (noviembre 2015).
Los refugiados de Centroamérica que actualmente están en México pueden parecen pocos en números, porque de 2014 hasta septiembre de 2016, solo 3,151 personas recibieron la condición de refugiado. En otras palabras: por cada persona que recibió la condición de refugiado en México, el gobierno detuvo a 147 personas migrantes.
No hay que olvidar que son pocas las personas que pueden iniciar los trámites necesarios y las menos son quienes obtienen una resolución positiva (de 2014 a septiembre de 2016, 3,151 de un total de 11,505 solicitantes fueron reconocidos como refugiados, es decir, un 27,4%). No sabemos con certeza si los migrantes detenidos por el INM podían calificar para la condición de refugiado, y sin embargo, la mayoría de ellos son deportados.
Frente a este escenario, es importante que como sociedad exijamos que México ponga fin a políticas restrictivas que enfatizan el control migratorio. Se debe incrementar la capacidad del Estado de brindar protección, así como garantizar el derecho a buscar y recibir asilo. Por último, se debe garantizar el acceso a la justicia para los migrantes que han sido víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos en México.
[ Artículo en Huffington Post ]
