Monitorear la designación: el siguiente paso para combatir la corrupción

Monitorear la designación: el siguiente paso para combatir la corrupción

México ocupa el lugar 95 de 167 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, nos encontramos hombro con hombro de Armenia, Filipinas y Mali. Somos el peor país entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G-20 estamos sólo por encima de Argentina y Rusia.

Lo sabemos todos, en México la corrupción es el pan de cada día, ya sea dando la mordida al policía, al profe o a la de los trámites para las placas. Las empresas lo han sabido siempre, todos esos permisos engorrosos se resuelven con el moche y las licitaciones se ganan regalando casas.

Así hemos construido uno de los países más corruptos. Corrupción que se enmarca en una de las economías más fuertes del mundo por lo que si hiciéramos cuentas, nuestra corrupción tendría que ser de las más costosas del mundo.

Pero el costo de la corrupción no sólo es económico; la corrupción cuesta vidas. Ya sea porque infesta los cuerpos policiales y militares y desde ahí se actúa en contra de los disidentes, o porque mengua las arcas del Estado y se recortan programas sociales. La corrupción se inserta en un círculo vicioso que junto a la impunidad y la pobreza, nos mantienen sumidos en eternas crisis económicas y una creciente pobreza.

La corrupción en nuestro país ha llegado a niveles alarmantes, en parte porque ya no hay booms petroleros que aminoren los impactos negativos del desvío de recursos, ni un completo control sobre los medios de comunicación, por lo que hoy en día es más fácil enterarse de actos de corrupción.

Cabe decir que esta administración y los pequeños virreyes que la acompañan en los estados han alcanzado altísimos niveles de descaro en cuanto a las acciones para desviar recursos hacia sus cuentas personales. No quiero hacer un recuento de las atrocidades de algunos gobernadores, las conocemos bien; la pregunta debería situarse en dos aristas: ¿Cómo rayos llegamos aquí? y ¿Cómo le haremos para salir?

El hartazgo de una sociedad que cada vez identifica con mayor claridad que el enemigo a combatir es la corrupción y la impunidad llevó a que organizaciones civiles, grupos empresariales, la academia y diversos sectores de la sociedad se sumaran a la exigencia de ponerle un alto a la corrupción.

El primer llamado se hizo con la iniciativa ciudadana conocida coloquialmente como#Ley3de3. De manera insólita, miles de personas respondieron mediante el respaldo a la exigencia de combatir la corrupción desde las instituciones. Fue una apuesta interesante porque reflejó la convicción de la gente de jugar dentro de las propias instituciones, es decir, le seguimos apostando a la construcción de democracia.

En contra de la opinión de los detractores de la iniciativa, a quienes encontramos en redes sociales pidiendo su primavera mexicana desde la comodidad de algún conocido café y a través de los celulares inteligentes, la apuesta de la #Ley3de3 fue inteligente y madura. Claro, las discusiones no salieron cien por ciento como lo hubiéramos deseado, pero sentamos las bases para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Y el tema no se acaba ahí.

En julio de este año, se promulgaron siete leyes reformadas o creadas que dibujan la ruta para combatir la corrupción, pero éstas no funcionarán solas. Requieren de personas detrás que tomen decisiones, que encaminen los esfuerzos y que apliquen la ley, y estas personas estarán sí o sí en las instituciones creadas o contempladas dentro del SNA. Este Sistema, que incorpora los trabajos realizados en la #Ley3de3, podría permitir que se acaben las cuotas y los cuates en los procesos de designación de las y los funcionarios públicos. Ya no habrá más designaciones a puerta cerrada; ahora serán públicas y transparentes.

Algunas de las instituciones dentro del SNA que se van a encargar de combatir la corrupción ya las conocemos: la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y porque no hemos aprendido que no hay que incorporar cosas nuevas a lo que ha sido insuficiente, hay instituciones de nueva creación, como la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

Vigilar y monitorear los procesos de designación de estas instituciones, así como de losMagistrados(as) Electorales, es un deber que deberíamos cumplir en lo que resta del año y en el futuro. La realidad es que tanto la PGR como el Tribunal ya cuentan con titulares asignados previamente, pero la SFP se encuentra sin cabeza después de la salida de Virgilio Andrade. Por otro lado, la Fiscalía y el Comité de Participación Ciudadana como instituciones nuevas, están en proceso de creación y sin titulares designados. La ruta de trabajo ya la trazaron organizaciones de la sociedad civil como Fundar y Artículo 19 en un pronunciamiento sobre designaciones públicas, en el que se propone monitorear estos procesos de designación a partir de:

  1. Realizar convocatorias públicas en las que se determinen de manera previa y clara, el proceso y sus etapas, así como el perfil requerido (diferenciando claramente los requisitos mínimos y los elementos de idoneidad).
  2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso (incluyendo el acceso a los expedientes de las y los aspirantes a los cargos).
  3. Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos para que la ciudadanía en general pueda conocer sus propuestas y planteamientos.
  4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que éstos sean públicos antes y después de la toma de decisiones.
  5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos, garantizando la posibilidad de presentar objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos.

Esto nos pone ante una fotografía en donde las cabezas de tres de las cinco instituciones encargadas de combatir la corrupción deberán ser elegidas en los siguientes meses. La importancia de estos nombramientos, es decir, la selección y elección de sus titulares es mayúscula, ya que de sus perfiles y de su cercanía al poder dependerá qué tan bien harán su trabajo. Son nombramientos públicos y como tales, deben realizarse con base en el mérito personal y la capacidad profesional, además de conducirse bajo principios de gobierno y parlamento abierto.

No olvidemos el papel de Virgilio Andrade dándole seguimiento a la compra de la casa blanca de Peña Nieto, o la movida de Borge nombrando fiscal a su amigo para que le proteja las espaldas. Los nombramientos de titulares de organismos públicos, fiscalías y tribunales, han sido por años un mero trámite para colocar en el tablero las piezas clave.

Estos son los llamados “procesos de designación”, y ha sido costumbre hacerse a puerta cerrada y velando sólo por el interés particular del presidente o gobernador en turno, limitando con ello el alcance de las funciones de las instituciones democráticas, o de la participación ciudadana para decidir en quién debería combatirse la corrupción. De hecho, estos procesos capturan por completo las instituciones y las convierten en apéndices del poder.

Debe importarnos darle seguimiento a los procesos de designación de estas cinco instituciones dentro del SNA (recordemos que el sistema son 7 leyes y no sólo 3). Quienes lleguen a ser las y los titulares de estas instituciones, deben ser capaces profesional y éticamente, de ejercer sus funciones de manera autónoma. Todo lo avanzado se irá por la coladera si no se hace de esta manera, y no sólo seguiremos viviendo en un país corrupto, sino que para entonces estaremos más frustrados de lo que por sí, ya estamos.

Con los índices de corrupción que tenemos en México y la creciente desigualdad del país, no podemos darnos el lujo de dejar pasar los procesos de designación de las instituciones que combatirán la corrupción. Es fundamental exigir procesos transparentes y claros para que tengamos certeza de que llegarán los y las mejores a combatir la corrupción. Sigue de cerca el proceso de designaciones públicas en la cuenta de Twitter @designaciones y ayuda a monitorear este proceso que es y debe ser público y transparente.


[ Por Renata Terrazas ]

[ Artículo en Vice ]