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movimiento por nuestros desaparecidos en mexico denuncia falta de recursos y capacidades institucionales de la fiscalia especializada de busqueda de personas desaparecidas

COMUNICADO

  • Falta de voluntad política convierte interlocución en espacios de simulación.
  • MNDM alerta a legisladores a no reproducir este modelo en la ley en materia de desaparición forzada y por particulares.

La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) fue creada en junio de 2013 mediante el Acuerdo A/066/13 de la Procuraduría General de la República[1] como una respuesta frente a la crisis de desapariciones y desapariciones forzadas en México y las demandas de las víctimas. Entre sus principales facultades el acuerdo establece la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, la persecución de los delitos y la identificación forense, así como solicitar a las autoridades competentes la autorización para la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de víctimas.

A partir de su creación, familiares de personas desaparecidas presentamos denuncias ante la UEBPD e implementamos, en ejercicio de nuestro derecho a la verdad, mesas de trabajo para el seguimiento de las investigaciones y la búsqueda de nuestros familiares, en los términos del artículo XIII del Acuerdo antes mencionado, que señala como facultad del titular de la UEBPD: “Atender e informar a los familiares de las personas desaparecidas de las líneas de investigación orientadas a la localización de las personas desaparecidas e incorporarlos en los procesos destinados a la búsqueda y localización de sus familiares.”

En febrero de 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió sus Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, en las que recomendó al Estado mexicano:

“Que considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas” (párrafo 29).

En octubre de 2015 la PGR emitió el Acuerdo A/094/15[2] por el cual la UEBPD pasa a ser la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), mientras deja intactas las facultades establecidas previamente para la Unidad. Pese al cambio de nombre, los familiares de personas desaparecidas observamos que frente al alarmante incremento de las desapariciones y desapariciones forzadas en el país, los recursos y capacidades de la FEBPD se deterioran progresivamente.

Mientras que en 2014 se asignó a la UEBPD un presupuesto de $40,209,005, los recursos asignados en el presupuesto para esta Unidad en el año 2015 se redujeron a $14,676,268, y para el año 2016 se asignó a la FEBPD $28,114,011[3], lo cual representa una disminución del 34% respecto al presupuesto asignado en 2014[4].

Para un total de 1,144 Averiguaciones Previas[5], la FEBPD cuenta, según comunicación de la Procuradora Arely Gómez a familiares de personas desaparecidas, con 29 Agentes del Ministerio Público Federal, 58 policías ministeriales adscritos. Además los familiares observan que el personal  no dispone de viáticos para la realización de diligencias ni de la tecnología necesaria. Los Ministerios Públicos no tienen la capacitación adecuada, y no dirigen sus actuaciones conforme a protocolos de búsqueda e investigación, de tal forma que en general conducen de manera errática las investigaciones. Pero incluso aquellos con mayor disposición y formación se encuentran con limitaciones que les impiden realizar su trabajo.

Además, la FEBPD ha tenido serias dificultades para conformar su Unidad de Análisis de Contexto, así como poco reconocimiento y coordinación con otras instancias dentro de la PGR. Hasta la fecha, la FEBPD no cuenta con un titular, lo cual repercute en el desarrollo de las investigaciones. Así mismo, hasta la fecha la FEBPD ha aplicado 734 cuestionarios de identificación Ante Mortem, que no han sido cruzados con una base de datos de restos de personas no identificadas, por lo cual no se ha producido ninguna identificación, con lo cual es claro que no se ha implementado el Sistema AM/PM para la identificación de personas desaparecidas[6]. Aunado a esto, entre enero y abril de 2016 los Agentes del Ministerio Público suspendieron todas las diligencias en todos los casos para atender una capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal.

Esta situación de parálisis en la búsqueda y la investigación explica que los familiares de las personas desaparecidas inicien por sus propios medios las búsquedas de fosas clandestinas en diferentes estados del país. Sin embargo, la FEBPD sostiene una actitud general pasiva frente a los hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos.

Resulta por tanto evidente que la FEBPD está muy por debajo de las capacidades requeridas para enfrentar la crisis de desapariciones en México. Sin embargo, en lugar de tomar medidas para fortalecerla dotándola de recursos, personal capacitado y tecnología, entre otros, los familiares observamos que la Procuraduría General de la República traslada el costo a las víctimas y muestra cada vez menos voluntad política para dar seguimiento a las mesas, como muestra la reiterada ausencia del encargado de la FEBPD en las reuniones planificadas.

En este mismo sentido, recientemente se nos ha informado que las Averiguaciones Previas radicadas en la FEBPD serán remitidas a las Procuradurías estatales, a excepción de aquellos casos que participan en las mesas de seguimiento como parte de organizaciones o colectivos de familiares. En este sentido, la FEBPD aplica un criterio político y no técnico para definir su competencia.  Los familiares de personas desaparecidas que acudimos a la FEBPD y viajamos cada mes para tener noticias de las investigaciones, iniciamos denuncias en el fuero federal porque en nuestros estados no existían las condiciones técnicas, políticas ni de seguridad para impulsar las investigaciones. Incluso hemos sido objeto de amenazas y asesinatos. Mientras estos obstáculos no se resuelvan, consideramos irresponsable la conducta de la FEBPD frente a los familiares y una condena a la impunidad. Tampoco aceptamos el trato diferenciado de la FEBPD hacia los familiares que acuden a título personal y que no disponen de los medios para ejercer presión política.

La situación actual de la FEBPD refleja la falta de reconocimiento del Estado frente a la magnitud de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, y convierte los mecanismos de seguimiento a las investigaciones que las víctimas hemos exigido, como parte de nuestro derecho a la verdad, en espacios de simulación. De igual forma, el Estado mexicano simula el cumplimiento de sus obligaciones internacionales mediante cambios cosméticos.

Las organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertamos a los legisladores a no reproducir, mediante el proyecto de ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, este modelo de Fiscalía que ha probado ser ineficiente. Un verdadero compromiso con la verdad y la justicia implica reconocer el fracaso de la estructura existente y la necesidad de una reingeniería institucional en los términos que este Movimiento ha hecho llegar al Senado de la República y al Ejecutivo, en aras de garantizar un mecanismo de búsqueda efectivo, con la participación de los familiares.

Finalmente, exigimos a la PGR una respuesta seria y a la altura de su responsabilidad en la búsqueda e investigación de las desapariciones y desapariciones forzadas, y una política de Estado que garantice el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM; Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C.; Bordamos por la Paz; Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de mayo; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces”; Desaparecidos Justicia; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo por la Verdad y la Justicia; Eslabones Nuevo León; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Familias Unidas de Piedras Negras; Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.; Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa; FUNDEM Región Centro; FUNDEM Región Laguna; FUNDEM Región Saltillo; FUNDNL; FUNDEJ; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Por Amor a Ellxs; Red de Familiares de Desaparecidos Ciudad Juárez; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Taller de Desarrollo Comunitario A.C.; Victimas por sus Derechos en Acción Grupo V.I.D.A; Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa de los años 70´s; Voces Unidas por la Vida.

CDDH Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres CEDEHM; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Mujeres de Pacto; Zacatecanos por la Paz; Programa de Atención a Víctimas UAEM; Voces Mesoamericanas.

A título personal: Carolina Robledo Silvestre; Darwin Franco Migues; Javier Sicilia Zardain; Teresa Sordo.

[1] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303411&fecha=21/06/2013

[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411119&fecha=09/10/2015

[3] En constraste, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada recibió en 2016 un monto de $628,528,829.

[4] Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 2015 y 2016.

[5] Averiguaciones Previas iniciadas en la FEBPD entre el 1 de enero de 2013 y el 29 de febrero de 2016, según respuesta de PGR a solicitud de Acceso a la Información, Folio 0001700067716.

[6] Respuesta de PGR a solicitud de acceso a la información, Folio 0001700068016.