Agenda de derechos humanos: un reto para todos

por Adriana González Carrillo [1] y Cecilia Toledo Escobar [2]

El próximo 10 de diciembre se celebran 60 años del compromiso de 177 países por preservar la paz y la seguridad en el mundo. Ello se plasmó en la suscripción del primer instrumento de alcance internacional que reconocía los derechos y libertades fundamentales inherentes a la persona humana, y al mismo tiempo, el primer documento que plasmaba la promesa de garantizar la dignidad y la justicia para todas y todos, como un valor universal que permite la convivencia social en la justicia, la solidaridad y la tolerancia.

Gracias a la tradición pacifista y el respeto por el derecho internacional que funda los principios de nuestra política exterior, pero también por los pasos firmes que el gobierno ha dado hacia la conformación de un sistema democrático sólido, nuestro país ha hecho valiosas aportaciones para consolidar el respeto por los derechos humanos en México y en el mundo.

En el ámbito internacional, México ha tenido una presencia activa y propositiva para fortalecer la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a fin de que sean respetados, adoptados y garantizados por la comunidad internacional. Basta señalar que hemos ratificado los nueve instrumentos internacionales[3] básicos del sistema universal de derechos humanos y nos hemos abierto al escrutinio internacional, con la aceptación de la competencia de los seis Comités[4] que supervisan el cumplimiento de los tratados por los Estados partes y de otros órganos jurisdiccionales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Asimismo, hemos impulsado la creación del Consejo de Derechos Humanos, cuya primera presidencia fue ocupada por nuestro país, con la finalidad de alentar la elaboración de un diagnóstico objetivo y confiable de la situación de derechos humanos en el mundo, a través del mecanismo del Examen Periódico Universal. Al igual que los 32 países que se han sometido a este mecanismo, la situación de los derechos humanos en México será examinada el próximo 10 de febrero de 2009, en Ginebra, Suiza.

Por tal motivo, todos los que integramos el Estado mexicano, no podemos sustraernos de nuestra responsabilidad de hacer de los derechos humanos una realidad para todos.

Así, el pasado 27 de noviembre de 2007, senadores de los tres principales partidos políticos presentaron una iniciativa que busca reformar diversos artículos de la Constitución para reconocer los derechos humanos como prerrogativas universales e inalienables de todas y todos los mexicanos. Se propone armonizar el concepto de garantías individuales con el de derechos humanos, tal y como se define en los tratados internacionales, para lograr la aplicación directa e inmediata en nuestro ordenamiento jurídico por parte de las autoridades.

La iniciativa busca que la obligación estatal de brindar seguridad guarde estricto apego con el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Por ello se sugiere la inclusión del respeto a los derechos humanos como principio en la acción estatal de la seguridad pública, adicional a los criterios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, previstos en el artículo 21 constitucional.

Adicionalmente, se pretenden fortalecer las bases de una cultura de derechos humanos, estipulando como uno de los principios fundamentales de la educación en México, el respeto por los derechos humanos. Lo anterior es fundamental para hacer de estos valores universales, la base de la convivencia social.

La reforma busca también fortalecer el trabajo de los organismos estatales de defensa de los derechos humanos, garantizando su autonomía de gestión y de operación para cumplir con el mandato que les confiere la Constitución y homologar la protección y la defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

En el Senado de la República redoblaremos los esfuerzos para aprobar esta reforma, primordial para el fortalecimiento de nuestro sistema político y como límite a la actuación abusiva de cualquier actor estatal en detrimento de las libertades fundamentales de la persona humana.

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1 Senadora de la República por el PAN, es Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de las comisiones de Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores, América del Norte / contacto.agc@senado.gob.mx
2 Licenciada en Relaciones Internacionales y asesora de la Senadora Adriana González Carrillo.
3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos Facultativos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y su Protocolo Facultativo; Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y su Protocolo Facultativo; Convención sobre los derechos del niño, y sus dos Protocolos Facultativos; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Protocolo Facultativo; y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (aún no entra en vigor).
4 El Comité para la eliminación de la discriminación racial; el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; e Comité contra la tortura; el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer; y el Comité de los derechos del niño.