El Congreso mexicano:
control constitucional y ética de la rendición de cuentas

por Isidro Aguilera Ortíz1

Se me ha invitado a participar con un texto para comentar el lugar de la rendición de cuentas en el Congreso mexicano en el número inicial de este boletín que agradezco cumplidamente. Para esto es importante definir el papel del Congreso como mecanismo de control constitucional desde la perspectiva ética de la rendición de cuentas.

La ética (ήθος «costumbre») es la rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo que se considera bueno, debido o moralmente correcto. También puede definirse como el saber acerca de una adecuada gestión de la libertad, pues tiene la diferencia entre el bien y el mal basado en los valores universales. Una doctrina ética elabora y verifica juicios. Contiene términos tales como 'malo', 'bueno', 'correcto', 'incorrecto', 'obligatorio', 'permitido', etc., referido a una acción o decisión, y así se valora moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones.

La política (πολιτικος «ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad») es el proceso y actividad, orientada ideológicamente, de toma de decisión de un grupo para la consecución de unos objetivos. Las definiciones clásicas apuntan a definir política como el "ejercicio del poder" en relación con un conflicto de intereses. Son famosas las definiciones fatalistas de Carl Schmitt de la política como juego o dialéctica ‘amigo-enemigo’ –que tiene en la guerra su máxima expresión–, o de Maurice Duverger, que delimita a la política como la lucha o el combate de individuos y grupos para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho.

Una visión opuesta contempla la política en un sentido ético, como una disposición a utilizar el poder público para objetivos provechosos para el grupo. Así, las definiciones posteriores del término han diferenciado poder, como forma de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza, como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso.

El gobierno democrático ha de ejercerse de manera transparente y abierta hacia las y los ciudadanos. Implica la obligación de las y los gobernantes de dar cuentas por sus actos ante las y los gobernados, es decir, ante quienes se benefician de las consecuencias de sus decisiones o sufren por ellas.

La democracia no existe para cualquier propósito, su fin último es la persona. Todo el andamiaje institucional que la soporta, incluyendo la elección periódica de las y los gobernantes, ha sido construido para su servicio.

En esta elemental relación se funda el derecho de las y los ciudadanos para pedir cuentas, evaluar y exigir responsabilidades a quienes gobiernan, y paralelamente, se origina la obligación de las y los servidores públicos, en general, de explicar en qué y cómo se ha invertido el presupuesto; justificar las diferentes políticas públicas; y comprobar la eficiencia, eficacia y honestidad con que se desarrollan éstas.

¿Por qué tales exigencias? Se plantean varias explicaciones. Aquí interesa ocuparse sólo de una. Se acepta de manera generalizada la existencia de un elemento patológico inherente a todo proceso de poder. En tal sentido, Lord Acton sostiene: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper absolutamente”. Esto implica que el ejercicio del poder debe limitarse y controlarse porque, como dice Karl Loewenstein “rara vez, por no decir nunca, ha ejercido el hombre un poder ilimitado con moderación y comedimiento. El poder lleva en sí mismo un estigma, y sólo los santos entre los detentadores del poder [...] serían capaces de resistir la tentación de abusar de él".

Por tal razón, la teoría constitucional ha elevado a máxima categoría los temas de la fiscalización, la supervisión y el control del ejercicio del poder. Tanto es así, que un sistema constitucional se concibe si éste se construye a partir de un amplio sistema de limitaciones, controles y contrapesos al ejercicio del poder político y administrativo.

De este principio fundamental de la democracia, se concluye que en este sistema político todos los aspectos de la administración pública deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio público.

Si el poder proviene del pueblo, no basta que las y los representantes populares o funcionarios públicos cumplan la ley. Se requiere además que trabajen en función del compromiso ético-político del bienestar, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad social. Aún así no es suficiente. Para hablar seriamente sobre democracia, es imprescindible que las y los gobernantes actúen con eficiencia, austeridad, eficacia y honestidad. En consecuencia, que rindan cuentas a las y los ciudadanos, a quienes deben su poder y de donde éste emana.

En contrapartida, atenta contra el sistema democrático la existencia de ineficiencia, ineficacia, corrupción pública, irresponsabilidad y falta de transparencia en el ejercicio del poder político.

De esta relación –un gobierno que sale del pueblo y un sistema político comprometido con ciertos ideales y objetivos ético-políticos– se origina y fundamenta la obligación, para quienes gobiernan, de rendir cuentas y someter a evaluación los resultados de sus actos. El gobierno democrático debe ejercerse con responsabilidad, es decir, quienes gobiernan deben responder desde el ámbito penal, civil, disciplinario y político por su conducta en la gestión de los negocios públicos.

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1Es Director General de Control y Evaluación de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados / isidro.aguilera@congreso.gob.mx