La discusión legislativa sobre las leyes secundarias de combate a la corrupción debe ser abierta y participativa; urgen mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad que la acompaña.
Nos urgen leyes y mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad que la acompaña. Esto lo sabe cualquier persona que viva en México. Durante el último año, el Congreso de la Unión se ha tomado este problema en serio y, junto con los aportes de diversas organizaciones de la sociedad civil, ha empezado a conformar lo que se conoce como las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
La tarea no ha sido nada sencilla: cada grupo parlamentario presentó sus iniciativas propias y algunas organizaciones de la sociedad civil retomaron una exigencia añeja y la hicieron iniciativa ciudadana para que fuera tomada en cuenta por el Congreso en la discusión parlamentaria.
En Fundar propusimos que se incluyeran en la discusión temas cuya resolución consideramos indispensable si es que queremos tener gobiernos menos corruptos y con mejor rendición de cuentas.
Nuestro trabajo tiene el objeto de impactar de manera positiva en la realidad nacional; buscamos demostrar con evidencias los problemas a los que nos enfrentamos, y participar de diversos procesos legislativos como el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Aportamos, de forma abierta y transparente, observaciones y recomendaciones derivadas del análisis y la investigación para que las y los actores políticos, que son los responsables de la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, las consideren en los espacios de elaboración de las políticas públicas
La realización de las tareas y objetivos de Fundar buscar enriquecer la discusión y el contenido final de proyectos e iniciativas legislativas. En ese tenor, hemos dado seguimiento a todas las iniciativas presentadas e impulsamos la existencia de espacios en las cámaras para demandar procesos abiertos. Es el caso de las leyes secundarias de la reforma constitucional que crea al Sistema Nacional Anticorrupción, en cuyo proceso de elaboración hemos dado a conocer nuestra postura a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Nuestro interés en incidir en el combate a la corrupción se ha manifestado en varias instancias, y tiene como base la integración de los derechos humanos a la agenda de combate a la corrupción, lo cual se expresa en nuestras propuestas para fomentar la participación ciudadana y la creación de mecanismos que mejoren el manejo y control del gasto públicos y fomenten la rendición de cuentas de cara a la población. Expresamente, hemos señalado que la corrupción afecta en mayor medida a los grupos sociales más vulnerables y, en ese sentido, debe repararse el daño que la corrupción nos causa a todos – en especial a las personas afectadas directamente por los actos corruptos.
Es por ello que esperamos que la discusión legislativa sobre las leyes secundarias de combate a la corrupción sea abierta y participativa, con el objetivo primordial de que el resultado final sea que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga las características que lo hagan funcionar de manera coordinada para reducir y limitar el impacto que tiene la corrupción sobre la vida de las personas.
