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EL GOBIERNO ES CORRESPONSABLE DE LA SITUACIÓN QUE VIVE EL PAÍS
La responsabilidad del gobierno en la actual situación de precariedad radica en la falta de planeación y articulación de estrategias efectivas para reactivar la economía cuando se comenzó a observar la crisis. En otras palabras: no ha sido capaz de generar mecanismos que le permitan incrementar la recaudación. Además, el hecho de que se sigan observando problemas sistémicos en la gestión pública también recae sobre la administración pública dada su omisión. Problemas como los subejercicios crónicos, las malas proyecciones económicas y la opacidad, que esconden raciocinios políticos que impiden la rendición de cuentas, son sólo algunas de las incongruencias y contradicciones entre la retórica política y la acción. Ineficiencia recaudatoria El Paquete Económico 2010 contempla la creación de nuevos impuestos ya que según la lógica del gobierno federal “las finanzas públicas atraviesan por una situación comprometida debido al impacto negativo de un entorno financiero y económico mundial desfavorable”. Esta perspectiva es inaceptable sin haber confrontado antes los problemas de recaudación ni explorar las alternativas para aumentar el gasto. De acuerdo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Segundo Trimestre de 2009, la cartera de los créditos fiscales ascendían a 468,770.3 millones de pesos. Aquí cabe aclarar que la Auditoria Superior de la Federación ya había señalado desde 2005 el problema que tenía el SAT para recuperar estos recursos. En dicho informe se señaló que el saldo de los créditos fiscales al cierre de 2005 ascendió a 495,808 millones de pesos, lo que representa el 98% del gasto programable ejercido en dicho año. De este monto, únicamente se recuperaron 8,522 millones de pesos; es decir, sólo el 1.7% de la cartera total. Esto es reflejo de que no se está logrando recaudar de manera efectiva ni se están proponiendo medidas para solucionar el problema. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su reporte 2007, México registró en el año 2004 el peor índice entre las 30 naciones integrantes de dicha Organización al recaudar apenas el 19% del Producto Interno Bruto (PIB). La creación de nuevos impuestos es inaceptable ya que no se pretende encarar los problemas de recaudación ni explorar las alternativas para aumentar el gasto. Además, en un contexto de crisis como el que vive México, éste sería el peor escenario ya que lejos de reactivar la economía se desincentivaría el consumo y la inversión. Lo que se debería hacer es generar nuevos mecanismos (o fortalecer los ya existentes) que permitan incrementar el nivel de recaudación como minimizar los créditos fiscales, incorporar a la economía formal la población que no lo está y reducir los gastos fiscales a aquellos cuyos beneficios no están comprobados. Sigue sin haber una política económica que reactive la economía La propuesta de paquete económico 2010 que envió el ejecutivo a la Cámara de Diputados es incongruente con el escenario económico que está viviendo el país. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 no cumple con la función manifiesta de reactivar la economía a través del gasto público. Una política que tenga el objetivo de reactivar la economía consistiría en incrementar el gasto y dirigirlo eficazmente a sectores clave con montos y ejercicio suficientes para contrarrestar el impacto que dejó la desaceleración económica observada desde 2008. Esto no se observa en el paquete económico 2010; sin embargo, sí observamos una política de control presupuestario y de gasto poco priorizado. Los recursos para el grupo funcional de desarrollo económico que deberían estar siendo utilizados para dinamizar el ciclo económico, disminuirán en 46 mil millones de pesos en comparación con los aprobados por los legisladores en 2009. Las funciones de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Temas Laborales, Temas Empresariales, Servicios Financieros, Turismo, Ciencia y Tecnología, Temas Agrarios y Desarrollo Sustentable recibirán menos recursos. Únicamente Energía es a la que no se le recorta el gasto. Adicionalmente, es importante señalar que no sólo se le recorta el gasto a funciones claves para reactivar la economía, sino que los recursos destinados para inversión en esta función decrecerán en 10.4%.
Esta disminución del gasto en inversión se observa a lo largo de todo el PPEF 2010. A pesar de que el Ejecutivo ha estado difundiendo reiteradamente la puesta en marcha de una política de austeridad, los números reflejan otra cosa: el gasto corriente crecerá 2.7% y el de inversión decrecerá en 13.5% con respecto al aprobado en 2009. Esta poca priorización del gasto en inversión y el excesivo gasto corriente no es una característica del proyecto 2010: el gasto corriente en 2009 fue 1.9 veces más grande que el de inversión; en 2010 será de 2.5.
Incapacidad de ejecución Aunado a lo anterior, el paquete económico no sólo evita mostrar evidencia de la priorización de los recursos en un momento en el cual son sumamente escasos, sino que además no presenta medidas que hagan más eficiente el gasto del gobierno federal. Como Fundar ha reportado reiteradamente, existe un problema en la gestión pública para ejercer los recursos que le han sido asignados para el ejercicio fiscal. Este problema de los subejercicios no es una complicación derivada de la crisis y no es un problema asociado a los fondos recientemente creados o a los programas que se han vinculado con la política contracíclica, es un problema sistémico que ha ocurrido desde hace varios años. Los subejercicios son el reflejo de un problema recurrente para ejecutar el gasto que le resta méritos al proceso de planeación y programación y crea ineficiencias en la ejecución del presupuesto. Hay secretarías que han subejercido recursos desde hace cuatro años, como es el caso de la SAGARPA. Es importante señalar que la efectividad de una política contracíclica depende de la ejecución oportuna del gasto.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005-2008 y el Segundo Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2009 Quizá uno de los ejemplos más preocupantes es lo que ha ocurrido con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) durante 2009. Este fondo pretendía impulsar el programa de infraestructura más grande en los últimos 25 años, mediante el cual se aportarían recursos por 65 mil millones de pesos. Sin embargo, en el Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se señala que sólo se ha gastado el 0.7% del saldo disponible. De acuerdo al Anexo XV de dicho informe, durante el primer semestre de 2009 se han gastado 384.3 millones de los 54,415 millones que estaban disponibles desde diciembre de 2008. Cabe destacar que este fondo administra los recursos del Programa Nacional de Infraestructura y ha sido promocionado por el gobierno como una de las herramientas clave en su estrategia contracíclica. La falta de acciones concretas por parte de la SHCP para evitar los subejercicios es especialmente grave en contexto de crisis, sobre todo si tomamos en cuenta que los recursos que no están siendo utilizando son de sectores claves para contrarrestar la crisis. Cabe mencionar que es incongruente que en un contexto de crisis, la SHCP no esté tomando las medidas adecuadas para procurar la eficacia del gasto. Esto es claramente un reflejo de la falta de conducción en la ejecución del gasto. Las estimaciones del gobierno son inadecuadas e impiden el desarrollo del país Por el lado de la formulación del presupuesto, existe un problema recurrente en lo que se refiere a las estimaciones macroeconómicas que son utilizadas para proyectar los ingresos futuros y que permiten planear el gasto. Las estimaciones con las que la SHCP valora el comportamiento de la economía mexicana para poder determinar los gastos e ingresos del presupuesto federal son imprecisas y no corresponden a las cifras finales que dan a conocer el Banco de México y el INEGI. Estas fallas en las estimaciones dificultan la planeación y la programación. En años anteriores, cuando el precio del petróleo se encontraba en niveles históricos, el error no era tan problemático porque implicaba incrementar el gasto en todos los niveles; sin embargo, ahora con la crisis y los recursos a la baja, se están observando recortes en la Administración Pública Federal y en los estados. Además, la mala estimación de recursos ha propiciado el uso discrecional de recursos excedentes y –juzgando por el estado actual del país- es evidente que los recursos excedentes no fueron utilizados de la mejor manera. La gráfica 1 demuestra que no existe una relación directa entre los excedentes de un año y los niveles de crecimiento y pobreza. Esta evidencia pone en duda la efectividad del gasto en el impulso económico y socioeconómico del país dados los cuantiosos recursos y la ausencia de resultados concretos.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Criterios Generales de Política Económica 2010, Cuenta Pública 2000-2008. Conclusión Es necesario que los conductores de la política económica tomen responsabilidad de estas incongruencias y contradicciones en la planeación e instrumentación de la política económica y que se establezcan nuevos parámetros, un compromiso contracíclico y mecanismos transparentes para instrumentar una política eficaz. Las prioridades deben estar claramente definidas y entre ellas, el desarrollo social y económico deben estar en primer lugar. Se tiene que atender la necesidad de un impulso a la economía de manera eficiente tanto en la oportunidad del gasto como en mejorar la capacidad de recaudación para proteger a la población más vulnerable. Desde la perspectiva de las y los legisladores, es momento de dar pasos concretos a una nueva relación de control y contrapeso. Es necesario exigir información puntual y responsabilidades claras a la Administración Pública Federal y a los estados. Antes de crear nuevos impuestos para canalizarlos al gasto social y al combate a la pobreza, debe exigirse al ejecutivo una estrategia clara y una lista de responsables para ejercer recursos que permitan reducir la pobreza y reactivar la economía. Por último, son indispensables mecanismos de información oportunos para dar a conocer con detalle cómo se están ejerciendo los recursos y poder realizar una verificación independiente desde el Congreso de la Unión. |
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