|
EL PAQUETE ECONÓMICO NO RESOLVERÁ LOS PROBLEMAS DE FONDO
De acuerdo a la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, éste tiene por objeto impulsar una política de gasto público orientada a continuar desarrollando y potenciando las capacidades básicas de la población, en particular de la que padece condiciones de marginación y pobreza para asegurarle un mayor acceso a la alimentación, a los servicios de salud, a la educación y a la vivienda. Sin embargo, las soluciones que propone y la asignación del gasto únicamente profundizarán las desigualdades ya existentes e incrementarán los niveles de pobreza.
La propuesta de establecer una “contribución” para la superación de la pobreza lo único que provocará es un efecto regresivo en la población más vulnerable en lugar de una ayuda verdadera. La falta de coordinación para ejercer recursos de forma estratégica y sostenida han generado condiciones adversas para la economía que afectan directamente a los grupos más vulnerables y terminarán por reducir la posibilidad de recaudación en el futuro. A pesar de que tanto la Secretaria de Desarrollo Social como la de Salud son las únicas dependencias cuyo presupuesto se propone sea mayor al asignado en el 2009, sigue sin existir una estrategia integral para combatir la pobreza, incrementar la cobertura de salud o apoyar a los productores agrícolas; todas necesarias si es que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.
El combate a la pobreza y el impuesto del 2%
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) resalta una serie de medidas presupuestarias orientadas al combate a la pobreza. Como parte de la estrategia se destaca la aplicación de una Contribución de Combate a la Pobreza. Esta contribución, que en realidad es un gravamen como se expondrá más adelante, equivale a un impuesto al valor agregado del 2% en todos los bienes y servicios (con algunas excepciones), mismo que tendrá un impacto negativo sobre la población en condiciones de precariedad y los que se encuentran en los deciles medios.
Este impuesto será pagado por todos aquellos que compren bienes y servicios; sin embargo, aquellos con menores ingresos son los que se verán más afectados por el gravamen. Para visualizar el impacto de un impuesto generalizado del 2% en bienes que hoy no se gravan, utilizamos el simulador del IVA del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Si asumimos solamente un aumento del 2% en la canasta básica, las medicinas y aumentamos la tasa del IVA a 17% se ven los siguientes resultados:
Tabla 1. Simulación del IVA+2% en medicinas y la canasta básica.
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos del Simulador IVA del CEFP de la Cámara de Diputados. La simulación ejemplificada en la tabla superior no incluye todos los bienes gravados en la propuesta del ejecutivo; sin embargo, el impacto es extrapolable a la propuesta del ejecutivo.
El impacto de un aumento del 2% generalizado aumentará la recaudación derivada del consumo; sin embargo, los deciles más bajos aportarán en promedio una mayor proporción del total de gravamen que antes de la aplicación de este nuevo impuesto. Esto se debe a que antes del nuevo gravamen los deciles más bajos no aportaban a la bolsa total de ingresos por su consumo en alimentos y medicamentos.
De la misma manera, el incremento en el gasto tendrá un efecto mayor en los deciles más bajos ya que un aumento del 2% de su gasto es más significativo cuando se tienen menos ingresos. En esta situación hipotética donde se gravan los medicamentos y la canasta básica, la variación porcentual del gasto promedio por decil es mayor en los deciles más bajos que en los deciles más altos.
Asimismo, en la Encuesta Nacional de Salud 2000 y en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 se registra la utilización de los servicios de salud y muestran cómo un porcentaje considerable de la población usuaria de servicios públicos acuden al sector privado para obtener atención médica curativa a pesar de ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social o de tener acceso a los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. La ENSA NUT 2006 deja ver los patrones dominantes de la utilización de servicios de salud ambulatorios en el país en donde 30% de la población que buscó atención médica por enfermedad acudió a servicios curativos de primer nivel dentro del sector privado, mientras que 20% acudieron a clínicas y centros de salud de los Servicios Estatales de Salud. El patrón de utilización de servicios médicos curativos privados inevitablemente se traduce en un gasto de bolsillo para la población usuaria.
Para poner en perspectiva la gravedad de esta situación, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 revela gastos inaceptables que los hogares de los primeros deciles de ingreso realizan para acceder a bienes y servicios de salud. Como puede observarse en la siguiente tabla, los expendios asociados a la curación de una eventual enfermedad (como podrían ser el servicio médico, medicamentos y atención hospitalaria) son de casi 50% en el primer decil. La atención del parto, por otra parte, también pareciera un servicio de lujo para estos hogares pues representa entre el 31 y 34% de sus ingresos.
Tabla 2. Gasto en cuidados a la salud de los primeros deciles
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos de la ENIGH 2008.
La tabla anterior muestra que los costos del acceso a la salud son potencialmente fatales para las familias de menores ingresos, lo que debiera servir como argumento no sólo para una asignación más justa de recursos, sino para evitar el alza del 2% en impuestos a bienes y servicios propuesta por el Ejecutivo Federal. Es importante mencionar que la propuesta del ejecutivo viene acompañada de mecanismos de redistribución de los ingresos a través de programas de asistencia social -el programa Oportunidades se convierte ahora en el eje rector de la política social junto con el Programa de Apoyo Alimentario. Sin embargo, no hay claridad sobre la eficiencia y eficacia de estos programas para mitigar los efectos negativos del gravamen. Existen consideraciones en cuanto a la cobertura de estos programas y el hecho de que un alto porcentaje de mexicanos no se verá beneficiado por estos mecanismos de redistribución. Además, los mismos programas no comprueban contundentemente que son efectivos en el abatimiento de la pobreza.
En primer lugar, estos programas no incluyen a toda la población en condiciones de pobreza. Para 2010, los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario cubrirán aproximadamente a 34 millones de mexicanos. Si usamos como referencia las últimas cifras de pobreza de la CONEVAL donde se estima que para 2008 la pobreza patrimonial aumentó a 50.6 millones de mexicanos, aproximadamente 16 millones de mexicanos no formarán parte del mecanismo de redistribución propuesto por el ejecutivo y sí se verán afectados por el aumento en los impuestos al consumo.
La segunda consideración importante es que no hay evidencia contundente de que el gasto en pobreza es eficiente para reducir los índices de pobreza. Si se compara el gasto en oportunidades (en 2000 este programa se llamaba PROGRESA) y los programas de abasto alimentarios, notamos que no hay una correlación inversa proporcional entre gasto y pobreza. Es decir, aunque el gasto para abatir la pobreza aumenta a lo largo del tiempo, los niveles de pobreza no disminuyeron proporcionalmente, de hecho aumentaron entre 2006 y 2008.
Gráfica 1. Número de pobres vs. Gasto para el combate de la pobreza
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos de CONEVAL y cuenta pública 2000, 2006, 2008.
Si bien Oportunidades ha logrado algunos objetivos relacionados con el mejoramiento de las condiciones de salud, educación y nutrición de la población en pobreza extrema, también existe evidencia sobre los efectos de dependencia que genera en los beneficiarios. A lo largo del actual sexenio, ha sido casi cinco veces mayor el número de altas al programa que el de bajas definitivas. De enero de 2007 a agosto de 2009 se reportaron un promedio de 35,811 altas al programa mientras las bajas definitivas sólo acumulaban en promedio 7,574.
El 60% de los casos de baja definitiva se debe a que la familia beneficiaria ya no cumple con los criterios de elegibilidad del programa; mientras que 35% son resultado de la conclusión del ciclo en esquema diferenciado de apoyos. A pesar de la gran mayoría de las bajas definitivas señalan que sí hay familias que logran dejar el perfil de beneficiarias, los números absolutos son minúsculos. En promedio son 4,534 familias las que durante el sexenio se despojan del perfil de beneficiarias, apenas la tercera parte de aquellas familias que fueron dadas de baja indefinidamente del programa por haber incumplido con los controles de salud (13,588 familias) [1]
Es importante notar que los criterios que identifican o descartan a una familia como potencial beneficiaria de Oportunidades no consideran la sustentabilidad económica del hogar. De acuerdo a las reglas de operación la focalización se realiza por dos métodos: se realiza una primera selección de familias en pobreza extrema al considerar a aquellas cuyo ingreso reportado es menor al precio de la canasta alimentaria básica. Posteriormente, se corrobora la condición de pobreza extrema haciendo un análisis de discriminación que considera factores diferentes al ingreso, tales como características de la vivienda, escolaridad, alfabetismo, uso de lengua indígena, posesión de bienes electrodomésticos, etc. A pesar de la rigurosidad de la focalización, ésta no permite identificar si las personas cuyo ingreso apenas rebasa el precio de la canasta básica podrán mantener su ingreso en el corto, mediano y largo plazo. La focalización tampoco contempla factores de riesgo por lo que se torna indiferente ante las posibilidades de que las familias caigan o recaigan en los niveles de pobreza extrema.
La dependencia de las familias a los beneficios del programa se debe en buena parte a que éstas no cuentan con apoyos suficientes de esquemas o programas para generar opciones de ingreso. Mientras Oportunidades ha recibido cuantiosos recursos a lo largo del tiempo, los programas de empleo para población en condiciones de pobreza cuentan con pequeñas asignaciones presupuestarias.
El PPEF de 2010 no muestra cambios contundentes en esta tendencia: los programas de la SEDESOL dirigidos a la generación de empleo representan apenas 4% del presupuesto programático de la dependencia, mientras que los programas de desarrollo de capacidades representan el 58%.
Esta propuesta no puede considerarse una estrategia sustentable para abatir la pobreza ya que los mecanismos propuestos no están comprobados en la disminución de ésta, además de no cubrir a toda la población que será afectada negativamente por el nuevo gravamen. Como todo impuesto, causa distorsiones en el consumo y no es conducente a la reactivación de la economía, elemento necesario para disminuir los niveles de pobreza de cualquier país. El impacto de este gravamen, aunque en primera instancia parecería afectar a todos los consumidores por igual, perjudicará más a aquellos en los primeros deciles. Esto se debe a que un aumento, aunque fuere marginal, afecta más a aquellos con menor ingreso disponible.
Es particularmente inaceptable la introducción de un gravamen de este tipo si consideramos las ineficiencias en el sistema recaudatorio. Por ejemplo, solamente en el primer semestre de 2009, los créditos fiscales sumaron aproximadamente 400 mil millones de pesos, de los cuales, 119 se consideraron de baja probabilidad de cobro. No obstante, aún no existen propuestas para atender estas ineficiencias. En suma, un impuesto adicional con las características y provisiones redistributivas propuestas por el ejecutivo no es una solución al problema del incremento de la pobreza ni una fuente eficiente para aumentar la recaudación.
Bajará gasto público en salud para 2010
A pesar del incremento sostenido del gasto en salud, la “movilización de recursos públicos” que se planteó en el Plan Nacional de Salud es pequeña debido a la precariedad de los mismos. Puede observarse que el gasto propuesto en el PEF 2010 en el ramo 12 y el FASSA que será empleado para atender la salud de más de 50 millones de personas, representa apenas 4% del Gasto Neto Total (gráfica 1).
Gráfica 1. Gasto del Ramo 12 Salud como porcentaje del gasto neto total 2001-2010
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2008, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Para 2010, el ejecutivo federal propuso un presupuesto de 142,463.7 millones de pesos para la atención de la salud de la población sin seguridad social, que incluye a los afiliados al seguro popular así como a los no afiliados. Este presupuesto que corresponde al ramo 12 y al FASSA del ramo 33, representa un incremento del 1.7% en términos reales con relación a 2009. Sin embrago, a pesar de este aumento en recursos, el desglose del PPEF 2010 revela profundas contradicciones en cuanto a los recursos asignados a este rubro.
Una de las contradicciones más preocupantes radica en la reducción de los subsidios a la atención en salud, a pesar de que en la exposición de motivos se consideran como “gastos ineludibles” al ser recursos destinados a dar servicio a las personas afiliadas durante 2009 a diversos programas sociales dentro de los que destaca el Seguro Popular. Sobresale en particular el presupuesto destinado a entidades federativas por concepto de subsidios y la reducción del casi 50% en el gasto de inversión.
Tabla 1. Presupuesto Ramo 12, 2009 y 2010
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con el PEF 2009 y PPEF 2010
El recorte a los subsidios para las entidades federativas tendrá severos impactos en los estados más pobres, los cuales dependen de dichas transferencias para la provisión de servicios de salud. Chiapas, Guerrero y Tlaxcala, estados que registraron el mayor porcentaje de subsidios en el PEF 2009.
Por otro lado, también se tiene registro en el PPEF de una importante disminución en el gasto de inversión, lo que en términos prácticos se traduciría en la falta de infraestructura para los servicios de salud que de por sí es precaria. Esto no sólo agravará el difícil acceso a la atención en salud de los sectores más vulnerables, sino que contradice el discurso oficial que pregona el desarrollo de infraestructura como una de las medidas de reactivación económica.
En este sentido, también debe denunciarse la disminución de subsidios destinados al Seguro Popular. En el año 2009 el SP tuvo un presupuesto total de $41,368,161,540 provenientes de subsidios. De acuerdo con la propuesta para el año 2010, el presupuesto se compone de la siguiente manera:
Tabla 2. Gasto total Seguro Popular según el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2010
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Con lo anterior, queda claro que el Seguro Popular, que se erige como uno de los programas prioritarios para el desarrollo social, difícilmente contará con recursos suficientes que permitan garantizar que los ya beneficiarios puedan acceder a las intervenciones y medicamentos ofrecidos por el esquema. Esto seguirá prolongando el contexto anteriormente descrito, en el que los usuarios de los servicios públicos de salud buscarán atenderse en el sector privado y por consiguiente, realizarán gastos potencialmente catastróficos.
Tabla 3. Subsidios al Seguro Popular comparativo entre 2009 y 2010
Fuente: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Con lo anterior, cabe preguntarse si el objetivo cuatro dentro del Programa Nacional de Salud 2007-2012 “Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud” cuyas metas estratégicas de disminuir el gasto de bolsillo en 44% y la proporción de hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud [2] en 10% pueda cumplirse en la realidad.
Aprobar el presupuesto para salud tal como está planteado en el PPEF tendría consecuencias desastrosas en el ámbito económico, pero sobre todo en el plano social. Se tiene registro que en periodos financieros arduos aumentan las muertes y enfermedades en grupos vulnerables. Por ejemplo, la crisis financiera de 1995 dio lugar a unas 7 mil muertes adicionales en niños y jóvenes y a 20 mil más en ancianos[3]. Frente a este hecho, ¿qué podemos esperar en estos tiempos en que se sabe que la actual crisis supera por mucho a la de la década pasada y en los cuales se espera un recrudecimiento de la epidemia de la influenza humana para el periodo invernal?
Los recursos propuestos por el ejecutivo son claramente insuficientes para enfrentar las necesidades sanitarias de una población cada vez más en posición de vulnerabilidad y de un sector de por sí endeble. Por una parte, la desinversión en salud provocará, inevitablemente, la persistencia del gasto de bolsillo, afectando a las y los mexicanos más desfavorecidos. Por otra parte, es previsible que la crisis económica presione de manera inédita al sector: la pérdida de empleos y por lo tanto de seguridad médica y social, incrementará la demanda por los servicios públicos de salud que hoy por hoy son incapaces de responder a las exigencias de la difícil coyuntura.
Mortalidad materna y el Seguro Popular
En el Proyecto del PEF 2010 se incluyó el programa presupuestario Reducción de la mortalidad materna dadas las altas cifras de mortalidad materna en México propiciadas por las precarias condiciones económicas, de desarrollo y de servicios de salud existentes. Este hecho se agrava si tomamos en cuenta que son sabidos los procedimientos científicos, las variables de género y de multiculturalidad que inciden en su oportuna y resolutiva atención. El que los fallecimientos durante el embarazo, el parto y el puerperio -42 días posteriores al parto- se concentren en mujeres pobres, habitantes de zonas de alta y muy alta marginalidad, preferentemente indígenas, afro descendientes o urbano-marginales, da cuenta de que dicho problema es el reflejo de una profunda e injusta desigualdad social. No sólo eso, deja también al descubierto las fallas de un sistema de salud y sus respectivas redes de atención.
La muerte materna es la Meta del Milenio a la cual México se comprometió[4] que presenta más retrazo y dificultades en su cumplimiento. Ante ese panorama, la actual administración federal recompuso su compromiso de reducirla puntualmente hasta el término de su periodo en el año 2012.
En ese contexto se explica que se etiqueten recursos específicamente para atender la mortalidad materna. El proyecto establece un gasto de 259.5 millones de pesos asignados al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ramo 12); sin embargo, en ningún documento de los que componen el Paquete Económico 2010 se señala en qué se aplicarán estos recursos. Es factible suponer que se ubicará en el marco de fortalecer, desde el ámbito federal, el cumplimiento de la Estrategia Integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna anunciada en mayo pasado. Esta estrategia establece la atención universal de la mujer exclusivamente en situación de urgencia obstétrica, lo que se traduce en exigir atención en cualquier establecimiento del ISSSTE, IMSS o SSA, independientemente de la condición de afiliación o de derechohabiente[5]. Esta estrategia se suma a las múltiples acciones y estrategias destinadas a reducir la mortalidad materna presentadas desde el año 2007 a la fecha: Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, Embarazo Saludable (a través del Seguro Popular), Estrategia 100X100, y el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida 2007-2012.
Pese a esta serie de propuestas de intervención en salud, es preocupante que la última cifra publicada oficialmente refleje un aumento de las muertes maternas durante el año 2008: de una razón de un 55.6% en el año 2007, pasó a una razón de un 57% en el año 2008. Es decir, se registró un incremento de 1.4%, lo que se traduce en 1,115 mujeres fallecidas[6] por causas asociadas a diversos factores, entre los cuales uno de los fundamentales es la deficiente capacidad de respuesta satisfactoria y resolutiva de los servicios de salud ante complicaciones obstétricas —sobre todo para población abierta.
En esa perspectiva, el etiquetar estos recursos será insuficiente no sólo por lo bajo de la cantidad asignada, sino a la par se desatienden también aspectos estructurales en materia presupuestaria, como por ejemplo la concentración del gasto en el Seguro Popular y la carencia de indicadores tanto por entidad federativa como de calidad.
Gasto para infraestructura a través Fideicomiso de Protección Social en Salud
Adicionales al gasto en infraestructura física del ramo 12, por disposición del la Ley General de Salud, las graves deficiencias en el mantenimiento y creación de nueva infraestructura debieran ser financiadas con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, FPP, integrados en el Fideicomiso de Protección Social en Salud, creado en 2004, y que es administrado y operado por la Comisión de Protección Social en Salud.
En la Ley está previsto el desarrollo de la infraestructura usando los recursos del Seguro Popular y de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura[7]. Para ello, se creó la previsión presupuestal anual con una parte de los recursos que aportan tanto la federación como las entidades con la finalidad de resolver las deficiencias de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas en los estados de mayor marginalidad.
A partir de 2004, por disposición de la Ley General de Salud, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha incluido recursos para cubrir la parte federal correspondiente al Fondo de Previsión Presupuestal, los cuales aumentan anualmente en proporción al número de familias afiliadas al Seguro Popular.
No se ha invertido el presupuesto aprobado para infraestructura
En el periodo 2004 – 2009 se transfirieron al Fideicomiso[8] 7,913 millones de pesos destinados al Fondo de Previsión Presupuestal para cubrir las necesidades de infraestructura[9], sin embargo en el mismo periodo solamente egresaron 1,973 millones pesos , lo que significa que el 75% no fue invertido en los renglones aprobados por los Legisladores. El Fondo tiene un límite de anualidad presupuestal por ello “los recursos sin ejercer al cierre del año fiscal correspondientes a cualquiera de los tres rubros contenidos en la previsión presupuestal anual serán transferidos anualmente al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”[11].
Gráfica 3. Gasto infraestructura Fideicomiso de Protección Social en Salud 2004-2009
Nota: El presupuesto erogado en 2009 corresponde al período enero – junio.
Fuente: Secretaría de Salud, Documento elaborado para la atención al requerimiento de información con número de folio IFAI/000120042109, “Informe de Resultados al Primer Semestre de 2009”.
Si analizamos los datos del presupuesto destinado a inversión física y para la ampliación de infraestructura sanitaria en zonas marginadas, puede concluirse que a contrapelo del discurso oficial no se observa voluntad política para enfrentar el importante rezago en infraestructura.
Tampoco existe un compromiso gubernamental para rendir cuentas sobre la gestión del gasto, no existe explicación pública sobre las razones por las cuales consistentemente se subejercen los recursos.
Finalmente, es de destacarse que la falta de infraestructura es una de las razones esgrimidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para explicar las deficiencias en la afiliación al Seguro Popular. En su informe del primer semestre de 2009 afirma que “es necesario considerar que aún se presentan desafíos en la afiliación de estos grupos en algunas entidades federativas: -por- Insuficiencia de infraestructura médica que cubra a toda la población que así lo solicite”.
Es reprobable que habiendo necesidades ingentes de infraestructura médica y habiendo recursos aprobados por los Diputados [12] no se apliquen para cubrir esas necesidades.
Recomendaciones
Por todo lo anterior, es urgente que no se apruebe ningún impuesto adicional, sobretodo aquellos que tienen impacto en la población más vulnerable. Antes de hacer eso, se debe hacer un uso eficiente de la recaudación y se deben reducir los créditos fiscales. En segundo lugar, es indispensable que los Legisladores incluyan las disposiciones que norman la operación del Sistema de Protección Social en Salud establecidas en el artículo 39 del Decreto del PEF 2010 para que, a través de la Comisión Nacional de Protección en Salud, la Secretaría del ramo:
I. Priorice la transferencia de recursos federales hacia proyectos de inversión en los municipios y estados con mayor marginación y carencia de infraestructura médica.
II. Apoye a las entidades federativas que tengan un mayor número de población marginada con recursos adicionales para que aumenten sustancialmente el número de familias afiliadas.
III. Transparencia y rendición de cuentas:
a. Difunda los criterios para la definición de las obras a financiar con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestaria, así como los Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para la autorización de desembolsos para el fortalecimiento de infraestructura.
b. Informe sobre los proyectos de obras e inversiones a realizarse con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestaria.
c. Informe sobre los ingresos acumulados, las aportaciones federales, los egresos, los egresos acumulados y el saldo neto del período del Fondo de Previsión Presupuestaria, del Fideicomiso de Protección Social en Salud. Dicha información deberá detallar el destino de los recursos por entidad federativa, centro, hospital o instituto así como la fecha de radicación de los fondos.
La información deberá ser publicada en las páginas de Internet de las Unidades de Protección Social en Salud en las entidades federativas, y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
IV. Incluya dentro de los indicadores de monitoreo y evaluación del Sistema de Protección Social en Salud dos indicadores: uno que permita evaluar el avance en la infraestructura médica de los proyectos de obras incluidos en el Plan Maestro de Infraestructura que emita la Secretaría de Salud; y otro que mida el impacto de los proyectos de obra concluidos en las carencias nacionales, estatales y municipales de infraestructura médica para una adecuada atención a la población.
V. Para el gasto etiquetado para mujeres:
a. Asignar recursos específicos a las distintas propuestas de atención para la mortalidad materna,b. Universalizar la atención en salud materna: la mortalidad materna en gran medida es el resultado último y más trágico de una deficiente atención en salud materna y de los servicios en salud reproductiva.
c. Transparentar el gasto asignado al Seguro Popular y vincularlo a indicadores de proceso en atención en salud.
