- Con su enfoque en control migratorio, el Programa Frontera Sur ha aumentado la vulnerabilidad de las personas migrantes frente a violaciones a sus derechos humanos.
- A pesar del trabajo de algunas Fiscalías Especializadas y de la CNDH, no hay un efectivo acceso a la justicia para los migrantes víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.
- El informe incluye recomendaciones concretas dirigidas a SEGOB, INM, PGR, COMAR y al gobierno de Estados Unidos.
En el informe “Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” hecho público hoy, las organizaciones participantes afirman que el Programa Frontera Sur (PFS)[1] ha aumentado de manera significativa los operativos de revisión migratoria, las detenciones y las deportaciones de migrantes. Esta intensificación de controles migratorios ha propiciado un aumento de violaciones a los derechos humanos contra migrantes. Se han documentado abusos en dichos operativos que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad. Además, las casas de migrantes siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y agresiones contra migrantes a lo largo del país.
Como el Instituto Nacional de Migración (INM) es el ejecutor principal del Programa, es claro que lejos de un programa de desarrollo, la estrategia es enfocada en acciones de control migratorio. El informe destaca que en 2014 el INM gastó el mayor presupuesto de su historia. Este aumento “va de la mano con el aumento en las detenciones de migrantes,” según destaca el informe.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido un apoyo político y financiero al gobierno de México para el control migratorio, especialmente después del aumento drástico en las llegadas de niños no acompañados y familias migrantes, la mayoría centroamericanos, a la frontera suroeste de los Estados Unidos. En 2014 se anunció que unos 86 millones de dólares habían sido entregados a México para actividades relacionados a la seguridad fronteriza en el sur de México como parte de la cooperación dentro de la Iniciativa Mérida, en 2015, se asignaron 79 millones para este mismo propósito.
El informe destaca que los esfuerzos del gobierno mexicano por fortalecer la protección a migrantes han quedado muy por debajo de sus necesidades. No existe todavía el acceso efectivo a la justicia para migrantes víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, a pesar de la creación de nuevas fiscalías especializadas. Además, hay una carencia de datos contundentes sobre la procuración de justicia para migrantes en México. Los datos más precisos vienen de la fiscalía especializada en Oaxaca[2], la cual reporta que, de las 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en una averiguación previa, mientras sólo cuatro resultaron en sentencias para los perpetradores.
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales son más accesibles para exigir justicia, según el informe “sus procedimientos y capacidades investigativas parecen poco ágiles y efectivos.” Es lamentable que de las 1 mil 617 quejas de violaciones a los derechos humanos contra migrantes recibidas por la CNDH del 1 de diciembre de 2012 hasta el 15 de junio de 2015[3], solamente cuatro resultaron en una recomendación formal a la institución señalada como responsable.
El informe también analiza por qué hay tantos refugiados potenciales en México y tan pocos refugiados reconocidos. Resalta que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), solamente tiene 15 oficiales de protección en todo el país para garantizar el acceso a la protección internacional para una población de más de 100 mil personas migrantes detenidas a lo largo de un año, y el presupuesto de aquel órgano no creció en términos reales entre los años 2014 y 2015.
Frente a este panorama, “Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” incluye recomendaciones concretas dirigidas a las dependencias responsables del gobierno mexicano como Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituta Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de la República (PGR), COMAR) y al gobierno de Estados Unidos.
El informe fue elaborado por un grupo de 9 organizaciones con presencia a lo largo y ancho de México y en Estados Unidos: la Casa del Migrante de Saltillo, Albergue Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para Migrantes, la Red Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera, Centro de Recursos para Migrantes y Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado), Un Mundo Una Nación, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
[1] http://bit.ly/1GQuKMM
[2] http://bit.ly/1ONFvSD
[3] http://bit.ly/1j49xmP
