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¿Para qué carajos queremos una reforma hacendaria?

La discusión sobre la reforma hacendaria está llegando a su etapa final. Como con pocos temas, cuando se habla de dinero (y más de dinero público) afloran las verdaderas posturas políticas de las personas y los grupos. Y en México, a diferencia de lo que parecería consecuente con los cánones ideológicos y de lo que ocurre en otros países, las posturas de los partidos políticos y de las personas que se identifican con la derecha y la izquierda, parecen ser poco consistentes a la hora de discutir como financiar al Estado.

Derechos humanos, igualdad y justicia En Fundar hicimos el ejercicio de estudiar la reforma y diferenciar lo que nos parece positivo, lo que necesita mejorar y lo que nos parece negativo. Partimos de la premisa de que un Estado requiere suficientes recursos para financiar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, lo que significa contar con la infraestructura, el personal y los servicios que pueden dar acceso de calidad, con oportunidad y a precios asequibles a todas las personas que lo requieran. La segunda premisa es que el régimen fiscal tiene que ser progresivo para poder construir una sociedad más justa. Un régimen progresivo es aquel en el que quienes más tienen pagan más; pero además, los impuestos pueden ser progresivos de manera absoluta (como ocurre con todos los impuestos universales porque los ricos consumen más que los pobres) y tendrían que ser progresivos de forma relativa. Es decir, que quienes más ganan paguen una proporción mayor de sus ingresos para cada impuesto.

En tercer lugar, partimos de que una reforma hacendaria de la magnitud de la que se propone requiere ponerse a discusión de todas y todos los ciudadanos interesados en ella. Para eso, el gobierno tendría que publicar la información sobre quiénes pagan qué y cuántos impuestos, qué excepciones existen y cuáles son las tasas de evasión y elusión, entre otra información con la cual tener una discusión cabal e informada.

De manera similar, una reforma hacendaria transparente implica que las discusiones y negociaciones que ocurren entre los distintos poderes y con grupos de la sociedad tienen que ser públicas y abiertas. Por último, una verdadera reforma hacendaria tendría que revisar la estructura de gasto y mejorar la eficiencia y eficacia de las erogaciones gubernamentales. Esta revisión, desde nuestro punto de vista, implica mejorar los programas presupuestarios que hoy no están vinculados con las necesidades de las personas y destinar el máximo de los recursos disponibles al cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Y esta restructuración del gasto público también requiere de información que habilite la participación ciudadana en el proceso y la rendición de cuentas sobre los resultados e impactos del uso de los recursos públicos. Los pros y los contras Entre lo positivo de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal están las modificaciones al régimen de consolidación fiscal, así como los impuestos a las bebidas azucaradas, a las ganancias de la bolsa, a los gases de efecto invernadero y los plaguicidas.

De igual forma, consideramos adecuada la eliminación de deducciones al pago del impuesto sobre la renta (ISR). Entre las cosas que podrían mejorarse están el aumento a la tasa de ISR para quienes ganan más de 500,000 pesos al año, de 30 a 32%. Se tendría que establecer una tasa escalonada para gravar a quienes ganan más de esa cantidad para hacerlo más progresivo. Comparado con otros países, México recauda muy poco por impuestos al ingreso y a las ganancias del capital: mientras que en promedio los países de la OCDE recaudaron 11.2% del PIB en 2010 (últimos datos disponibles), ese mismo año México recaudó apenas 5.2% del PIB por este tipo de impuestos.[1] Otra propuesta que podría mejorarse es el cobro de derechos sobre ingresos a la industria minera, de 7.5% y 0.5% extra cuando se trata de metales preciosos (oro, plata o platino). El 50% de dichos derechos será entregado a los municipios que presenten actividad minera, divididos según la productividad de cada uno para reparar afectaciones socioambientales de la actividad minera.

Mejorar esta propuesta implicaría cobrar los impuestos sobre los inventarios de las empresas a boca de mina y permitir la participación de las comunidades afectadas para decidir el destino de los recursos distribuidos a los municipios. Con lo que no estamos de acuerdo es con la eliminación de las exenciones del IVA a la venta de casas y a los intereses de hipotecas, ya que afecta a personas de ingresos medios y además no incorpora elementos de progresividad. Nos parece grave la propuesta de crear un fideicomiso para que administre los recursos que se obtengan bajo el régimen contractual de hidrocarburos y que los distribuya entre Pemex, la SHCP y los fondos de estabilización. Esta figura, que no existe en la historia del petróleo en México, es particularmente grave porque la ley protege con el secreto fiduciario los recursos destinados a fideicomisos y, por tanto, estos recursos públicos se administran sin el mismo nivel de información disponible para la rendición de cuentas. Al final, desde Fundar pensamos que la reforma pudo haber sido más ambiciosa. Según la Secretaría de Hacienda, se espera que la recaudación tributaria aumente en 3 puntos del PIB para el año 2018: de 10 a 13% del PIB (sin incluir ingresos petroleros).

Algunos especialistas habían sugerido que para cumplir con todos los compromisos del Pacto por México se necesitaba al menos aumentar la recaudación entre 7 y 10 puntos porcentuales del PIB. Consideramos que la reforma debió tener un efecto recaudatorio aún mayor para que el Estado pudiera contar con los recursos necesarios y cumplir con sus obligaciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Por: Diego de la Mora Maurer

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