Parlamento (semi) abierto y la aversión a colaborar

Parlamento (semi) abierto y la aversión a colaborar

No sirve mucho que un día se apoye el involucramiento ciudadano y, al otro, se cuestione al actor externo como si fuera un adversario político: eso es no entender la necesidad de cambiar la ‘política acostumbrada’ de las y los parlamentarios por una en donde los acuerdos trasciendan el mero cálculo de la conveniencia inmediata.

Parece que hablar de ‘Parlamento abierto’ se vuelve cada vez más popular. Sucede lo mismo en los estados, en el ámbito nacional y en otros países: las instituciones legislativas – asambleas, parlamentos, congresos – se refieren al término con más frecuencia y no dejan de presumir sus actividades y procesos haciendo referencia a la apertura institucional. En términos generales esto es buena noticia, excepto cuando se usa de manera superficial o incompleta.

Hay dos ejemplos muy recientes. El primero, en el Senado de la República, es el proceso de nombramiento del ‘Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción’. En noviembre de 2016, una vez que se emitió la convocatoria, varias organizaciones propusimos al Senado que dicho proceso incluyera la participación de un Comité de Acompañamiento para la evaluación independiente de quienes se postularon para el cargo.

Después de varios meses, las y los senadores convinieron varias disposiciones que, desde su perspectiva, cumplían con los pilares de transparencia y participación de Parlamento abierto, entre ellos, precisamente, la inclusión de un Comité de Acompañamiento Ciudadano. El resultado, hasta el momento – sin que haya todavía una decisión final – es del cuestionamiento del proceso, lo cual, en consecuencia, pone en entredicho la designación de la o el Fiscal Anticorrupción.

El segundo ejemplo es en el Congreso de Quintana Roo. El 22 de marzo se presentó la agenda legislativa, que se integra por las agendas de los grupos parlamentarios y los diputados independientes y, de manera notable, de propuestas ciudadanas que se recabaron mediante foros de consulta. No abundan casos en los que el Poder Legislativo decida incluir las demandas ciudadanas sin la mediación de las agendas de los partidos; por ello, este ejercicio debe monitorearse de cerca porque tiene el potencial de que el trabajo legislativo se vincule directamente con las inquietudes de la sociedad quintanarroense.

No obstante, habrá que seguir el desarrollo de esta agenda para analizar la forma en que se complementarían la ‘agenda ciudadana’ con la de los grupos parlamentarios e independientes. No hay, aparentemente, un acuerdo entre las y los integrantes del Congreso para dar cauce a esa agenda: no se sabe cómo se tramitarán las iniciativas, los puntos de acuerdo y las excitativas que surgieron de esa buena práctica, a la que deben darle continuidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias, es decir, discutir de manera transparente, abierta e incluyente.

Volver a hablar de la crisis de confianza y de legitimidad de las instituciones legislativas no es falta de creatividad: se trata de no dejar de subrayar la necesidad de que las y los representantes la tomen en serio y asuman con responsabilidad política las medidas necesarias para revertirla. Las encuestas más recientes muestran que diputados y senadores siguen reprobando en la confianza ciudadana: aunque sea un problema generalizado – hay otras instituciones que comparten el descrédito – esto no hace mejor la situación del Legislativo.

No sirve mucho que un día se apoye el involucramiento ciudadano y, al otro, se cuestione al actor externo como si fuera un adversario político: eso es no entender la necesidad de cambiar la ‘política acostumbrada’ de las y los parlamentarios por una en donde los acuerdos trasciendan el mero cálculo de la conveniencia inmediata.

El involucramiento de las y los ciudadanos en los asuntos públicos puede mejorar esas decisiones porque provee de insumos técnicos y analíticos que, de otra forma, probablemente no tendrían quienes son responsables de esas decisiones. Y, también – y tal vez, principalmente – porque contribuye a fortalecer la legitimidad de esas decisiones y, por tanto, su aceptación pública. Es decir que la influencia externa – en el análisis, la discusión y la aprobación de las leyes y decisiones legislativas – sí determina el valor del contenido porque no son sólo las y los integrantes de los grupos parlamentarios quienes deciden, sino otros con motivaciones y capacidades distintas.


[ Por Guillermo Ávila ]

[ Artículo en Animal Político ]


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