La semana pasada, el Senado de la República organizó, junto con el National Democratic Institute, Transparencia Mexicana y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la ‘Semana de la Transparencia y Parlamento Abierto’. El objetivo de este evento fue exponer públicamente la intención, compartida por el Senado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al monitoreo y estudio del Poder Legislativo en México, de abrir el Congreso; es decir, hacerlo más transparente, incluyente y participativo.
Podría parecer que el concepto “Parlamento Abierto” es sólo un neologismo: una ocurrencia que no corresponde con las necesidades verdaderas de la sociedad y que valdría más concentrarse en resolver otros problemas, como la pobreza, la corrupción o la desigualdad. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia se reconoce que el principio de representación popular es insuficiente para considerar que un régimen es verdaderamente democrático. En otras palabras: no basta ser elegido mediante elecciones sino apegarse a la ley y ser transparente, controlado e incluyente.
La experiencia histórica de trabajo con el Poder Legislativo nos permite notar la ausencia de mecanismos eficaces y confiables para conocer su desempeño y para incluir las inquietudes y aportaciones de la ciudadanía en las actividades parlamentarias; principalmente en el proceso legislativo. El desempeño parlamentario, en general, se evalúa negativamente porque el rol y las funciones de las y los representantes resultan estar muy alejados de las y los representados, y no parecen considerar sus opiniones, intereses y preocupaciones. Es cierto que hay espacios y momentos en los que sí hay intervención, principalmente de los grupos organizados de ciudadanas y ciudadanos —el proceso legislativo, en el Senado, de la reforma constitucional de transparencia es un ejemplo claro—, pero el grado de participación es variable: depende del tema que se debate, de los recursos que implica y de la forma en que se establece ese debate, entre otros. La misma variabilidad significa que no hay certeza sobre los alcances —aunque sí sobre los límites— de la participación en el trabajo parlamentario.
Las organizaciones que impulsamos la apertura parlamentaria consideramos que este conflicto puede comenzar a subsanarse mediante la implementación real de mecanismos de transparencia, participación y el uso estratégico de las tecnologías de información. Incluir estos elementos en los procesos de trabajo en los parlamentos contribuye a transitar hacia una democracia sustantiva en la que se ejerzan efectivamente los derechos políticos de las y los ciudadanos, y en la que existan instituciones públicas sensibles y responsables para una ciudadanía con necesidades, intereses y convicciones que deben ser satisfechas mediante un ejercicio democrático de gobierno.
La apertura de las instituciones públicas es inevitable. La transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de tecnologías no son únicamente tendencias internacionales o indicadores de catálogo de lo que debe ser una democracia. Se trata de elementos indispensables para que el desempeño institucional pueda conocerse ampliamente y se comunique eficazmente con el objetivo de que las y los ciudadanos tengan las herramientas para entender qué hacen sus gobiernos y sus representantes, los puedan evaluar y, eventualmente, sancionarlos.
Hay motivos innegables para que el Poder Legislativo rinda cuentas, sea transparente y abierto a la participación ciudadana. Las y los representantes populares deben desempeñar un rol estratégico en los esfuerzos por hacer a los gobiernos y los poderes más responsivos y responsables hacia la sociedad de la que deriva su mandato. Con la búsqueda de un Parlamento Abierto buscamos cambiar la relación entre representantes y representados, pero no como parte de un discurso antisistema que no reconoce la necesidad —y la inevitabilidad— de la existencia de la política como profesión. Más que la reivindicación del quehacer político, la apertura implica la posibilidad de establecer un vínculo de representación y mandato que permita asimilar las implicaciones de las decisiones públicas en el bienestar colectivo: que las y los ciudadanos podamos reconocer las consecuencias de reales de esas decisiones. Queremos trascender la creencia —en el sentido orteguiano— de que la política y los políticos se dedican únicamente a disputarse los espacios y recursos de poder, y retomar su sentido cívico: acomodar intereses y convicciones en conflicto para servir a lo colectivo.
Por: Guillermo Ávila
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