La regulación de la publicidad oficial es uno de los grandes pendientes que tiene el gobierno federal por cumplir. La falta de medidas reglamentarias en torno a la publicidad gubernamental genera opacidad en la información y autocensura en los medios de comunicación. Además de que afecta la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información.
En julio del año en curso, se cumplen tres años de que Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente, a través de un artículo para el diario Reforma, a regular la publicidad oficial, “impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”. Sin embargo, ese compromiso no se ha cumplido, lo que ha permitido que se siga gastando de manera desmedida en publicidad oficial como hoy da cuenta el informe “El gasto en Publicidad Oficial del Gobiernos Federal en 2014”, que analiza el gasto ejercido durante el 2014.
Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, los gastos en publicidad oficial se han incrementado. En 2013, la administración federal ejerció 48% más del presupuesto aprobado para ese año, que resultó en 4,785 millones de pesos (mpd), es decir 2,333 mdp adicionales. Mientras que para el 2014, cifras preliminares del sistema de Comunicación Social (COMSOC) indican que el gasto alcanzaría los 3,495 mdp ejercidos en publicidad gubernamental.
La asignación de recursos, de manera arbitraria, en la publicidad oficial genera una dependencia en los medios de comunicación de las entidades federativas. A pesar de ser un tema de suma relevancia es casi nula la visibilidad que se tiene al respecto. Más aún son pocos los avances que existen ante la necesidad de transparentar y regular la publicidad oficial.
Desde 2002, tanto el legislativo como el ejecutivo han impulsado más de una decena de proyectos de ley sobre la publicidad oficial, no obstante ninguno de estos ha sido discutido en el pleno. Lo mismo ocurrió en 2012, con el compromiso 95 del Pacto por México que indica la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisará la contratación de la publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
Con la reciente publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se vislumbra un avance en torno al tema. Se obliga a la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y al desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia. De manera específica, el artículo 70, en su párrafo XXIII contempla el deber de los sujetos obligados para que pongan a disposición del público toda la información actualizada y relacionada a los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial en sus respectivos portales electrónicos.
Si bien es un paso positivo, habrá que esperar a que finalice el plazo que dicta la ley, para saber si los sujetos obligados cumplieron con el acuerdo establecido.
Sin duda, el tema de la publicidad oficial es de gran importancia, carece de la visibilidad necesaria y los avances legislativos son insuficientes, esto impacta directamente en la democratización social. La gravedad radica en que no hay parámetros para la compra de espacio, ni fiscalización ni sanciones a quienes irrumpen con esas faltas administrativas. Se necesitan criterios de asignación que sean claros y no arbitrarios. Más allá de todo, se requiere que el gobierno cumpla con el compromiso de crear una instancia ciudadana y autónoma que se rija con una ley que regularice la publicidad oficial en el país.
