Las organizaciones de derechos humanos que litigamos casos como parte de nuestras estrategias jurídicas, hemos colocado como un elemento relevante de la coyuntura de 2015 la designación de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un afán por motivar cambios en la política pública –desde la sede judicial–, estas organizaciones promovemos el reconocimiento de derechos y buscamos ampliar los marcos para el ejercicio pleno de aquellos, a partir de la presentación de casos paradigmáticos. Se trata de sentar precedentes positivos en materia de protección y garantía –no sólo, pero principalmente– a partir de la interpretación y el fallo judicial.
Desde esta perspectiva, un elemento principal se encuentra depositado en la labor de las y los operadores de justicia en la medida en que su función es clave para impulsar y avanzar en la forma como se entiende y se comprende el derecho, y en la definición de estándares para la aplicación de los mismos. Aspectos en los que las y los ministros que integran este máximo Tribunal Constitucional juegan un rol primordial.
Actualmente nos encontramos en un momento de enorme trascendencia. La coyuntura por la que atraviesa la realidad del país aunada a las posibilidades que se recrean a partir de estos cambios, abre un espacio de oportunidad para aterrizar y concretar el contenido de importantes reformas constitucionales que han tenido lugar en los últimos años: justicia penal, derechos humanos, amparo, por mencionar algunas.
De ahí que si bien es cierto que para su designación habrá de salvaguardarse la pluralidad de opiniones en la composición de este colegio de ministros, el contexto en el que se inscribe la elección de tres de sus miembros no es un elemento menor. En este sentido, el proceso para su designación habría de prever la inclusión de criterios que garanticen la idoneidad y pertinencia –de cara a los retos del contexto y la posibilidad de consolidar las reformas citadas–; además de fortalecer la autonomía e independencia de este máximo Tribunal Constitucional.
Las designaciones públicas son procesos que realizan los poderes públicos (en este caso se llevarán a cabo como en otras ocasiones en la sede del Senado de la República) y que, para el caso de la SCJN, tendrán lugar:
- Durante el período de sesiones que se inaugura el 1 de febrero y concluye el 30 de abril de 2015 (un proceso que no estaba previsto y por medio del cual, se renovará el sitio que permanece vacante después del fallecimiento del ministro Sergio Valls);
- Durante el período de sesiones que se inaugura el 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2015 (con motivo de que dos de sus integrantes: la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza concluyen su período).
Es así como en el panorama del presente año tendrán lugar dichos procesos en los que se renovarán tres de los once integrantes. Lo cual implica un gran cambio y reacomodo en las posiciones y en la correlación de fuerzas al interior de la Corte y en donde –porque no decirlo así–, los derechos humanos son aún un campo en disputa donde a pesar de los pequeños avances, persisten las pulsiones por acotar o limitar sus alcances.[1]
[1] Si te interesa dar seguimiento y conocer más sobre estos y otros procesos, te invitamos a seguir a Designaciones Públicas, un observatorio ciudadano que tiene por objeto promover la transparencia, la publicidad y la participación ciudadana en estos procesos. Este observatorio se integra por Article19 y Fundar.
