A siete años de la modificación a la Ley General de Salud para implementar el Sistema de Protección en Salud (SPSS) se han incumplido las justificaciones centrales para su puesta en marcha. Es decir, no se ha disminuido el gasto de bolsillo que pauperizaba aún más a la población en pobreza, no se han aminorado las inequidades en el acceso ni la calidad de la atención entre los estados y tampoco se ha eliminado la disparidad en el financiamiento para salud entre las entidades federativas.
Un ejemplo contundente de la permanencia de esas brechas es el caso de la atención en salud para la salud sexual y reproductiva en general, y el de la mortalidad materna en particular. Según cifras de la propia Secretaría de Salud de febrero del 2009, las mujeres que son atendidas por embarazo, parto o puerperio, en Oaxaca tienen un riesgo de morir por estas causas 4.6 veces mayor que sus contrapartes de Tlaxcala. De igual manera, la dependencia señala que el riesgo de fallecer aumenta de 2 a 5 veces en las mujeres de 10 a 18 años; sin embargo, son prácticamente nulas las campañas de educación sexual o las del uso de anticonceptivos. Una investigación en Guerrero y Chiapas en los años 2008 y 2009 revela como paulatinamente año tras año los anticonceptivos son comprados a las farmacias Fénix, en lugar de hacer uso de la oferta de bajo costo que pone a disposición la Secretaría de Salud Federal a través de las llamadas compras consolidadas.
¿Por qué no se resuelve el problema de la mortalidad materna si a la fecha existen cuatro acciones de política pública propuestas desde el ámbito federal? Estas son:
1. Programa Arranque Parejo en la Vida
2. Estrategia 100×100
3. Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México
4. Embarazo Saludable
La respuesta es muy simple: porque todas las acciones carecen de presupuesto para su ejecución real. El esquema definido por la implementación del SPSS conlleva a que concentre la enorme mayoría del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, lo cual desdibuja los programas en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, los de salud materno – infantil (programa Arranque Parejo en la Vida), Planificación familiar y anticoncepción, Salud sexual y reproductiva para adolescentes, y Prevención y atención de la violencia familiar y de género.
Al momento de su implementación, los recursos del SPSS representaron 31.89% del total presupuestado para la Secretaría de Salud. Para 2010, constituyeron 59.22%, y para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2011 concentrará el 64.07% del Ramo 12 Salud. Es decir, bajo el SPSS se establecen grandes bolsas de dinero sin etiquetar, lo que contribuye a sostener las desigualdades en la atención en salud, particularmente en salud sexual y reproductiva. En otras palabras, la orientación del presupuesto queda sujeto a la voluntad política del o la gobernadora, que en muchos casos antepone su creencia religiosa o su ideología, lo que se traduce en la desatención de las diversas necesidades en salud sexual y reproductiva de las mujeres.
De esta forma, el SPSS se convierte en el principal canal de asignación de los recursos financieros para los servicios de salud de las entidades federativas, no sólo para dar cumplimiento al catálogo de intervenciones a los que tienen derecho sus afiliados. Esto se da en gran medida para sostener financieramente la operación de los servicios de salud.
Tal y como en la práctica funciona el sistema de salud para población sin seguridad social, es imposible que el modelo del Sistema de Protección Social en Salud sea un instrumento efectivo con que el Estado mexicano garantice el cumplimiento cabal ni al derecho de Toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos, ni el derecho de Toda persona a la protección de la salud, garantizados en el 4º Constitucional.
A la par de lo determinante de esta arquitectura financiera, se observa que son insuficientes los conocimientos científicos y espacios progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos al interior de la Secretaría de Salud. Esto se explica porque los intereses y los énfasis de la política pública en salud para población abierta no están centrados en el cumplimiento de derechos; por el contrario, la evidencia muestra una lógica economicista basada en el ejercicio del Sistema de Protección Social en Salud. Es por esta razón que urge una discusión amplia e incluyente de todos los sectores para repensar un nuevo paradigma de atención en salud; es urgente dado que se trata de una de las dinámicas de vida fundamentales en toda la población: la salud sexual y reproductiva.
*Para más información consultar la siguiente página web: Coalición por la Salud de las Mujeres.
Daniela Díaz
