Problemática
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), el 27% de la población femenina en el país ha vivido algún tipo de incidentes violento. Estos incidentes, según su clasificación, son de tipo emocional 73%, físico 16% sexual 7% y económico 4%. Lo anterior es una muestra de la preocupante situación que guardan en México las mujeres y lo importante de contar con presupuesto para la atención de la violencia familiar y de género.
El Estado Mexicano diseñó en 2007 el Programa de Acción Específico para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, a fin de fortalecer desde el sector salud la atención de mujeres que viven en situación de violencia con el propósito de reducir la carga de enfermedad asociada a la violencia y prevenirla a través la atención médica y psicológica especializada.
Este programa reconoce como principales problemas para la prevención y atención a la violencia: la baja detección temprana de violencia familiar y de género, insuficiente disponibilidad de servicios médicos y psicológicos especializados, nula promoción al derecho a una vida libre de violencia y la falta de atención integral con perspectiva de género. En 2013 el programa se fortaleció dirigiendo sus líneas de acción a impulsar la capacitación del personal de salud para la aplicación de procedimientos de detección, atención esencial y especializada, consejería y referencia; asegurar la disponibilidad de los insumos; situando la evaluación de la calidad de los servicios como una de las prioridades a atender, así como el acceso y disponibilidad de las mujeres de estos servicios.
En 2016 para la operación de este programa se transfirieron[1] a las 32 entidades federativas vía AFASPE[2] 254.8 millones de pesos. La distribución de estos recursos a las distintas entidades federativas muestra diferencias muy marcadas y actualmente no es posible conocer los criterios que permiten dispersar esta bolsa a los distintos estados. En primer lugar, Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Yucatán y Veracruz recibieron menos de 5 millones de pesos cada uno. Por otro lado, Chihuahua, Guerrero, la Cuidad de México, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas tuvieron una asignación entre 10 y 15 millones de pesos. Mientras tanto, el Estado de México fue la entidad que recibió el mayor presupuesto con 19.3 millones de pesos.
Es importante señalar que de acuerdo a la información contenida en el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 2016 (AFASPE 2016), los recursos para este programa se destinaron para: i) la atención directa de 2,017,725 mujeres en actividades de detección y atención de violencia severa; ii) la capacitación de 3,225 médicos (en promedio 140 médicos por estado, excepto Chiapas que su meta estatal fue la capacitación de sólo 30 médicos); iii) la formación de 888 grupos de reeducación de agresores (Guerrero realizó 48, mientras que Michoacán 16, por ejemplo); iv) 968 grupos de reeducación de víctimas; v) 484,254 pruebas de evaluación de riesgo, 7 campañas de promoción y difusión y 335 visitas de supervisión.
Propuesta
- Regular la obligatoriedad de la rendición de cuentas durante y después del ejercicio del presupuesto asignado al Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAE-PAVFyG). Es vital contar con una versión pública del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE)[3] que permita conocer tanto los informes trimestrales como el presupuesto asignado a cada meta.
- Regular la obligatoriedad de la evaluación de metas, indicadores de mediación del impacto de políticas de prevención de la violencia a partir de un enfoque de género y de derechos humanos.
- Se debe asegurar la autonomía de las entidades federativas para la toma de decisiones en los indicadores de resultados.
Elaborado por Matilde Perez
Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.
[1] La Secretaría de Hacienda y Crédito Público trasfiere los recursos a la Secretaría de Salud, Federal y ésta a su vez a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud de la misma dependencia. Dicha Subsecretaría lo hace a la Secretaría de Finanzas de la entidad y finalmente los recursos llegan a l Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Salud.
[2] El Convenio AFASPE es el instrumento de política pública implementado por el gobierno federal desde 2009, con la finalidad de evitar retrasos en la transferencia de recursos, facilitar el seguimiento de los programas, medir sus impactos, unificar la presentación de información, en resumen, lograr una mejora en la rendición de cuentas.
[3] El SIAFFASPE es una plataforma en línea, administrada por la Secretaría de Salud y en la cual las entidades federativas registran el ejercicio del gasto de diferentes fuentes de financiamiento: Programas Presupuestario del Ramo 12 Salud, Ramo 33-FASSA, Anexo IV del Sistema de Protección Social en Salud del Ramo 12 y aportaciones estatales; para los programas de acción específicos (PAE) y sus respectivas unidades responsables.
