Este miércoles se presentó la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial (titulado “El Costo de la Legitimidad. El uso de la publicidad en las entidades federativas“). Se trata de un esfuerzo conjunto entre Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ARTICLE 19 que demuestra de manera contundente que aún prevalece la discrecionalidad y la falta de transparencia en los gastos de comunicación social de los gobiernos estatales.
Los resultados son claros: durante el 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial. Si comparamos esta cifra con otros rubros de gasto prioritarios, el asunto se vuelve preocupante. Por ejemplo, este gasto representa casi el doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 mdp). De lo anterior surge una pregunta: ¿el gasto en comunicación social debe ser tan alto? La respuesta: probablemente no. A menos que existiera una urgencia a nivel nacional o estatal para informar a la población, existen gastos más relevantes.
El estudio revela también que la mayoría de los estados rebasa año con año su presupuesto aprobado para comunicación social. Tal es así que en 2011, el 40% (1,380 mdp) del total del gasto ejercido en 24 estados es un sobreejercicio. Es decir, corroboramos con tristeza algo que ya sabemos: en los estados falta control respecto al manejo y ejercicio de los recursos públicos. ¿Por qué cada quién hace lo que quiere en los gobiernos subnacionales? ¿Por qué si tenemos tantas necesidades se siguen permitiendo estos excesos en el país?
Hay otro tema grave: más de la mitad de los estados violan el derecho de acceso a la información y no proporcionan datos detallados sobre sus gastos en publicidad oficial. Sólo dos entidades, Colima y el estado de México, brindaron toda la información que se les requirió respecto a sus gastos en comunicación social. Hubo cinco estados que en 2012 de plano no dieron información alguna: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. Los argumentos más comunes para dar respuestas en sentido negativo son la reserva de información, la inexistencia de la misma o la petición de ir a la dependencia estatal por los datos en cuestión. ¿Trasladarse a cada estado por la información cuando existe Internet?
Definitivamente los gobernantes deben informar a los ciudadanos sobre sus acciones. De hecho, es una obligación y así lo establece la constitución bajo el principio de máxima publicidad en el artículo sexto. El problema es cuando se gasta dinero público en hacer propaganda o promocionar una imagen, ya sea de gobernantes o de partidos. Esto no es un gasto prioritario.
Ha habido algunos intentos por establecer la obligación de los gobiernos estatales de hacer pública la información relativa a publicidad oficial. Recientemente, con las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se incluyó que el presupuesto de egresos en todos los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal e incluso delegacional) debe contener la información sobre el gasto en comunicación social. Se trata de un avance; sin embargo, faltó establecer la necesidad de que la información sea desglosada y con un nivel de detalle suficiente.
Los gastos en publicidad oficial ocuparon los reflectores en la pasada elección presidencial. Tanto los gastos del candidato Enrique Peña Nieto como los de Andrés Manuel López Obrador fueron cuestionados. Tan importantes fueron las dimensiones del asunto, que incluso el ahora presidente se comprometió a regular los gastos en comunicación social. Este objetivo se estableció en el Pacto por México y lo que pretende es crear una instancia ciudadana autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios (Compromiso 95). Además, existen dos iniciativas en el Congreso, una del PAN y otra del PRD, cuyo propósito es regular este rubro.
Las malas prácticas estatales que niegan la información sobre los montos y detalles del gasto público no pueden continuar. Es solo a través de la transparencia y la claridad en las finanzas que se van a obtener mejores resultados en el quehacer gubernamental. No sólo queremos mejores obras públicas y servicios, también anhelamos un país más honesto y democrático. Es indispensable entonces que nuestros legisladores establezcan en las leyes la obligación de los gobiernos subnacionales de proporcionar información completa, oportuna y útil sobre todos sus gastos. Y una vez establecida la obligación legal, hay que exigirles que establezcan los mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La transparencia es el primer paso hacia una efectiva rendición de cuentas. Solamente así se puede garantizar que los gobiernos funcionen adecuadamente. La democracia se construye con información y debate, no con propaganda y simulación.
Liliana Ruiz Ortega
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