¿Qué falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione bien?

¿Qué falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione bien?

El Sistema Nacional Anticorrupción, enfrenta grandes pendientes que, de no atenderse pronto por los órganos legislativos, no permitirán su funcionamiento óptimo. En los últimos tres años se reformó nuestra Constitución, se aprobaron y modificaron siete leyes que en su conjunto buscan articular y hacer más eficientes los esfuerzos para combatir la corrupción.

De esas reformas surgió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un modelo innovador, en donde entidades públicas y la ciudadanía generaremos, de forma conjunta, soluciones para atender este fenómeno. Esta será la primera vez que los y las ciudadanas tendremos la oportunidad de hacer propuestas sustantivas para generar el cambio estructural que nuestro país necesita.

Como observamos día a día, la corrupción —a pequeña y gran escala— es un fenómeno recurrente en nuestro país. Tan solo en los últimos meses, de forma cada vez más frecuente, los medios de comunicación revelan historias de gobernadores que han vaciado las arcas de sus estados para beneficio personal, dejando a las administraciones sin recursos para operar programas y políticas.

La corrupción, además, es un fenómeno que nos preocupa mucho como sociedad. De acuerdo al INEGI, el 88% de la ciudadanía considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus estados, además de ser un grave problema que tiene altos costos sociales para todos nosotros. Por ejemplo, cuando los recursos públicos no se utilizan para el fin social al que fueron destinados —tal como la compra de medicinas o aparatos para tratamientos médicos— se pone en riesgo el derecho a la vida de las personas, uno de los derechos fundamentales más básicos.

De ahí, la importancia de que los mecanismos institucionales creados para combatir la corrupción funcionen y de que estemos atentos en el desarrollo del SNA para que los actos de corrupción se prevengan y, cuando ocurran, se castiguen.

Ya se ha comenzado a trabajar, ¿cuáles han sido los avances y los pendientes del SNA? Hasta ahora, tanto a nivel federal como local, ha habido progresos importantes en su conformación y consolidación. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), que preside las sesiones del Comité Coordinador del SNA, fue elegido desde principios de este año mediante un proceso abierto y transparente. Conformado por cinco ciudadanos y ciudadanas con experiencia y compromiso probado en el combate a la corrupción y de rendición de cuentas, el CPC reviste de mucha importancia pues representa las preocupaciones y los intereses de la ciudadanía.

SENADO/CUARTOSCURO
Jacqueline Peschard Mariscal es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro avance es que en algunos estados se han aprobado reformas legales para crear sistemas locales anticorrupción, que estructurarán los esfuerzos sobre esta materia a nivel local. De acuerdo al Semáforo Anticorrupción (creado por IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex) al 18 de mayo, 22 entidades habían reformado su constitución y 11 ya contaban con leyes locales anticorrupción. Esto significa que próximamente el modelo nacional se replicará en los estados y agencias públicas y comités ciudadanos comenzarán a trazar una ruta y estrategias para combatir la corrupción.

Lo que urge hacer

A pesar de estos dos avances, siguen quedando algunos pendientes importantes para que el SNA termine de consolidarse y pueda convertirse en esa promesa de cambio que tanto necesitamos.

Un primer pendiente tiene que ver con las designaciones de los titulares de algunas instancias clave del SNA. Por un lado, el nombramiento del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, la autoridad titular en la investigación persecución de los delitos de corrupción. Como han reclamado diversas organizaciones especialistas, su nombramiento debe venir acompañado de una reflexión profunda sobre un nuevo modelo de procuración de justicia desde la conformación de la Fiscalía General, necesario en nuestro país para que los delitos que se cometen, incluidos los de corrupción, se investiguen y persigan de forma adecuada y efectiva.

Por otro lado, también está pendiente la ratificación de los magistrados Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que serán los servidores públicos especializados para imponer las sanciones por la comisión de faltas administrativas relacionadas con actos de corrupción. Por la labor tan importante que realizarán tanto el Fiscal Anticorrupción como los magistrados anticorrupción, sus nombramientos deben realizarse con altos estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas para asegurar que lleguen las personas con mayor experiencia y conocimiento. Lamentablemente, a la fecha, estos procesos no han cumplido con estos estándares.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO
“De acuerdo al INEGI, el 88% de la ciudadanía considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus estados”.

Un tercer pendiente se relaciona con la aprobación y creación del resto de los sistemas locales anticorrupción en los estados, ya que estos también son pieza clave del SNA, que se creó como un modelo cooperativo, caracterizado por la coordinación de instancias en distintos niveles de gobierno. Por esta razón, es imperativo que se construyan los sistemas locales anticorrupción faltantes, pero no solamente por los órganos legislativos, sino de la mano de la sociedad interesada en las entidades. Solo de esta forma, estos nuevos sistemas nacerán con legitimidad y apoyo de la ciudadanía.

De hecho, una evaluación realizada por Fundar en 13 congresos locales respecto a cómo fueron los procesos de aprobación de los sistemas locales anticorrupción reveló que estas instancias aún no publican información relevante que pueda ayudar a la ciudadanía interesada a involucrarse en el proceso (dictámenes, iniciativas, actas de sesiones, etc.).

Dado que estos pendientes se encuentran en la cancha de los órganos legislativos —tanto federales como estatales— es fundamental que como sociedad demos seguimiento a estos procesos y exijamos a los y las legisladoras llevar a cabo las designaciones y reformas legales pendientes de forma abierta y participativa, a la altura de los cambios prometidos.

Finalmente, también es importante que, como ciudadanos y ciudadanas, nos acerquemos al trabajo del CPC, la cual será la instancia que nos represente en el sistema. Y que exijamos el cumplimiento de las funciones que deben ejercer las entidades que conforman el SNA pese a los faltantes.

Solo con una participación e involucramiento activo de la sociedad y con el compromiso de los actores políticos, el SNA podrá lograr cambios estructurales para combatir la corrupción.


[ Por Janet Oropeza y Sarahi Salvatierra ]

[ Artículo en Huffpost ]